Los apaleados

Por Carlos Salinas y Martha Solano.-

 

Nombre: Leonor Martínez

Cargo: Activista
Fecha de agresión: 22 de octubre de 2009
Lugar: Cercanías del barrio Jonathan González de Managua
Situación de la denuncia: El caso aún se encuentra en Auxilio Judicial

A Leonor Martínez la atacaron cuatro hombres cuando regresaba a su casa después de participar en una reunión de la Coalición de Jóvenes Nicaragüenses, de la que ella es líder y que forma parte de la Coordinadora Civil, una de las organizaciones más perseguidas por el Gobierno que encabeza el presidente Daniel Ortega. Esos hombres liderados —según Martínez—, por Félix Armando Tercero Arróliga, mejor conocido como El Gato, la detuvieron a unas cuadras de su casa, cortándole el paso.

 

—¡Ya sé de dónde venís, hijueputa! —le lanzó uno de ellos.

Los hombres comenzaron a golpearla y gritarle. La amenazaron diciéndole que si seguía “en eso” la iban a matar. Se referían a su trabajo como activista de derechos juveniles.

Uno de los hombres sacó una pistola y se la puso al costado izquierdo del cuerpo. Otro la amenazó con un cuchillo. Entre todos la golpearon. Uno de ellos le jaló el brazo izquierdo con fuerza y se lo dobló hacia la espalda. Leonor dice que sintió un dolor terrible. Cayó al suelo. Ahí comenzaron a golpearla, a patearla, a gritarle más fuerte. “Uno me golpeó con la cacha de la pistola en el brazo”. Eran las 4:30 de la tarde.

Leonor recuerda que apenas se percataba de lo que pasaba, el dolor la había dejado casi inconsciente. Las imágenes que le vienen a la cabeza son la de los hombres caminando tranquilamente hacia una camioneta de la que salía una bandera rojinegra.

Una vecina salió a auxiliarla cuando los hombres se habían ido. Pasó una patrulla de la Policía a la cual Leonor pidió que siguiera a sus agresores, pero la patrulla no lo hizo, dice. Llamó a sus compañeros de organización que la llevaron al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, hasta donde una ambulancia la trasladó al Hospital Lenín Fonseca, pero su pesadilla continuó: “No me querían atender, a pesar de la emergencia. Hasta las siete salió un doctor a atenderme”, cuenta.

Los golpes causaron tres fracturas graves en el brazo, por lo que Leonor necesitó una operación de cinco horas para colocarle un clavo y un largo proceso de rehabilitación para recuperar la movilidad.

Puso la denuncia ante Auxilio Judicial, que aún no la tramita al Ministerio Público porque “la Policía todavía está recopilando datos”, explica.

Leonor no puede trabajar, pero aún participa —con mayor precaución— en manifestaciones contra el Gobierno.

—Voy a seguir en las marchas porque siempre he criticado a los gobiernos que no apoyan a los jóvenes. Lo que reclamamos es el bien para la juventud, que no crea el señor Presidente que es contra él.

—¿Cree que va a haber solución a su caso?
—Mi caso no va a terminar en nada por este sistema corrupto, por el papel que están jugando la Fiscalía y la Policía. Yo no confío en ellos.

 

Nombre: Iván Olivares

Cargo: Periodista
Fecha de agresión: 18 de noviembre de 2008
Lugar: Carretera a Masaya
Situación de la denuncia: El caso aún está en Auxilio Judicial

El día que el periodista del semanario Confidencial fue agredido, los grupos afines al Gobierno habían reventado a fuerza de morterazos y garrotes una manifestación que la oposición había organizado en la Carretera a Masaya en el contexto de las denuncias de fraude en las elecciones municipales.

 

 

Después de acabar con la manifestación, cientos de sandinistas armados con garrotes, piedras y morteros caseros comenzaron a enfrentarse con los policías antimotines. En la trifulca varios periodistas salieron heridos, entre ellos Olivares.

Él había participado en la marcha a la que asistieron unas 500 personas. Caminaba hasta su carro, que había parqueado lejos del punto de reunión de los manifestantes, después de pasar por dos retenes de los seguidores del Gobierno. “En el segundo me dijeron que qué hacía allí, que mi vida corría peligro”. Se le acercó un grupo de hombres armados con machetes.

Olivares dice que él siguió caminando sin darles la espalda, de frente a ellos. Uno de los del grupo se le acercó con un machete, otro le pegó con una faja. Olivares tuvo que darles la espalda para evitar caer por las agresiones y cuando se volteó de nuevo, “para darle la cara al que llevaba el machete”, otro del grupo lo apuñaló.

—No sentí nada en el momento —cuenta—. Traté siempre de verlos de frente, porque si les demostraba miedo, me hubieran destazado.

