LIMA/EFE
- El Gobierno de Chile fue categórico al asegurar que “no espía”, tras las acusaciones de Perú de haber obtenido secretos de Estado sobre adquisición de armas de un suboficial de la Fuerza Aérea peruana.
“Somos serenos, pero también firmes, y Chile no tiene nada que ocultar”, enfatizó Tohá, que tuvo que enfrentar a los periodistas en la sede del Ejecutivo.
La ministra, que descartó que se vaya a llamar a consultas al embajador chileno en Lima, afirmó: “Hay que ser cauteloso. Chile está claro, además su trayectoria es muy conocida en el mundo entero de cómo no sólo predicamos el principio de transparencia, sino que también lo aplicamos”.
El senador Sergio Romero, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento chileno, criticó al Ejecutivo y al Ministerio de Relaciones Exteriores por la forma de enfrentar la situación con Perú y aseguró “que han llevado una actitud pasiva”.
“Yo creo que de verdad Perú está pasándose de la raya y estoy muy sorprendido de la actitud pasiva y simplemente observante que muestra la Cancillería y el Gobierno”, dijo.
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El Gobierno de Perú ratificó hoy el descubrimiento de una red de espionaje, en la que están implicados militares peruanos y ciudadanos chilenos, y quedó a la espera del regreso del presidente Alan García desde Singapur, para anunciar su posición oficial sobre el tema.
“Estoy adelantando 24 horas mi regreso para tener una información plena, adecuada, y poder expresarme desde dentro del Perú”, dijo García desde Singapur, quien, además, canceló una entrevista que tenía programada con la mandataria chilena, Michelle Bachelet.
En declaraciones a medios chilenos, el ministro de Defensa de Perú, Rafael Rey, recalcó ayer que el caso de espionaje, supuestamente financiado por Chile, está confirmado.
“Efectivamente se trata de un hecho de espionaje financiado por Chile aparentemente, según la declaración de él mismo (el implicado Víctor Ariza Mendoza, supuesto cabecilla de la red)”, indicó Rey.
Además, el Gobierno peruano llamó a consultas a su embajador en Santiago y el canciller peruano José García Belaúnde declaró que también canceló la visita que iba a hacer la próxima semana a Chile la ministra de la Producción, Mercedes Aráoz.
García Belaúnde señaló desde Singapur, donde asiste junto a García a la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), que el espionaje es un acto “inamistoso y ofensivo” para el Perú.
Sin embargo, el Gobierno chileno fue categórico en asegurar que Chile no espía, e indicó que cuando hay denuncias como éstas, los gobiernos tienen que ser prudentes y serios.
MEDIOS REVELAN DETALLES
El escándalo se desató cuando se conoció que el suboficial de la Fuerza Aérea Peruana (FAP), Víctor Ariza Mendoza, supuestamente entregó a Chile secretos de Estado que implican las adquisiciones militares programadas hasta 2021.
El suboficial, de 45 años, hizo en los últimos años “viajes triangulados” a Argentina y Chile para entregar esa información, según un reporte migratorio publicado por el diario El Comercio.
Aunque Ariza ya aceptó su responsabilidad, los investigadores peruanos tratan de determinar la cantidad exacta de información que supuestamente entregó, entre la que se menciona un plan institucional de la FAP hasta 2021, año del bicentenario de la independencia peruana.
En este plan se señalan las necesidades y proyecciones de la Fuerza Aérea en cuanto a personal, aeronaves, aspectos administrativos e instrucciones, según la publicación.
El suboficial también habría entregado listas con las identidades de los alumnos de la Escuela de Inteligencia de la FAP y algunos documentos vinculados con la demanda por límites marítimos, presentada por Perú contra Chile ante la Corte de Justicia de La Haya, aunque esta información no ha sido confirmada.
Los investigadores peruanos tratan de determinar, además, si el suboficial entregó los códigos secretos de comunicación de las embajadas peruanas.
Los medios locales aseguraron, además, que el suboficial pudo contar con el apoyo de su pareja, una policía en actividad, quien supuestamente le ayudaba a preparar la información y recogía los pagos que le entregaban.
Luego de que el militar confesara su culpa, un juez de Lima ordenó su detención junto a la de otro suboficial peruano y la captura de dos supuestos militares chilenos.
El juez Luis Garzón Castillo, a cargo del Juzgado Penal de Turno Permanente de la Corte Superior de Lima, abrió instrucción por los cargos de revelación de secretos nacionales, espionaje y lavado de activos en agravio del Estado. Además, dictó orden de detención contra otro suboficial de la FAP, cuyo nombre no fue proporcionado, por el cargo de cómplice necesario.
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