Cuestión de confianza

“No existe tiranía peor que la ejercida a la sombra de las leyes y con apariencias de justicia”.

Charles de Montesquieu.

 

 

La reciente discusión y posterior dictamen favorable por la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto del proyecto de Ley de Moratoria es un tema más serio de lo que parece ser.

 

No es mi propósito hacer un extenso análisis financiero o jurídico del proyecto de ley y sus impactos, sin embargo considero que vale la pena tomar en cuenta que al fijar una tasa de interés, el Estado se estaría extralimitando en sus funciones.

 

La historia ha demostrado que las consecuencias del control de precios pueden llegar a ser fatales para las finanzas de un país. No debemos olvidar que el dinero es un producto, que su mercado está en el Sistema Financiero y que su precio es la tasa de interés.

 

El efecto inmediato de una ley con estas condiciones será la clara afectación económica para aquellas Instituciones Financieras reguladas (como los bancos y financieras) o no reguladas (como las microfinancieras y ONG) que deberán reducir las tasas de interés por debajo del costo de capital. Lógicamente, no sería nada extraño que dichas instituciones tengan que disminuir su personal y recortar gastos, e incluso llegar a cerrar operaciones, aumentando el número de nicaragüenses desempleados.

 

En materia económica, el papel del Estado debe ser el de un regulador, no el de un interventor. Su función es la de velar por los intereses de toda la sociedad, encontrando la forma en que los fallos de mercado, como la asimetría en la información y los monopolios, se vean reducidos a una mínima expresión.

 

Las instituciones financieras cumplen un papel primordial en el desarrollo económico, ya que sirven de intermediarios. Por ejemplo, es difícil imaginar lo engorroso y la cantidad de tiempo que se necesitaría si cada vez que alguien desee obtener un crédito, tenga que negociar con un sinnúmero de personas distintos montos, plazos y tasas de interés con el fin de consolidar la suma necesaria para llevar a cabo su proyecto.

 

Más allá de estas repercusiones, se está minando la confianza, la cual incidentalmente es la base de cualquier relación financiera. Cuando una persona decide depositar una determinada suma de dinero en un banco, le está confiando quizás los ahorros de su vida, producto de años de esfuerzo, sacrificio y arduo trabajo. Se espera que el banco sea prudente con dicho dinero y que lo maneje de una forma adecuada, permitiendo al depositante recibir una utilidad.

 

Por otra parte, cuando el banco otorga un crédito es porque confía en el cliente que lo ha solicitado, esperando que cumpla con las condiciones establecidas en el contrato. Como podemos apreciar, en ninguna parte se toma en cuenta el actuar del Estado más allá de la supervisión.

 

El efecto no económico y al mismo tiempo más grave de una ley de este tipo será la crisis de confianza que generará entre las instituciones financieras y sus clientes. Se está sentando el precedente que con violencia y protestas incivilizadas, sin negociación y al amparo de los vaivenes políticos, se puedan cambiar las reglas del juego. Sería desastroso para el país y su ya desgastado clima de negocios que esta iniciativa prospere en el plenario de la Asamblea Nacional.

 

Las condiciones de otorgamiento de créditos por parte de ciertas instituciones quizás no han sido las más transparentes, pero sin un marco legal que las regule, esta aseveración se queda como un juicio moral y al criterio ético de cada uno de nosotros. Lo que no es aceptable desde ningún punto de vista es fomentar la cultura del no pago.

 

Si lo que se busca verdaderamente es promover una forma más justa en el otorgamiento de créditos por parte de las microfinancieras y ONG, la respuesta está en regular su actuar en forma integral, para evitar que existan abusos hacia los clientes, y no en intervenir el Sistema Financiero Nacional.

 

El autor es economista.

 

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