Olivares fue más tarde al hospital, donde le suturaron la herida con seis puntadas. Al día siguiente puso la denuncia en la Estación Cinco de la Policía Nacional. Cuenta que le pidieron como prueba su camisa manchada, “para determinar si la mancha era de sangre”. Presentó varias pruebas, incluido un vídeo de la agresión. Pero hasta ahora no sabe cómo avanza su caso.

Domingo lo acompañó a la Estación Cinco de la Policía, donde el oficial que le tomó las declaraciones le dijo que él no le dio continuidad al caso y que “seguramente” estaba en Auxilio Judicial. “¿A vos no te llamaron?”, fue su única pregunta.

—Cuando nuestra Policía quiere los delincuentes no corren largo, pero estoy claro que la Policía responde los dictados del Frente. El problema es que yo no conozco al delincuente que me agredió, pero él sí me conoce —comenta Olivares.

 

Nombre: Mario Sánchez

Cargo: Periodista, relaciones públicas Coordinadora Civil
Fecha de agresión: 8 de agosto de 2009
Lugar: Predios de la Catedral de Managua
Situación de la denuncia: El caso está en la Fiscalía

El 8 de agosto la Coordinadora Civil iba a celebrar la firma de una Propuesta a la Nación que contenía recomendaciones para solucionar la crisis política, social y económica que agobia al país, cuando huestes del Frente Sandinista decidieron apalearlos. Habían pedido permiso a las autoridades de la Iglesia católica de Managua para organizar una actividad cultural que se extendería con recitales de música hasta a las seis de la tarde. Pero el acto no se realizó.

Los seguidores del Frente Sandinista golpearon con lujo de violencia a los miembros de la Coordinadora, y el periodista Mario Sánchez está entre los que se llevaron la peor parte. El pecado fue que Sánchez comenzó a hacer fotos de las agresiones, por lo que varios hombres se le acercaron para quitarle su cámara digital.

Hugo golpes en el estómago, uno fuerte en el pecho, patadas, gritos, amenazas. Uno quiso golpearlo con un casco de los que usan los motociclistas. El resultado de la zurra fueron moretones en las piernas, lesiones en la nariz, dolores fuertes en la espalda. Sánchez quedó hasta descalzo.

Sánchez dice que pusieron la denuncia ante la Fiscalía el mismo día. Otro grupo lo hizo en la Estación Cinco de la Policía. Tenían todas las pruebas. Dice que a la Dirección de Auxilio Judicial entregaron más de 240 fotos que muestra claramente a los agresores, entre los que señala a Javier España, ex dirigente del Instituto de la Juventud, y quien lo golpeó fuertemente en las piernas; otro de los identificados fue Félix Armando Tercero Arróliga, “El Gato”;  Francisco Gutiérrez Ortega, alias “Bigotes”; el ex teniente coronel Gilberto Páez Vargas, ex delegado del Marena en Managua; Pedro Orozco, responsable de los CPC del Distrito Cuatro de Managua y quien supuestamente dirigía la agresión.

Sánchez dice que la Policía inició las investigaciones de la agresión hasta el 28 de agosto, pero que lo abandonaron hasta mediados de octubre. A finales de ese mes la Policía envió el caso a la Fiscalía y allí, dice, a pesar de las pruebas, ésta lo “engavetó”.

“No creo que haya solución porque las instituciones están confabuladas. No hay voluntad para hacer justicia, al menos que los heridos sean las fuerzas de choque; en ese caso la solución sería rápida”, agrega.

 

Nombre: Elieze Marín Medina (16 años)

Cargo: Estudiante
Fecha de la agresión: 10 de noviembre de 2008
Lugar: Frente al Centro Comercial Zumen, Managua
Situación de la denuncia: No denunció

Ese día la familia Marín Medina cerró su humilde venta de frijoles cocidos y una que otra chuchería para ir a la marcha que estaba convocando el candidato por el que habían votado, Eduardo Montealegre, en rechazo al fraude electoral del día anterior.

 

Centenares de liberales se concentraron en el 7 Sur para marchar hacia el Consejo Supremo Electoral, en Metrocentro. Juan Manuel Marín y Magna Medina llegaron junto a sus dos hijas y su pequeño Eliézer, de 15 años, porque no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando.

“Ellos creen que sólo ellos tienen boca, y eso no es así... pero el error de nosotros fue haber ido con los hijos”, reflexiona la señora Medina.

Mientras la masa de gente se aproximaba al conocido “Centro Cívico”, pandillas de simpatizantes sandinistas los esperaban en los costados norte y sur para recibirlos a garrotazos, pedradas... y balas. Había también ahí algunos oficiales de Policía.

