El Cenidh transmitió en una videoconferencia la audiencia ante la CIDH a la que asistieron la presidenta y el abogado del Cenidh, Vilma Núñez y Mauro Ampié, respectivamente.
LA PRENSA/M. ESQUIVEL

El embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Denis Moncada Colindres, se negó ayer ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) a abordar la situación correspondiente al fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que avala la reelección para el presidente Daniel Ortega.

“Por principios son respetadas la división de poderes y no es muy adecuado que las resoluciones de los tribunales se sometan a las consideraciones de los organismos internacionales si no se ha agotado con (...) todos los procedimientos, todas las instancias y todas las dinámicas en esas resoluciones”, alegó Moncada.

El representante por Nicaragua ante la OEA tampoco pudo determinar una fecha para una visita al país, como insistió el Relator de País por la CIDH, Felipe González, así como de la Relatora para la Libertad de Expresión, Catalina Botero, pese a que reconoció ante la CIDH que desde hace más de un año el Gobierno de Ortega ha recibido la solicitud para la visita de González.

Moncada indicó que sigue pendiente la respuesta e igual trasladará la solicitud para la visita de Botero.

El alegato del representante de Nicaragua ocurrió como reacción a las críticas que efectuó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), a través de su presidenta Vilma Núñez y del abogado Mauro Ampié, durante la audiencia en el 37 período de sesiones de la CIDH, ante la cual ese organismo expuso el deterioro existente en cuanto a la libertad de expresión y derechos de manifestación y participación de los nicaragüenses, la cual fue transmitida en Managua a través de una videoconferencia desde Washington.

• No pasarían la inspección

  • La periodista y dirigente del Movimiento Autónomo de Mujeres, Sofía Montenegro, consideró que el representante del Gobierno de Nicaragua no definió fechas para una visita de los relatores de la CIDH debido a que “seguramente no pasarían la inspección”.
  Luisa Molina, de la Coordinadora Civil, expresó que el Gobierno no establece una fecha porque han violado los derechos humanos, especialmente los de las mujeres.
  
  Violeta Granera, del Movimiento Por Nicaragua, criticó que la representación del Gobierno haya argumentado que en el caso del fallo de la Sala Constitucional son decisiones soberanas de los poderes del Estado de Nicaragua, pues se contradice con la posición que tomó el Gobierno en el caso de Honduras.

• Otras menciones

  El Cenidh también resumió la situación que atenta contra la libertad de expresión en el país, como los daños a Radio Darío, en León; el cierre de Radio La Ley, en Sébaco; interferencias a radios “muy críticas”, como las radios Corporación y 15 de Septiembre. La no entrega de publicidad estatal y la aplicación de la llamada Ley Arce.

Núñez hizo especial énfasis en la rapidez con que fue emitido el fallo por parte de seis magistrados sandinistas que conformaban la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia el pasado 19 de octubre y el hecho de que aún se sigue esperando una resolución de la suspensión de la personería jurídica de los partidos políticos del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y Partido Conservador (PC), los que no podrán participar en las elecciones regionales y que están en riesgo de que tampoco participen en las presidenciales del 2011.

Sobre el fallo de la Sala Constitucional, Núñez dijo: “Desde el punto de vista jurídico es un golpe de Estado muy sui géneris (...) demuestra un atropello a la institucionalidad”, debido a que se arroga derechos que corresponden a la Asamblea Nacional.

Núñez reseñó diversas situaciones donde miembros de la sociedad civil han resultado agredidos por los llamados grupos de choque orteguistas.

“La violencia de estos grupos de choque es verdaderamente preocupante”, indicó Núñez, quien mencionó que “son grupos organizados desde el Gobierno, desde las instancias partidarias e integrados por miembros del Frente Sandinista, específicamente de la Juventud Sandinista, con trabajadores estatales que voluntariamente o no son incorporados a las mismas (...) cuando salen de las oficinas a la una de la tarde con uniformes de trabajo a hacer plantones con banderas que los identifican plenamente en las rotondas de Managua”, sostuvo Núñez.

A esto le agregó la presidenta del Cenidh la instrumentalización de la Policía en casos como los denunciados.

Sin embargo, Moncada indicó que “en Nicaragua no se reprime” y llegó al extremo de asegurar que lo que ocurre en Nicaragua es que hay intentos por desestabilizar y hasta derrocar al Gobierno de Ortega, con ayuda de fuerzas externas.

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