- Reforma al Código Penal que establece delitos especiales contra funcionarios públicos es ignorada
- Fiscal Julio Centeno dice que no se puede aplicar la nueva ley a los reos detenidos por corrupción
José Adán Silva [email protected]
La Ley de Reforma y Adición al Código Penal de Nicaragua, donde se establece la tipificación de varios delitos estrechamente vinculados con actos de corrupción, permanece en el olvido, a pesar de haber entrado en vigencia desde hace 25 días, sin que ninguna de las instituciones que “luchan” contra la corrupción la apliquen a nuevas denuncias de hechos ilegales.
Desde el pasado 28 de junio, cuando salió publicada en La Gaceta, Diario Oficial, la mencionada Ley 419 está vigente sin que nadie recurra a ella, a pesar de que todos los días los medios de comunicación denuncian actos de corrupción o anomalías cometidas por funcionarios públicos.
En la Ley de Reformas y Adición al Código Penal de Nicaragua, se establecen sanciones especiales contra las personas vinculadas a actos de corrupción, quiebras bancarias y demás ilícitos en las esferas públicas.
La Ley 419, que fue aprobada en la Asamblea Nacional desde el pasado 5 de marzo, tipifica como delitos el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito, el soborno, las quiebras fraudulentas, la malversación de caudales públicos y otros.
La entrada en vigencia de esta Ley ha sido considerada por el experto penalista Sergio Cuarezma Terán, como “la oportunidad de oro” para que las instituciones apliquen la justicia sin ambigüedades.
“Ahora no hay excusas para que la Fiscalía no se sienta ofendida, ni para que la Procuraduría se dedique a denunciar sin acusar”, señaló Cuarezma.
FISCALIA “PASARA LA CUENTA”
Por su parte, el fiscal general Julio Centeno Gómez dijo que esta Ley, aunque haya entrado en vigencia, no se puede aplicar a los reos ya detenidos ni a funcionarios que hayan cometido estos delitos antes, “porque la ley no es retroactiva, a menos que favorezca al reo”.
Sin embargo, Centeno aseguró que una vez que la Fiscalía tenga la certeza de que un funcionario ha incurrido en actos delictivos que encajen en la nueva Ley, la aplicarán con todo rigor. “Pasaremos la cuenta, pero de manera legal”, dijo.
CONTRA “CAÑONAZOS”
La Ley de Reforma y Adición al Código Penal establece penas carcelarias para quienes cometan sobornos, conocidos popularmente como “cañonazos”.
Además, dice que si el funcionario implicado en el soborno es un procurador, fiscal, secretario judicial, juez o magistrado, la pena será de cinco a ocho años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo período.
Si este delito lo comete otro funcionario, la pena será de cinco a ocho años de cárcel. Igual se establecen penas de prisión contra quienes traten de sobornar a los funcionarios para que intercedan a favor de sí mismos, o de determinadas personas naturales o jurídicas.
ADIÓS “RECOMENDACIONES”
El artículo 421 de la mencionada ley dice que la autoridad, funcionario o empleado público que reciba u ofrezca cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo u otra persona o entidad allegada, a cambio de la realización de sus funciones públicas en beneficio propio, incurrirá en pena de prisión de cuatro a seis años, bajo el delito de tráfico de influencia.
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