Las piedras comenzaron a llover, liberales y sandinistas se revolvían embravecidos, cuando de pronto se comenzaron a escuchar disparos. Nadie sabía de dónde venían. En la televisión se anunció de última hora que un joven había sido herido. En las imágenes, un chavalo flaco posaba  boca abajo sobre el pavimento caliente, con manchas de sangre a mitad de la espalda.

Como la llegada de la ambulancia se volvió imposible, los  policías que lo resguardaban tomaron la decisión de subirlo a la tina de la camioneta y llevarlo al Hospital Lenín Fonseca, donde después fue operado.

En la revuelta los padres se separaron de su hijo y se dieron cuenta del hecho hasta que estaban en la rotonda El Periodista.

La ropa ensangrentada del menor quedó en poder de la Policía Nacional, en espera de la denuncia. La bala nueve milímetros le había perforado una vértebra y el impacto le había alcanzado la médula. Nadie aseguraba si caminaría.

Al día siguiente un comisionado del Distrito III de Policía llegó al hospital para advertirle al padre del menor que tenían sólo 24 horas para denunciar lo sucedido.

Ya que no había un sospechoso específico y ante la gravedad de su hijo, Juan Manuel Marín decidió no denunciar al partido Frente Sandinista y dedicarse a la recuperación de su pequeño Eliézer que desde noviembre del 2008 no ha vuelto a pisar la escuela.

Eliézer estuvo los primeros seis meses en silla de ruedas. Entre depresiones y fuerza de voluntad ha burlado los pronósticos médicos y en esta semana comenzó a caminar con ayuda de dos bastones. No tiene sensibilidad en la pierna derecha y perdió la movilidad en la izquierda. Pero asegura que si tuviera las fuerzas de antes “saldría a marchar” porque no está de acuerdo con lo que está ocurriendo en el país.

 

Nombre: Héctor Calero

Cargo: Relacionista Público del Cenidh
Fecha de la agresión: 16 de octubre del 2008
Lugar: Frente al Ministerio Público.
Situación de la denuncia: A pesar que los denunciantes proporcionaron los datos del agresor, la Policía y la Fiscalía nunca los llamaron a declarar.

Gracias a los medios de comunicación se logró identificar al responsable de la agresión que se cometió en contra de los miembros del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y en especial al relacionista público de la institución, Camilo Calero, a quien además le robaron la cámara fotográfica con que laboraba.

 

Ese día los funcionarios del Cenidh habían llegado a la Fiscalía para acompañar a miembros de la Coordinadora Civil, que al igual que otras organizaciones estaba siendo objeto de una investigación a muchas luces represiva en contra de aquéllos que se atrevían a criticar a Daniel Ortega y su gobierno.

Al ver la aglomeración de simpatizantes sandinistas que no limitaban sus insultos en contra de los investigados, el Cenidh pidió resguardo policial. “Sin embargo, cuando salimos fue increíble la cantidad de gente que se nos vino encima”, recuerda Calero.

Entre empujones, manotazos y ofensas los miembros del Cenidh trataban de avanzar hacia el vehículo que esperaba por ellos y que por la multitud no podía acercarse más. Por su trabajo, Camilo Calero debía documentar la situación. Se subió a la tina de la camioneta para tomar fotografías, pero en el intento de avanzar, tres mujeres se postraron como barricada frente al vehículo que tuvo que frenar bruscamente.

El director ejecutivo del Cenidh, Bayardo Izabá, reclamó a unos policías que estaban presenciando la agresión, pero no obtuvo respaldo de éstos. Mientras tanto, Calero continuaba fotografiando a los que querían voltear la camioneta. Fue entonces cuando le llovieron los golpes con sombrillas, garrotes, insultos y manotazos y de pronto... ¡zas! Un tipo le arrebató la cámara.

“Sin pensarlo me bajé y lo seguí, pero cuando vi atrás, venían como 30 personas detrás de mí (para lincharlo). La asistente del Fiscal y una gran cantidad de empleados del Ministerio Público estaban tirándose el show desde la puerta de vidrio. Yo corrí en busca de un policía que estaba cerca. Le dije ‘¡Me vienen siguiendo, ayudame!’ y sólo me sonrió. Me alcanzaron, me botaron... dejé de contar la cantidad de puntapiés... fue una eternidad”, recuerda.

Ya en el Hospital Militar donde le atendieron en la clínica médica previsional, el técnico de rayos X que le realizó las ocho placas que le mandó el médico, le cuestionó la cantidad de radiografías. Al contarle lo sucedido, el técnico le dijo que eso le pasaba por “huevón”, “por andar buscando el peligro en la calle”. “Más duro te hubieran dado”, le dijo.

Efraín Ismael Rivas, conocido como “El Chino”, entonces trabajador de la DGI, fue identificado como quien cometió el robo de la cámara. A pesar que tanto el Cenidh como los medios de comunicación presentaron pistas de donde vive y trabaja, ni la Policía ni la Fiscalía lo han investigado.

