Clima de miedo amenaza a los ONG

 

 

El clima de miedo que impera entre la sociedad nicaragüense, generado por el gobierno del presidente Daniel Ortega Saavedra, podría poner en riesgo la permanencia de organizaciones y agencias de cooperación internacional, que financian proyectos dirigidos a fortalecer la participación ciudadana, la construcción de ciudadanía y la democracia, ya que sus contrapartes en el país tienen problema para ejecutar sus proyectos.

 

 

 

 

Toni Sandell, oficial de programa del Centro de Servicios de la Cooperación para el Desarrollo (Kepa), explica que existen parámetros de obligatorio cumplimento para garantizar que la cooperación se mantenga en el país, por lo que le preocupa el “ambiente de miedo” que impera entre la sociedad civil y sus organizaciones, ya que dificulta la ejecución de proyectos relacionados con el tema de gobernabilidad.

 

Menciona que Kepa no ha tenido ningún problema en el país y aclara que no puede hablar en nombre de las demás organizaciones. Señala además que organismos a los que financian, entre éstos la Coordinadora Civil (CC) y otros, han expresado abiertamente que existen amenazas y eso les preocupa, ya que pone en riesgo el trabajo y su permanencia en el país.

 

Eso porque si los proyectos que financian no siguen funcionando, su presencia no tiene razón de ser, ya que como organismo internacional no pueden tener incidencia directa en la población, porque la ley no se lo permite.

 

“Nuestra razón de existir aquí en Nicaragua es apoyar el trabajo de la sociedad civil. Si se pone imposible no hay nada que hacer, no podremos continuar”, advirtió Sandell.

 

Asimismo recordó que otros aspectos que podrían influir en los organismos internacionales al momento de decidir su permanencia en el país, son la decisión que tome el Gobierno con respecto al Manual de Control que pretendió implementar a principio de año y que ante la polémica que generó, decidió congelar hasta el mes de diciembre y las posibles reformas en la Ley 147, Ley General de las Personas Jurídicas sin Fines de Lucro.

 

“Hay ciertos procesos que se están llevando adelante para ver cómo se va ajustar la cooperación de organismos internacionales al trabajo del Gobierno. Se informó claramente con el manual único que hasta diciembre quedaba congelado el proceso, pero claro que nosotros estamos todo el tiempo al tanto porque en algún momento puede surgir de nuevo ese tipo de cosas”, reconoció Sandell.

 

El representante de Kepa aclara que no puede hablar en nombre del resto de organizaciones de ni de los países donantes, ya que no pertenece al Gobierno de Finlandia, sino a una organización de la sociedad civil. Reitera la importancia de “escuchar las señales desde la sociedad civil” y dice confiar en que en algún momento se concrete el sugerido diálogo entre la sociedad civil y el Gobierno.

 

“Para nosotros y desde nuestro punto de vista, es muy importante que se dialogue a lo interno. Nosotros no somos interlocutores, no estamos para hablar en nombre de alguien, pero queremos que haya una relación directa entre la sociedad civil nicaragüense y el Gobierno porque eso es fundamental para cualquier democracia. Eso estamos esperando y estamos viendo que hasta ahora no ha habido apertura”, lamentó Sandell.

 

Sandell participó ayer en el Foro Contribución de la Cooperación Internacional al Desarrollo y la Democracia en Tiempos de Crisis Económica, promovido por la Federación de Organismos No Gubernamentales de Nicaragua (FONG) con el apoyo de Trocaire, Kepa, MS América Central y el Instituto de Investigaciones y Gestión Social (Inges).

 

Julio López Miranda, presidente del FONG, expresó que el objetivo era debatir sobre la importancia de la cooperación, ya que hoy por hoy no hay ningún gobierno en el mundo que pueda resolver todos los problemas de su sociedad sin el apoyo de la sociedad civil.

 

Explicó que, aunque no tiene validez, si un grupo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia dijo que los artículos del preámbulo de la Constitución priman sobre el resto del articulado, ahí se establece que la cooperación es libre.

 

“Entonces, ¿por qué poner obstáculos a la cooperación? Es incomprensible”, afirmó y criticó que los elegidos como representantes, empleados o sirvientes de la sociedad civil se transformen en los que mandan. “Eso es una distorsión ideológica”, dijo López Miranda.

 

El guatemalteco Oscar Azmitia, director de la Asociación Latinoamericana de Organismos de Promoción al Desarrollo (ALOP), recordó que los gobiernos no pueden prohibir la participación de las organizaciones civiles en asuntos relacionados con la política de sus países, porque ése es un derecho humano fundamental que nadie les puede negar.

 

“Los ciudadanos tenemos derecho a participar en la política del país y el desarrollo de la construcción de la democracia. Es parte de nuestro rol como sociedad civil. No se necesita que ningún acuerdo lo establezca para que la sociedad civil pueda participar”, dijo Azmitia.

 

Azmitia considera riesgoso que en algunos países los gobiernos vean a la sociedad civil como un rival y traten de impedir su participación en procesos políticos, porque “en estos momentos de crisis económica, como en otros, la cooperación internacional sigue siendo una prioridad fundamental”.

 

Señala que ante la fuerte disminución de la cooperación como consecuencia de la crisis económica mundial y un panorama poco alentador, la sociedad civil debe buscar alternativas para evitar que la cooperación siga disminuyendo. Entre éstas, insistir ante los países ricos para que cumplan con el compromiso asumido en las Cumbres de París y Accra, de dar el 0.07 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) a la cooperación.

 

Por su parte, Irving Larios, director del Inges, considera que “el gobierno del presidente Daniel Ortega —que fue diseñado para excluir, imponer y ejecutar en medio de un modelo de partido único con un líder único, donde el rol de las organizaciones sociales es subordinarse a la línea—” ha logrado hacer daño a las organizaciones que quería perjudicar, porque dentro de la disminución provocada por la crisis económica, las más afectadas son las que ejecutan programas de incidencia política.

 

 

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