A raíz del fraude electoral de noviembre del 2008, turbas orteguistas han impedido protestas de la oposición y han atacado a periodistas.
LA PRENSA / ARCHIVO / G. MIRANDA

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) acudirá esta mañana a una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que presentará una denuncia sobre los “casos más sensibles de violación a los derechos humanos en el país”.

El director ejecutivo del Cenidh, Bayardo Izabá, evitó referirse a los casos que serán denunciados, pero adelantó que en el último año los derechos humanos más violentados por las autoridades están relacionados con la libertad de expresión y el derecho de asociación, manifestación y concentración.

Por tanto, todos los hechos ocurridos en el país entre noviembre del 2008 y octubre del 2009, en que se ha comprobado la violación a esos derechos, serán presentados en la audiencia de hoy.

“Vamos a hablar de todos los casos y los hechos ocurridos que significan violación a esos derechos. Pero más allá de eso, queremos encontrar reacciones y acciones concretas de parte de la CIDH para resolver la situación de constantes violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y para evitar que esas situaciones se sigan repitiendo en el país”, explicó Izabá.

La audiencia es parte del 137 período de sesiones públicas de la CIDH, que es un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Izabá considera que Nicaragua, desde el año 1996, ha venido acumulando en esa organización “un récord negativo en materia de violación de los derechos políticos”, y el presidente Daniel Ortega se ha negado a negociar algunos casos con los afectados, como ha ordenado la CIDH.

Sofía Montenegro, periodista del Centro de Investigaciones de la Comunicación (Cinco) y dirigente del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), considera que en cuanto a las violaciones a la libertad de expresión, el Cenidh debe presentar una lista muy amplia de casos de agresiones físicas a periodistas y medios de comunicación, y de acciones legales que el Gobierno utiliza para restringir ese derecho.

Dice que la persecución que mantuvo por meses el gobierno del presidente Ortega contra Cinco, el periodista Carlos Fernando Chamorro y ella, debe ser parte de la denuncia.

También el hostigamiento gubernamental contra periodistas de LA PRENSA, El Nuevo Diario, Radio Darío de León, la destrucción de los equipos de esa radio y todos los atropellos que día a día se van acumulando, incluida la golpiza que dieron agentes de la Policía a la periodista Patricia Orozco el viernes pasado.

Montenegro espera que sea denunciada la política de los funcionarios públicos, de incumplir la obligación de rendir cuentas a la prensa nacional y a la ciudadanía y de proporcionar la información que se les pide.

“La lista es bastante grande, porque aquí se está tratando de silenciar a la prensa independiente, con el interés de silenciar la protesta, el malestar y las denuncias de la ciudadanía. Atacar a los medios y a los periodistas es intentar silenciar a la población”, afirmó Montenegro.

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