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Banco Popular niega datos a Contraloría

Ente fiscalizador lleva tres meses realizando auditorías en la entidad Gerencia del banco niega información amparándose en el sigilo bancario María Antonia López [email protected] El presidente del Consejo Superior de la Contraloría General de la República (CGR), Guillermo Argüello Poessy, dijo que en el Banco Popular están alegando sigilo bancario para no proporcionar ciertas cuentas […]

  • Ente fiscalizador lleva tres meses realizando auditorías en la entidad
  • Gerencia del banco niega información amparándose en el sigilo bancario

María Antonia López [email protected]

El presidente del Consejo Superior de la Contraloría General de la República (CGR), Guillermo Argüello Poessy, dijo que en el Banco Popular están alegando sigilo bancario para no proporcionar ciertas cuentas al informe de auditoría que están haciendo para determinar las causas de la quiebra técnica y el cierre de la entidad financiera.

Argüello dijo: “por eso estamos esperando únicamente que se publique la reforma a esta Ley Orgánica de la Contraloría para solicitarles a las autoridades del Banco Popular a través de un juez que nos hagan entrega de la documentación que falta”.

La Ley ya fue aprobada por la Asamblea, se encuentra en la comisión de estilo, por eso no ha llegado al Ejecutivo para que sea sancionada.

Ottoniel Ruiz Armijo, presidente del Banco Popular, explicó que la CGR se encuentra en la entidad desde el 6 de junio analizando la situación del período 1992-1999.

Pero desde el mes de julio el Banco Popular contrató servicios para realizar una auditoría interna, la cual tiene acceso a todo tipo de documentos porque eso se establece en el contrato, ya que están en la obligación de cumplir con el sigilo bancario.

“La CGR tiene acceso a todos los documentos requeridos, no hay retención de documentos excepto lo que concierne a la cartera de clientes del BCP que no han pasado a proceso judicial”, indicó.

Ruiz Armijo, detalló que “cuando el cliente es requerido judicialmente, es a ese que la CGR puede tener acceso pero a la otra parte de la cartera no, aunque sí está siendo analizada por los auditores internos”.

Según el funcionario del Banco Popular, la CGR les ha requerido información sobre casos específicos que se tramitan en los juzgados y se les ha entregado la documentación necesaria.

Añadió que el informe de la Contraloría terminará cuando ellos lo decidan “pero a mi juicio ya lo han hecho”.

Sobre la posibilidad de que la información sea requerida mediante la vía judicial, Armijo dijo no estar de acuerdo con ese procedimiento porque “se asentaría un grave golpe al sistema financiero nacional y al mecanismo de sigilo bancario, volviéndolo vulnerable”.

RECUPERANDO CARTERA

El Banco de Crédito Popular podría dejar de existir a finales de año, período en el que se espera haber recuperado el mayor porcentaje de la cartera de crédito.

– Las autoridades del banco han señalado que la desaparición jurídica del banco (propiedad del Estado) debe ser mediante una ley aprobada por la Asamblea Nacional.

– A la fecha existen unos 8,000 clientes que tienen un promedio de deuda de 9,500 córdobas cada uno y hay 4,000 clientes que deben menos de 2,000 córdobas.

– En el proyecto de Ley de Autorización de venta de acciones del Banic y derogación de la Ley Orgánica del Banco de Crédito Popular, enviada por el Presidente Arnoldo Alemán a la Asamblea Nacional hace un par de semanas señala en el artículo 12 que el cierre del BCP se hará al finalizar la liquidación de activos y pasivos de la institución, la que no podrá exceder en un término mayor de un año de contado a partir de la entrada en vigencia de dicha ley.

– Los activos y pasivos que existieran al finalizar la liquidación se trasladarán al Estado por ministerio de ley.

– La junta liquidadora estará integrada por un representante del Ministerio de Hacienda, del Banco Central y un delegado de la Asociación de Bancos Privados.

– Hasta agosto, el banco había recuperado unos 50 millones de córdobas de una cartera total de 100 millones estimada al momento del cese de operaciones decretado a inicios de enero.  

Economía

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