Ha pasado un año y a pesar de que el Cenidh ha agotado las instancias policiales y la Fiscalía para que se haga justicia, tal como dice el abogado de esta organización, Uriel Pineda, han demostrado no tener voluntad de cumplir con su trabajo.

“Hemos tenido comunicaciones con ellos y ni siquiera nos responden. La última carta la entregamos el 16 de octubre (pasado), al cumplir un año del incidente, fue dirigida tanto a ellos como al Ministerio Público y no obtuvimos reacción alguna”, señala Pineda.

 

Nombre: Jaime Chavarría

Cargo: Fiscal Distrito IV- PLC
Fecha de la agresión: 27 de julio del 2008
Lugar: Centro de Votación Josefa Toledo
Situación de la denuncia: Al ser acusada de omisión por la víctima, la Fiscalía acusó a los agresores un año después.

Ese domingo se realizaba el proceso de verificación de los votantes para las elecciones municipales de noviembre del 2008. Los fiscales de cada partido debían velar porque el proceso se realizara correctamente, aunque las presiones de los grupos sandinistas estuvieron presentes durante el día.

 

Por la tarde, el fiscal del Distrito IV del Partido Liberal Constitucionalista, Jaime Chavarría (55 años), recibió información de que el Centro de Votación ubicado en el colegio Josefa Toledo de Aguerri sería cerrado a las 4:00 p.m., sin importar el mandato de la Ley Electoral de cerrarlos a las 5:00 p.m. siempre y cuando no hubiese más electores en espera.

Al presentarse al lugar, en efecto, Chavarría se topó con muchas irregularidades y al querer denunciarlas, el grupo de choque al mando de Pedro Amílcar Orozco, le impidió cualquier maniobra. Se le fueron encima a él y a sus hijos Jefer, Jaime y Cindy.

 

La familia Chavarría fue vapuleada brutalmente. El fiscal Chavarría recibió tantos golpes que tuvo que ser hospitalizado. La fuerza de la furia de sus agresores le rompió dos costillas que le perforaron un pulmón. Estuvo grave de salud.

Su hijo Jefer también resultó gravemente herido producto del adoquín que sus agresores le dejaron caer sobre la cabeza. Hasta la fecha, el joven presenta constante sangrado de nariz y oídos.

“Eso fue una masacre”, recuerda Chavarría. Meses después de lo sucedido, tras las constantes amenazas de muerte, el hostigamiento de los grupos de choque sandinistas que se organizan a cada momento en las cercanías de su casa en Ciudad Jardín, la familia Chavarría tuvo que llegar al límite de tener que cambiar de domicilio para prevenir cualquier desgracia. No se sentían seguros, estaban expuestos.

La denuncia fue en la delegación del Distrito IV de Policía, la estación que queda en el Mercado Oriental. Ahí recepcionaron los datos. Chavarría ya había identificado a Pedro Amilcar Orozco como el cabecilla de la turba. Con radiocomunicador y el liderazgo sanguinario, Orozco dirigía a los demás agresores que también fueron identificados como: Manuel de Jesús Orozco, Frederman Arquímedes Valle Urbina, Julio César Ríos, Erick Saúl Ríos Juárez, Byron Ulises Vado Espinoza y Manuel Tenorio.

Ante la falta de disposición de la Policía para investigar a los agresores a los que ya habían ubicado sus domicilios y centros de trabajo, Chavarría decidió dar un paso más allá y acudir al Ministerio Público.

La Fiscalía está en la obligación de defender a las víctimas, sin embargo, con todos los datos proporcionados, la entidad hizo caso omiso a la petición de Chavarría. El tiempo pasó, todas las instancias fueron agotadas y más de un año después, este 11 de noviembre Jaime Chavarría decidió acusar de forma particular por abuso de autoridad o funciones y omisión del deber de perseguir delitos al Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez; al fiscal Armando Juárez, inspector de la Fiscalía; a Blanca Salgado, fiscal especial electoral; a Rubén Gutiérrez, fiscal departamental de Managua; y al fiscal Pedro Almanza, jefe del Distrito Cuatro de Managua de la Fiscalía, quienes dilataron la gestión hasta ese día.

Ese mismo 11 de noviembre la noticia de la acusación a la Fiscalía fue publicada en los medios de comunicación, y raramente esa misma mañana la fiscal Magda Matus dio paso a la acusación de Chavarría en contra de Byron Vado, Manuel y Pedro Orozco  por el delito de lesiones. Ahora las cartas están sobre la mesa de los Juzgados de Managua donde las acusaciones podrían engavetarse para mantener “ocupado” a la víctima o quizás se haga justicia y los agresores reciban la condena que merecen.