Bayardo Arce, el perdedor.
LA PRENSA/Archivo/ B. Picado

El Gobierno continúa “afinando” su nueva propuesta tributaria sin decidirse todavía por retirar el proyecto de ley que ya se encuentra en la Asamblea Nacional, informaron fuentes cercanas al Ejecutivo, quienes insistieron en los fuertes roces que existen entre los miembros del gabinete económico.

Bayardo Arce Castaño, autor del proyecto de ley, ha sido el gran perdedor en las negociaciones de la nueva propuesta de Ley, según indicaron fuentes privadas y de gobierno, razón por la cual asumió el mando de la reforma o ley tributaria el propio presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, quienes dirigieron una reunión con empresarios la semana pasada.

En este sentido el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, insistió en la necesidad de lograr el consenso para aprobar una nueva ley tributaria. “La posición del sector privado es que se tiene que dar una reforma parcial a la Ley de Equidad Fiscal y que a través de esa reforma parcial se dé este cierre de brecha (del presupuesto 2010)”, indicó Aguerri, después de una reunión de directiva del Cosep.

Según Aguerri, se está dialogando con el Gobierno en la búsqueda de acercar posiciones, aunque todavía al parecer no hay una posición definida sobre la suerte del proyecto de ley que está en la Asamblea.

“No hay ningún escenario que se haya descartado”, expresó el dirigente del gremio empresarial, quien insiste en cumplir con el compromiso establecido en el programa económico financiero del Gobierno acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que contempla el cierre de una brecha cercana a los 40 millones de dólares, es decir el 0.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) que se pretende obtener con la reforma.

“En ese aspecto lo único que señalamos es que nuevamente lo que hemos dicho en estos dos meses es que hay que empujar el tema del FMI, pero no a costa de las empresas, el empleo ni a costa del crecimiento económico. Que los nicaragüenses no salgan afectados ni perjudicados con una ley como la que se tenía propuesta”, expresó Aguerri.

ES POSIBLE APROBARLA EN DICIEMBRE

Pero el tiempo apremia y el Gobierno, tal y como la acordó con el FMI, tiene que aprobar una reforma o una ley tributaria que le justifique obtener recursos para cubrir una brecha faltante en el presupuesto del 2010, brecha provocada por el fraude electoral de hace un año que provocó el corte de la cooperación internacional.

Según la Ley de Presupuesto, el mismo debe ser aprobado a más tardar el 15 de diciembre de cada año, fecha en la que la Asamblea Nacional inicia el receso de fin de año. De no aprobarse, entra en vigencia al primero de enero.

Sin embargo este año las cosas son diferentes y para el FMI, según lo han expresado funcionarios de gobierno, tiene que quedar aprobado en diciembre, además de la aprobación de la ley tributaria. Esto ha generado una serie de negociaciones de última hora para recomponer la iniciativa.

De hecho, el proyecto que está en la Asamblea Nacional no cuenta con los votos suficientes para ser aprobado ya que ha sido rechazada por todos los sectores de la sociedad.

De forma que el sector privado podría haber acordado una reforma a la actual Ley de Equidad Fiscal que le permitiera al Gobierno obtener los 45 millones de dólares sin aplicar una nueva y traumática ley.

No obstante los tiempos en la Asamblea dependerán de la propuesta que lleve el Gobierno, según lo indicó Francisco Aguirre, diputado del Partido Liberal Constitucionalista y miembro de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto.

“Espero que haya negociaciones entre el Cosep y el Gobierno porque eso facilitaría el trámite que se le daría a esta cuestión (la propuesta de ley). Si esta ley no es retirada, podríamos tener un debate de una semana sólo sobre mociones”, explicó el legislador.

Sin embargo el camino podría no ser tan fácil como parece, según se desprende de las declaraciones de Aguirre, quien ve un problema serio sobre estas negociaciones.

“El problema más grande es el problema de la gobernabilidad y acá la contaminación de la cuestión económica por la crítica situación política que estamos viviendo es evidente”, expresó Aguirre.

Agregó que este ambiente tenso se está agudizando cada día más y esto también podría ponerle tensión a las discusiones en el Parlamento, aunque considera que si se logra el consenso entre el Gobierno y el Cosep, la propuesta de ley podría ser aprobada sin problemas antes del 15 de diciembre.

“De incorporarse esos cambios que no fueran a desincentivar a la inversión del país y que no le hiciera mayores trastornos, permitiría darle un trámite relativamente rápido”, indicó el diputado.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense, Róger Artega, aseguró que de haberse mantenido la cooperación internacional, a estas alturas no sería necesario estar buscando una nueva ley tributaria, cuyo costo recae como siempre en los sectores que pagan impuestos.

“Aquí la carga hay que distribuirla, no sólo clavarle al pueblo el costo de robarse las elecciones“, expresó Artega.

No obstante, sostiene que los 40 millones de dólares se pueden obtener de dos formas sin tener que gravar con más impuestos a la población.

Los primeros 20 millones por una reforma tributaria y los otros 20 millones a través de reducir el voluminoso gasto burocrático e improductivo de la administración estatal, explicó el también ex director general de Ingresos durante la administración de Enrique Bolaños.

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