LA PRENSA/ARCHIVO

Con motivo de las elecciones municipales de noviembre del año recién pasado, lo que debió ser la culminación de una fiesta cívica se convirtió en el mayor fiasco electoral en nuestra historia, con la ejecución de un burdo y descarado fraude, que ha mantenido en vilo al país con lamentables consecuencias tanto nacional como internacionalmente, con un costo social y político difícil de predecir.

La contienda cívica había quedado atrás; la esperanza del liberalismo, unido esta vez en alianza para quizás así enmendar el error de haber ido separados a las elecciones del 2006, había sido frustrado, y la algarabía en barrios, comarcas y caseríos, que dicha unidad había provocado en la población liberal, fueron truncadas en muchos municipios, generando la desilusión política, que hoy día ha dado pie para reflexionar sobre la unidad ineludible tanto del liberalismo como de la oposición en general. El fraude cometido sería el resquebrajamiento de los valores democráticos, atraso en la economía, y la pérdida de confianza de la población en las instituciones del Estado. Esto ha dejado los siguientes puntos de consideración y reflexión:

I.— Todas las autoridades del CSE, iniciando por los magistrados, sin excepción alguna, deben cesar en sus funciones, luchando para ello en la Asamblea Nacional; deben ser sustituidos por personas comprometidas verdaderamente con el desarrollo democrático, social y económico de Nicaragua; sustituirlos por personas que tengan conciencia de la dignidad nacional y respeto hacia la memoria de los miles de nicaragüenses que durante la guerra civil de los ochenta entregaron sus vidas precisamente para que el resplandor de la democracia alumbrara a nuestra nación. Respeto por los padres y familiares de aquellos caídos y respeto también por los miles de lisiados de guerra, que en su momento lucharon por una causa justa.

II.— Se debe auditoriar en forma integral el padrón electoral, en muchos casos caduco, desactualizado, con revisión, análisis y estrecha vigilancia del sistema informático electoral, en donde los centros de cómputos, tanto municipales, departamentales y central, son relevantes el día de las elecciones.

III.— Hay que exigir de inmediato la conformación de una vigilancia nacional y extranjera para todo el proceso electoral, así como exigir que todos los nicaragüenses residentes en el exterior puedan votar.

IV.— Los liberales, debemos unirnos en forma patriótica, sin diques, ni tapujos, y de buena fe para que junto a los otros sectores democráticos se integre la gran alianza opositora, que incluya a todos, formando así el escudo protector para defender a capa y espada nuestros derechos ciudadanos, evitando un nuevo fraude electoral.

La pretensión reeleccionista de Ortega, que ha provocado la flagrante violación constitucional con el fallo antijurídico de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, debe llamar a los nicaragüenses a visualizar el futuro, ya que de todos es sabido que el presidente Ortega y el frentismo no logran mayor avance de popularidad, de acuerdo a indicadores de opinión pública y el querer competir en unas elecciones en estas condiciones, es también llevar la intención de otra estocada electoral que desde ya deben estar preparando.

VI.— La oposición fortalecida y organizada debe ir dejando los temores y cívicamente accionar en las calles, para evitar que un nuevo fraude traiga consecuencias funestas, que induzca a una parálisis total de nuestra maltrecha economía, un estallido social, pudiendo imbuir al país, muy lamentablemente, en una nueva guerra civil.

Queda para las futuras generaciones y la historia los hechos probatorios de un fraude que en Nicaragua nunca antes se había cometido; quedan las evidencias, las actas de escrutinio debidamente certificadas, en originales y decenas de copias, que habrán de ser el punto de referencia nacional, para cuando en el futuro inmediato o lejano, ciudadano alguno quiera darse cuenta, tocar, palpar aquellas pruebas patrióticas proporcionadas por fiscales heroicos que serán el reflejo imperecedero de que en el país hay personas capaces de defender la auténtica democracia aun a costa de su integridad física y que hay otros que han distorsionado la voluntad popular, burlándose inmisericordemente de un pueblo que suficiente e inútil sufrimiento ha tenido como consecuencia de una fracasada revolución.

Pasarán muchas generaciones y las pruebas allí estarán, con los nombres y apellidos de quienes fueron actores de tales actos dolosos, y que no fueron capaces, por lo menos, de reconocer tal craso error y enmendarlo, creyendo que el poder y los cargos públicos son eternos y pensando equivocadamente que la nación olvidaría este fraude, que ya ha sido recogido por la historia.

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