Así se robaron las elecciones municipales

El botín electoral

El fraude en la boca de los magistrados

 

Por Arlen Cerda

A un año del fraude cometido en las elecciones municipales del 2008 el panorama de la democracia es más sombrío en Nicaragua.

Con un sistema electoral colapsado en el que la gente no tiene confianza y escasas posibilidades de progreso con una administración que perdió el crédito de la cooperación internacional por aferrarse al robo de unas cuarenta alcaldías, el país también podría estar en el camino a unas elecciones generales más próximas de lo esperado, en el que el Frente Sandinista apostaría a un proceso organizado por las mismas autoridades que cometieron el fraude y en el que los candidatos serían los mismos que pactaron las condiciones que han conducido al país hasta este caos.

Además, contrario a la marcha que ha mantenido el partido de Gobierno en su meta a perpetuarse en el poder, la oposición persiste dividida y sin liderazgo.

Los resultados se perciben en cómo al gobernante Frente Sandinista le tomó un fin de semana que seis de sus magistrados le despejaran con una decisión amañada el camino a la reelección continua del presidente Daniel Ortega y sus 109 alcaldes -incluidos los de los cuarenta municipios robados-, mientras pasaron 359 días antes de que la oposición enviara a la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea la iniciativa de ley para declarar la nulidad de las elecciones.

Por si fuera poco, nueve días antes del primer aniversario del fraude se sepultaron las únicas posibilidades de conocer los resultados completos y detallados de las elecciones municipales, cuando los magistrados sandinistas de la Sala de los Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) mandaron engavetar una veintena de solicitudes de acceso a la información sobre estos pendientes, tras una sesión que fue convocada por un magistrado liberal.

La última carta que le queda ahora a la oposición es la elección de 23 funcionarios a quienes se les vencerán sus períodos el próximo año, entre ellos a los siete magistrados propietarios y los tres magistrados suplentes del Consejo Supremo Electoral (CSE).

EL SECUESTRO DE LA ESPERANZA

El académico y directivo del Movimiento por Nicaragua, Carlos Tünnermann Bernheim, no duda que la peor consecuencia que trajo el fraude fue la pérdida de la credibilidad en el sistema electoral entre una ciudadanía a la que se le irrespetó su voluntad y se le negó saber dónde están sus votos.

Dice que ante esto la respuesta de los ciudadanos puede ser la indiferencia hacia los procesos electorales posteriores y el riesgo de que otros busquen la solución por la vía de la violencia. Por eso es que espera que no haya reelección de ninguno de los magistrados, para restituir la confianza en el sistema electoral y advierte que éste debe ser un compromiso de la oposición con Nicaragua.

“Hay un reclamo (entre la sociedad civil) de que la oposición no ha sido lo suficientemente efectiva y firme. Ya es tiempo de que ahora sí demuestre esa firmeza”, exige Tünnermann.

ELECCIONES ANTES DE JUNIO

Pero el analista político Gabriel Álvarez cree que el Frente Sandinista no se arriesgará a participar en unas elecciones del 2011, organizadas por un nuevo Consejo Supremo Electoral (CSE) y por eso éste está buscando cómo adelantar una convocatoria para antes del próximo primero de junio, cuando se vencerá el período a los últimos ocho de diez magistrados electorales actuales.

Para Álvarez la búsqueda de esas condiciones está, por ejemplo, en el intento de reformar la ley de quórum de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la decisión de seis magistrados sandinistas a favor de la reelección de Daniel Ortega y los 109 alcaldes del partido de gobierno.

Las protestas universitarias y los ataques contra la embajada de los Estados Unidos que ocurrieron la semana antepasada también le parecen parte de una “crisis fabricada” por el FSLN. “¡Y cuidado! -agrega- la ley de nulidad de las elecciones puede ser la guinda del pastel, en el que el Ejecutivo estaría en crisis por una eventual anulación de los nombramientos de sus ministros y embajadores; el Consejo está deslegitimado con el fraude, la crisis permanente en la Corte (Suprema de Justicia).

De manera que ofrecen las elecciones como borrón y cuenta nueva, pero necesitan a este CSE”, advierte.

Álvarez supone que el PLC y el FSLN no se precipitarán con el reemplazo de los magistrados propietarios Luis Benavides (liberal) y Emmett Lang (sandinista), que son los primeros a los que se les vencerá su período en febrero.

Pero cree que la gravedad será en junio, cuando deban hacerlo con los otros cinco propietarios y los tres suplentes. Un momento para el que, según él, el PLC también estará listo con Arnoldo Alemán como su candidato, pues le llama la atención que éste está preparándose con elecciones primarias en los territorios, “como si tuviera a corto plazo una contienda electoral”, mientras todas las estructuras de los otros partidos están cuestionadas ante el tribunal electoral.

“Con otro Consejo los planes del FSLN no funcionarían, menos si hay unidad”, dice el analista que cree que los candidatos no serán otros que Ortega y Alemán, a quienes el proceso les será necesario para negociar un nuevo pacto. “Para ese mes, dice, o ya hubo elecciones, o se rompió el pacto o se ratifica el pacto”.

OBJETIVOS DEL MILENIO LEJANOS

A lo más inmediato y en lo económico, las consecuencias del fraude también se dejaron sentir con el anuncio del congelamiento y posterior suspensión del desembolso de 64 millones de dólares aún no contratados de la Cuenta Reto del Milenio (CRM) que servirían para la construcción de tres carreteras de la zona de León y Chinandega, la legalización de casi 40 mil parcelas de tierra, el barrido catastral de otras cien mil, el apoyo a más de mil 500 negocios rurales y la creación de unos 5 mil 730 empleos directos. 

También la comunidad europea que cooperaba con fondos de libre disponibilidad para el Presupuesto General de la República (PGR) mantiene congelado el desembolso de unos 65 millones de dólares (otros diez millones sí fueron desembolsados para educación), con un efecto tan devastador que el Gobierno -también en su empeño por no enterar la cooperación venezolana- debió reducir en tres ocasiones el PGR, hasta sumar un monto cercano a los 2 mil 742 millones de córdobas.

El economista Adolfo Acevedo añade con preocupación que en los próximos tres años la cooperación internacional se reducirá en un promedio de 200 millones de dólares por año y que esto dificultará el logro de los objetivos del milenio, incluyendo la meta de inversión en educación.

Para tratar de alimentar el Presupuesto, el Gobierno también insiste desde hace varios meses en la “necesidad” de una reforma tributaria que ha sido fustigada por pretender el aumento de los impuestos de la renta hasta a las pulperías y el cobro por los ahorros y las pensiones.

Sin embargo, Acevedo sostiene que ni aun cuando la reforma tributaria quedara como el Gobierno pretende, los 53 millones que recaudara no alcanzan a los 64 millones de dólares de cooperación de apoyo presupuestario suspendidos.

La oportunidad de la oposición también está ahora en lograr que coincidan las demandas económicas con el repudio al fraude y la reelección; en sí esta vez sus líderes y diputados darán la batalla que de ellos esperan quienes les dieron sus votos o si dejarán que Ortega y sus alcaldes gobiernen por siempre, como el Frente Sandinista pretende.