Ban Ki-moon. LA PRENSA/AFP

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo hoy que espera que el acuerdo alcanzado para resolver la crisis política en Honduras ponga al país centroamericano en "el camino hacia la restauración plena del orden democrático y constitucional".

La portavoz de la ONU, Michele Montás, dijo que Ban se siente "alentado" por el acuerdo alcanzado en Tegucigalpa el jueves por la noche por el destituido presidente hondureño, Manuel Zelaya, y el Gobierno de facto de Roberto Micheletti.

Ban "tiene la esperanza de que Honduras esté ahora en el camino hacia la restauración plena del orden democrático y constitucional", agregó la fuente. Los delegados del presidente Zelaya, y de las autoridades de facto firmaron este jueves un acuerdo para poner fin a la crisis causada por el golpe de Estado del 28 de junio, apremiados por una misión de Estados Unidos que impulsó el acercamiento final.

El pacto suscrito establece que el Congreso Nacional debe decidir sobre la restitución de Zelaya y es uno de los 12 puntos de una propuesta del presidente de Costa Rica, óscar Arias, que estuvo en la negociación entre las dos partes desde el 7 de octubre.

El documento que engloba todos los acuerdos será firmado posiblemente el viernes, anunciaron miembros de ambas comisiones, que el jueves volvieron a la mesa de diálogo tras casi una semana de interrupción por desacuerdos sobre el regreso de Zelaya al poder.

El pacto general incluye el establecimiento de un Gobierno de reconciliación nacional, verificación internacional, una comisión de la verdad, el reconocimiento de las elecciones de noviembre, y el rechazo a una amnistía política y a una Asamblea Constituyente.

Zelaya fue expulsado de su país el pasado 28 de junio, después de que el Ejército lo sacara de su casa por la fuerza y lo trasladara a Costa Rica, tras mantener un grave enfrentamiento durante varios días con otros poderes del Estado. El depuesto jefe de Estado, quien el 21 de septiembre regresó a Honduras de forma clandestina, insistía en llevar a cabo una consulta popular con vistas a una reforma constitucional que, según sus detractores, le abriría el camino a la reelección, pese a que el Parlamento y el Tribunal Supremo la habían declarado ilegal.