Nueva acusación contra Rodríguez

SAN JOSÉ / ACAN-EFE

 

El Ministerio Público de Costa Rica acusó al ex presidente Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002) por un caso relacionado con el pago de comisiones a funcionarios públicos por parte la reaseguradora inglesa PWS, que se convierte en la segunda causa en su contra.

 

La Fiscalía de Delitos Económicos presentó la acusación el viernes ante el Juzgado Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José, donde se decidirá si el caso va a juicio, informó ayer el diario La Nación .

 

El Ministerio Público le atribuye al ex presidente Rodríguez cinco delitos de peculado (desvío de recursos públicos), por supuestamente haber recibido 706,135 dólares de la reaseguradora londinense PWS, a través de una sociedad anónima en Panamá.

 

Este caso tiene que ver con presuntas irregularidades con la empresa intermediaria de seguros londinense PWS International, la cual habría llevado a cabo entre 1999 y 2002 pagos por valor de 2,1 millones de dólares a funcionarios del Instituto Nacional de Seguros (INS) y del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

 

Hasta 2005, PWS era la única empresa habilitada para colocar entre reaseguradoras una póliza que cubre todos los bienes del ICE, el monopolio estatal de telecomunicaciones y electricidad.

 

También fueron acusadas otras nueve personas, ente ellas el ex presidente del INS Cristóbal Zawadzki, a quien la Fiscalía atribuye haber recibido 770,126 dólares.

 

Ésta es la segunda acusación de peculado contra Rodríguez. La otra ya ha sido elevada a un juicio cuya fecha de inicio quedó fijada para el próximo 15 de febrero.

 

Ese juicio conocerá el caso llamado “ICE-Alcatel”, que se refiere al supuesto reparto de millonarias comisiones de una licitación de telefonía celular durante el Gobierno de Rodríguez, también ex-secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA).

 

El escándalo estalló en 2004, cuando la prensa local reveló que la firma francesa Alcatel había hecho pagos a funcionarios públicos para supuestamente asegurar la adjudicación de una licitación de telefonía celular con el ICE.

 

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