Este 9 de noviembre se cumplió en Nicaragua, un año del fraude electoral orquestado por el partido de gobierno en los comicios municipales, y el cual fue oficializado bajo la complicidad total del Consejo Supremo Electoral.

La que fue bautizada Operación Danto por los mismos partidarios del presidente Daniel Ortega, amañó en la noche del 9 y la madrugada del 10 de noviembre los resultados de las votaciones en cuarenta municipios del país, incluyendo Managua, León, Masaya y Jinotega, provocando que meses después la Unión Europea y Estados Unidos cancelaran ayudas presupuestarias y proyectos humanitarios por más de cien millones de dólares.

A pesar de la denuncia de organismos nacionales de observación electoral, del pronunciamiento de líderes políticos nicaragüenses, de algunas marchas populares disueltas a punta de represión política con disparos, machetazos, garrotazos y morterazos por parte de los grupos de choque del Gobierno y de los insistentes reclamos internacionales, tanto Ortega como el presidente del organismo electoral, Roberto Rivas, defendieron al unísono el resultado de las votaciones y reiteradamente descalificaron los cuestionamientos de irregularidades.

Ya desde hacía años se hablaba en Nicaragua de la especial amistad de estos personajes, porque tras asumir el poder en el 2007, Ortega nombró como embajador en Costa Rica a Harold Rivas, hermano del jerarca del CSE y quien hasta ahora ha logrado evadir señalamientos por la falta de declaración de su capital monetario y acusaciones de presunta corrupción.

Por eso, no llamó la atención de que minutos después de conocerse el fallo de seis magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes el pasado 19 de octubre pasaron sobre el artículo 147 de la Constitución de la República y allanaron el camino a la reelección de Ortega en los comicios presidenciales del 2011, Rivas fuera el primero en aceptar la rápida decisión porque “las resoluciones, nos gusten o no nos gusten, las tenemos que acatar”, dijo en esa oportunidad con tono serio.

Sin embargo, el compadrazgo entre Ortega y Rivas por fin quedó al descubierto. Hace unos días el periódico La Nación, de Costa Rica, reveló que dos hijos de Ortega viven en una mansión que Rivas tiene en San José, la cual está valorada en casi un millón de dólares y la que se le olvidó declarar ante la Contraloría General de la República de Nicaragua como parte de su patrimonio.

A un año del fraude electoral, con el cual se revirtió la voluntad popular de millones de nicaragüenses, queda claro que la ambición continuista de Ortega contará otra vez con el incondicional apoyo de Rivas en las elecciones del 2011 y que el “comandante” seguirá por varios años a la cabeza del Gobierno usando la demagogia como prédica social y el cinismo de disfrutar de un lujoso estilo de vida.

La falta de recato y el desparpajo son de tal magnitud en Nicaragua, que Ortega despacha sus asuntos oficiales desde su propia casa, tiene dos helicópteros nuevos valorados en ocho millones de dólares, una flotilla de lujosos vehículos y el monopolio del negocio petrolero entre Nicaragua y Venezuela, que al año deja unos 300 millones de dólares en ganancias.

Su hijo Juan Carlos Ortega Murillo, con 28 años de edad, es uno de los nuevos directivos de la cadena de televisión y empresa multinacional Telesur, que tiene su sede en Caracas, Venezuela. Además, maneja junto a sus hermanos el oficialista Canal 4 de Televisión y es propietario de Espacio Sur, una promotora cultural que también cuenta con un bar, ubicado en las cercanías del parque El Carmen, frente a la residencia del mandatario.

Su otro hijo Rafael Ortega Murillo ahora despacha en los terrenos de la Alcaldía de la capital, donde administra los múltiples negocios familiares, verifica lo que se publica en los boletines oficialistas El 19, El Pueblo Presidente y organiza la estructura del Departamento de Agitación y Propaganda del Gobierno.

Su otro hijo de 26 años, Laureano Facundo Ortega Murillo, estrena un puesto como asesor en el área de promoción de inversión para el sector turismo, en la agencia público-privada ProNicaragua.

Y no sólo la familia Ortega goza de ser ahora un poder económico y político. Los principales sindicalistas y diputados orteguistas diario reparten su horario de trabajo arengando contra los oligarcas, mientras compran empresas, mansiones en las zonas residenciales de Managua y terrenos en las mejores playas del Pacífico del país.

Tras doce meses del robo de miles de votos se puede apreciar que Ortega ha desmantelado las instituciones públicas judiciales, legislativas y electorales, manteniendo en puestos claves a funcionarios que actúan sin sonrojarse, con falta de escrúpulos y un evidente servilismo político que frecuentemente raya en la desfachatez.

Luego de trescientos sesenta y cinco días del robo de las elecciones municipales, Nicaragua tiene una oposición política desacreditada, vapuleada y sin rumbo, y a un Ortega beneficiado por pactos políticos con el ex presidente Arnoldo Alemán, que amenazan con evaporar la democracia y confiscar el futuro de la nación.

El autor es escritor nicaragüense

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