¿La integración regional está en reversa?

Sin embargo, para que el proceso en cuestión no quede en el olvido, ha sido necesaria la intervención de la comunidad internacional. Tal es el caso específico de la Unión Europea, que ha logrado el más exitoso de los procesos integracionistas del mundo, como es sabido. El interés de los europeos se debe a que le han dado seguimiento al proceso de integración en Centroamérica y desea contribuir al fortalecimiento del mismo, partiendo de su propia experiencia. Además de que para fines de cooperación, e incluso de tratados de libre comercio, les resulta idóneo tratar con un solo bloque y no con pequeñas economías separadas. De hecho, Centroamérica es visto como tal, sólo que somos los centroamericanos los que no parecemos convencernos de ello.

Uno de los problemas mayores radica en la funcionalidad de los órganos mismos de la integración. Existe una suerte de derecho comunitario, conformado por los diversos instrumentos jurídicos, como protocolos, tratados y convenios, pero en la práctica, su capacidad de vinculación y cumplimiento es sumamente débil. Dos ejemplos claros de ello se presentan a través de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) y el Parlamento Centroamericano (Parlacen), dos de los órganos fundamentales para la marcha del proceso integracionista, estrechamente relacionados con el marco jurídico supranacional vigente. Sin embargo, su funcionalidad e importancia han sido seriamente cuestionadas y puestas en tela de duda, hasta el punto de calificárseles de inoperantes.

Hasta cierto punto, esta afirmación es cierta. ¿Pero son acaso los propios órganos únicamente los responsables de esta situación? Si se quiere que camine un verdadero proceso de integración regional, es necesario un Parlamento Centroamericano (Parlacen), eso no debe dejar lugar a dudas o discusiones. Igual sucede con la Corte Centroamericana de Justicia. Entonces, la solución no es clausurar dichos órganos de vital importancia, sería como descabezar todo el largo proceso que con mucho costo ha sobrevivido. En lugar de acercarnos a la meta, estaríamos retrocediendo enormemente. Es obligación de los gobiernos de la región no dejar caer este proceso. En lugar de propiciar un desmantelamiento, deberían buscar como fortalecerlo a conciencia. No bastan las cumbres presidenciales, si se pretende realmente una integración regional genuina. Si bien es cierto, la prioridad es resolver los problemas nacionales, no debe descuidarse esta visión, es necesario darle la importancia que merece.

Es verdad que estos órganos requieren de un presupuesto para funcionar y que son los países miembros los que lo garantizan, y por ello es sano cuestionar y exigir resultados. Pero no basta con eso, o simplemente resolver el problema anulando lo avanzado. Lo que es preciso hacer, es cambiar drásticamente la dinámica de dichas instituciones en la práctica y otorgarles la potestad y competencia real. Es así, como el Parlacen, por ejemplo, debe legislar y crear leyes que la Corte Centroamericana de Justicia debe hacer cumplir a cabalidad. Debe existir un marco jurídico realmente vinculante. Está comprobado que meras recomendaciones o resoluciones no aportan de manera significativa. O que en casos conocidos, los fallos de la Corte han sido abiertamente incumplidos. El desinterés es tal que ésta casi desaparece en la actualidad, cuando de los tres países que la conforman, uno de ellos anunció su retiro.

Pero además, es necesario que la sociedad civil de Centroamérica conozca con meridiana claridad sobre las funciones y actos de los órganos de la integración. Por desconocimiento o ignorancia sobre el tema, hay falta de interés y hasta rechazo, en algunos casos, hacia el proceso de integración. Esto ocurre sobre todo, cuando se interpreta como algo meramente comercial y se confunde con los tratados de libre comercio, como el TLC con Estados Unidos, donde incluso, las negociaciones no se dieron entre la potencia del norte y una Centroamérica monolítica, sino más bien dividida.

Es lógico que para que estos órganos funcionen como debe ser, es necesario depurarlos. Me refiero, por ejemplo, al caso de la inmunidad de los diputados o magistrados. En ningún caso, se deben utilizar dichas instituciones regionales para protegerse de cuentas pendientes o alcanzar intereses particulares, sino para servir al pueblo centroamericano para lo que fueron creadas. En el caso de los presidentes de los países miembros, es evidente que es contraproducente que pasen a ser diputados del Parlacen de manera automática cuando concluyen sus períodos. No hay que olvidar que “los padres de la Patria Grande” son elegidos por el pueblo en cada unas de las naciones parte, y eso debería respetarse. Este tipo de vicios es necesario eliminarlos.

En fin, considero que los órganos de la integración no deben desaparecer, al contrario, deben ser fortalecidos. En lugar de hacer que la integración regional retroceda, hay que hacerla avanzar de manera decidida y clara. Es decir, darle a los órganos de la integración las potestades que le competen. Creo que ha pasado el suficiente tiempo hacerlo. Pero que éstas, a la vez, sean regidas por una auténtica política de transparencia en todos los sentidos, donde la sociedad civil centroamericana se sienta bien representada y esté al tanto de todo cuanto se ejecute en el marco de la integración regional.

* El autor es funcionario Programa MECOVI/INEC