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Internacionales | martes 3 de noviembre 2009 Enjuician al Ășltimo dictador argentino
Reynaldo Begnone. BUENOS AIRES/ AP
La justicia argentina comenzó ayer el proceso contra el último dictador argentino, Reynaldo Bignone, y otros seis ex militares y un ex policía acusados de 56 casos de secuestros, torturas y asesinatos en Campo de Mayo.
Bignone está acusado de ser responsable de allanamientos ilegales, privaciones de la libertad y torturas cometidas entre 1976 y 1978 en distintas instalaciones de Campo de Mayo, una de las mayores guarniciones del Ejército. El ex-presidente militar, de 81 años, y quien cumple prisión preventiva domiciliaria, dio la orden en 1983 de destruir la documentación sobre violaciones a los derechos humanos cometidos en la última dictadura militar (1976-1983), según los informes oficiales.
Dentro del recinto donde se desarrolla el proceso judicial se encuentran familiares de los desaparecidos que portan letreros y fotos de sus seres queridos.
Una de las querellantes, Taty Almeida, dijo a la AP que el proceso judicial es un “logro y un momento histórico”.
“Lo mínimo que quisiéramos es cadena perpetua, es lo que corresponde por estos crímenes aberrantes”, dijo Almeida, quien afirma que perdió a su hijo Alejandro, de 20 años, en manos de los militares e integra la agrupación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. “Jamás perdonaremos y nunca nos reconciliaremos hasta que veamos al último enjuiciado”.
Se estima que la sentencia del juicio se dará a conocer en febrero próximo. El proceso contra los acusados se abrió en 2003 y ha tardado seis años en llegar a juicio oral, debido a distintas leyes e indultos que exculparon a los militares y que finalmente fueron anulados.
Bignone, quien fue presidente de facto entre 1982 y 1983, año en que traspasó el poder al mandatario elegido democráticamente Raúl Alfonsín, firmó la ley de amnistía para los implicados en desapariciones y homicidios, que después fue anulada por el Parlamento. Según cifras oficiales, unas 13,000 personas desaparecieron durante la dictadura, cifra que los organismos de derechos humanos ubican en 30,000.
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