Así quedó el sitio donde funcionaba un taller pirotécnico en Nandaime, donde murieron 12 personas hace tres años.
LA PRENSA/ Archivo/ B. PICADO

Han pasado tres años desde que ocurrió la tragedia, pero a Marlon Francisco Flores, de 27 años, aún se le forma un “torozón” en la garganta y no puede hablar cuando recuerda la trágica explosión en un taller artesanal de pólvora en Nandaime donde fallecieron 12 personas. Él es uno de los sobrevivientes.

“No me gusta estar recordando. Es doloroso”, se limita a decir Flores, mientras muestra los brazos marcados por las quemaduras.

Hoy se cumplen tres años del estallido del polvorín ocurrido en la Quinta Catalina, del barrio José Dolores Estrada, de esa localidad granadina. Ese día —recuerda Flores— “salí corriendo (...) ya me había agarrado el fuego”, dice mostrando los brazos. Él permaneció internado cerca de mes y medio en hospitales, tanto nacionales como de Estados Unidos, a la fecha sufre las secuelas, pues no puede exponerse al sol.

En ese momento se conoció que en la explosión resultaron 16 personas quemadas y un fallecido en el lugar, Elías Josué Áreas, de 21 años, quien al compactar un silbador provocó una chispa que hizo estallar unas 50 libras de pólvora, lo que llevó a que el taller explotara. Posteriormente fueron muriendo los quemados hasta completar las 12 víctimas.

Flores, junto con familiares de los fallecidos, acompañados por el alcalde de Nandaime, Raúl Acevedo, acudieron al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) a denunciar que al cumplir hoy tres años de la tragedia no han recibido ninguna indemnización y critican que la propietaria de la fábrica, Martha Ortiz, no ha cumplido presa los cuatro años de cárcel a los que fue sentenciada en los tribunales, pues supuestamente a los tres meses de la tragedia fue beneficiada con arresto domiciliar.

Jorge García, padre de Antonio David García, de 16 años, criticó que la justicia no hace nada. A su criterio, la dueña de la fábrica de pólvora “salió porque tiene dinero y pagó abogado”.

Señaló que la mayoría de los trabajadores que fallecieron eran adolescentes, pues los dueños contrataban a menores a quienes no aseguraban.

“No es que estamos vendiendo a nuestros hijos con su sangre, pero pedimos justicia”, manifestó García.

Argentina del Carmen Cortez, madre de Anielka Lucía Polanco Cortez, de 14 años, otra de las fallecidas, recordó que su hija tenía dos días de haber empezado a trabajar y por la jornada recibiría 220 córdobas a la semana.

Tras años después de la tragedia, la señora sostiene que “una de nosotras la miró a ella (a Martha Ortiz), vendiendo en el Oriental”.

Acevedo indicó que la municipalidad ha brindado apoyo a los familiares de las víctimas y aunque recordó que los 12 fallecidos “no tienen precio”, consideró que es necesario “que la justicia prevalezca en el país”.

“Sabemos que han habido otras maniobras para que ella (la propietaria del taller) esté en prisión preventiva”, manifestó.

El munícipe indicó que las familias de las víctimas son personas que no poseen medios “para revivir estos casos”, por eso la Alcaldía los ha respaldado en lo que puede, pero además el Concejo Municipal ha decidido seguir las gestiones hasta “llegar al fondo de los acontecimientos”.

Carlos Alberto Guadamuz, funcionario del Cenidh, dijo que le corresponde al Ministerio del Trabajo (Mitrab) tutelar este caso, que en su momento encontró responsabilidades laborales en contra de los propietarios de la fábrica, sobre todo porque las víctimas eran menores.

En su momento las autoridades de la Alcaldía de Nandaime aseguraron a periodistas locales que ignoraba la existencia de esa fábrica pues han buscado en los registros de la municipalidad y no aparece registrada.

Tras concluir el proceso investigativo de la Policía se conoció que en el informe remitido a la Fiscalía, Martha Ortiz y su compañero José Zelaya Sandoval fueron señalados como presuntos autores de varios delitos, entre los que destacó homicidio culposo, posesión y fabricación de pirotécnicos de forma ilegal, lesiones y exposición de personas al peligro.

Feliciano Areas Castillo, de 29 años, hermano de Pedro Joaquín Castillo, dueño de la vivienda donde funcionaba el taller de fuegos artificiales y socio de Ortiz, dijo a la Policía en su momento que la dueña y su cónyuge les proporcionaban toda la materia prima y ellos sólo elaboraban el producto.

En el mismo expediente aparece el testimonio de Areas Castillo a través del cual señala que “hace como tres años llegamos a la distribuidora de Martha Ortiz, en Managua, a ofrecerle nuestro producto, pero no le gustó porque dijo que traía producto de mayor calidad de Hondura y El Salvador, pero en enero de este año doña Martha Ortiz nos buscó”.

Y sigue diciendo: “En camiones mandaba etiquetas, cajas, papelería y nos mandaba el dinero para el pago de los trabajadores que elaboraban el producto (...) las cajas de estos productos tenían etiqueta salvadoreña, ya que la mujer las proporcionaba, así como la materia prima, nosotros sólo fabricábamos el producto”.

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