SAN SALVADOR/ AFP
Feligreses y activistas de organizaciones humanitarias marcharon ayer en San Salvador para solicitar al Estado que “pida perdón” por el asesinato del arzobispo Oscar Arnulfo Romero, cometido por escuadrones de la muerte de la ultraderecha el 24 de marzo de 1980.
“Pedimos que el Estado cumpla con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre las que figura que el Gobierno, en nombre del Estado y en forma pública, pida perdón por el magnicidio”, declaró la abogada de la Concertación Monseñor Romero, Leonor Artega.
La manifestación salió de la plaza El Salvador del Mundo, en el sector oeste de la capital, y concluyó en las proximidades de la casa de Gobierno, donde los activistas humanitarios entregaron una nota en la que plantean al presidente Mauricio Funes que considere el perdón público.
Los dos últimos gobiernos de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) se resistieron a cumplir el mandato de la CIDH.
En una resolución de hace nueve años, la CIDH ordenó al Estado salvadoreño realizar una investigación seria y profunda sobre el asesinato, una reparación moral a la familia y la anulación de la ley de amnistía.
Este jueves, durante la llamada “peregrinación”, los participantes coreaban consignas como: “Qué es lo que pedimos hoy: verdad y justicia”, “Por la justicia de monseñor Romero, peregrinamos hoy” y “No queremos monumentos al asesino de monseñor Romero: quítenlo ya”.
“El martirio de monseñor Romero no puede quedar impune y el Estado, para reivindicar su memoria, debe investigar el caso y pedir perdón”, declaró Alicia García, 65 años, activista del Comité de Madres de Asesinados y Desaparecidos que lleva el nombre del arzobispo.
Durante la guerra civil (1980-1992), García fue encarcelada y sufrió el asesinato de un hijo y la desaparición de dos hijos más.
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