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Opinión | lunes 9 de noviembre 2009

Las consecuencias devastadoras del fraude

El fraude electoral que cometió el Consejo Supremo Electoral (CSE) de Daniel Ortega, en los comicios municipales del 9 de noviembre del año pasado, marcó el fin de la breve temporada de elecciones libres en Nicaragua y retrotrajo al país a la vieja era de los comicios fraudulentos.

 

Desde las elecciones del 25 de febrero de 1990, el proceso electoral había sido un medio básicamente confiable de participación ciudadana para el acto político trascendental de escoger gobernantes y representantes. Las diversas elecciones nacionales, regionales y municipales que se celebraron desde febrero de 1990 hasta noviembre de 2008, tuvieron fallas técnicas y defectos políticos, sin duda, pero eran problemas secundarios. En términos generales, en todas aquellas elecciones se respetó la voluntad de los ciudadanos manifestada en las urnas electorales.

 

Esa confianza terminó con el gigantesco fraude que el régimen orteguista perpetró en las elecciones municipales del 9 de noviembre del año pasado, hoy hace un año. La oposición ganó aquellas elecciones de manera amplia, evidente y contundente, pero el Consejo Supremo Electoral le adjudicó la gran mayoría de las alcaldías al perdedor FSLN, para apuntalar el poder dictatorial de Daniel Ortega.

 

El daño causado por el fraude electoral del año pasado es tan grande como irreparable. En lo económico el país perdió de inmediato por lo menos cien millones de dólares de financiamiento externo al déficit presupuestario, programas de desarrollo e inversiones para la reducción de la pobreza. Y seguirá perdiendo más recursos externos en los próximos años, mientras que la economía seguirá arruinándose porque Ortega pretende que la nación pague el costo de su fraude mediante medidas draconianas como la proyectada reforma tributaria.

 

Debido al fraude, la imagen de Nicaragua se ha vuelto a degradar ante la comunidad internacional, que ve al gobierno de Ortega como un ente despreciable y al pueblo nicaragüense como alguien digno de compasión. Y lo peor de todo es que la ciudadanía ha perdido la confianza en la institucionalidad del país, particularmente en el mecanismo electoral del Estado.

 

Ahora el pueblo de Nicaragua está dominado por una gran desconfianza en que las elecciones puedan servir para elegir libremente a las autoridades gubernamentales, cambiar y renovar a los gobernantes y pronunciarse mediante el voto sobre los distintos proyectos políticos y programas de gobierno.

 

Provocar esa gran desconfianza en el sistema electoral es lo que seguramente quería Daniel Ortega. En su plan para perpetuarse en el poder y apuntalar su dictadura, no sólo es muy importante mantener la división opositora, sino también promover la abstención que se deriva de la desconfianza de la gente en el mecanismo electoral, pues entre menos ciudadanos vayan a las urnas mayor es el porcentaje de la votación disciplinada y cautiva del orteguismo.

 

Pero el fraude electoral del año pasado también demostró, o volvió a enseñar, que la unidad de la oposición es absolutamente indispensable para enfrentar a la dictadura orteguista y derrotarla cuando llegue el momento oportuno. En realidad, Ortega y sus agentes en el Poder Electoral hicieron el gran fraude del año pasado, porque la oposición logró unirse para las elecciones municipales y volvió a derrotar, de hecho, a los candidatos del FSLN. Daniel Ortega hubiera preferido ganar las elecciones del año pasado sin necesidad de hacer un fraude tan grande, evidente y descarado, por el cual ha tenido que pagar un precio muy elevado, pero la unidad opositora prácticamente lo obligó a desenmascararse y robarse el voto popular.

 

De manera que la unidad es el factor clave de la estrategia opositora. La unidad de la oposición es la condición fundamental para enfrentar exitosamente y derrotar a Daniel Ortega en otras elecciones, en el caso de que se pudieran lograr cambios en el corrupto y desacreditado Poder Electoral, que haya observación independiente nacional y extranjera y otras garantías políticas y legales indispensables para un proceso electoral libre y transparente. Pero la unidad de la oposición y de todo el pueblo democrático, es también imperiosamente necesaria para derrotar a la dictadura de Daniel Ortega por otros medios. La revolución democrática pacífica no pasa únicamente por las urnas electorales, sino también y sobre todo por la movilización masiva de los ciudadanos. Precisamente así fue que ocurrió hace veinte años en la extinta República Democrática Alemana o Alemania comunista, cuando el pueblo derribó el Muro de Berlín y con éste se derrumbó también todo el sistema totalitario.