Profesión: apalear

Vilma Núñez, presidenta del CENTRO Nicaragüense de Derechos Humanos

Para Vilma Núñez los derechos humanos en Nicaragua sufren un “deterioro preocupante” en la Administración que encabeza el presidente Daniel Ortega. Desde su despacho en la sede del Cenidh, dando la espalda a una cita que reza que los derechos humanos no se defienden desde un escritorio, Núñez explica que la impunidad se ha establecido como una característica del Gobierno, pero en la que también tiene una dosis de responsabilidad “muy seria” la Policía y la Fiscalía.

Esas dos instituciones, afirma la activista en esta entrevista, han sido “intervenidas” y “debilitadas” por el presidente Ortega, hasta el punto de afirmar que en la Policía hay dos mandos, representados por la primera comisionada Aminta Granera y “las ambiciones de poder de Daniel Ortega”.

:::    ¿Cuál es la situación de los derechos humanos en el país?
Es verdaderamente preocupante, de deterioro real. El respeto a los derechos humanos es parte consustancial de la democracia y aquí en Nicaragua ha habido un retroceso. Daniel Ortega está convirtiendo muchos derechos humanos --como el acceso a la salud-- en objeto de favores. La gente no siente que están reclamando un derecho y eso es uno de los daños más graves que dejará esta dictadura, porque ésta ya es una dictadura.

:::    ¿Han recibido denuncias de gente del Gobierno?
Claro que sí, sobre todo de carácter laboral, muchas personas a quienes injustamente se les ha despedido sin pagarles sus prestaciones. Tenemos casos de personas a las que se las ha despedido porque se han negado a recibir el carné de militante del Frente Sandinista. Muchos de ellos piden que manejemos su caso con mucho cuidado.

:::    En Nicaragua se critica mucho la impunidad, ¿usted confía en instituciones como la Policía y la Fiscalía?
La impunidad es una de las características de este Gobierno, en la que tienen una dosis de responsabilidad muy seria la Policía y la Fiscalía. Pero no podemos, al hablar de impunidad, dejar de mencionar al Poder Judicial, encabezado por la impresentable Corte Suprema de Justicia. La impunidad es parte de la gran inseguridad jurídica que se está viviendo en el país porque no sabemos cómo va a resolver la Contraloría, la Procuraduría. Hay una ruptura total del Estado de Derecho en Nicaragua.

:::    ¿Cuál es su opinión sobre el papel de la Policía?
La institucionalidad de la Policía está debilitada. Todo el esfuerzo inicial de la comisionada Aminta Granera para cambiar el perfil de descomposición que heredó de la Policía se ha topado con el esfuerzo que Daniel Ortega, como jefe de las Fuerzas Armadas, viene desarrollando para limitar su autoridad. La Policía está intervenida, aquí hay dos mandos policiales: está lo que la comisionada quiere hacer frente a la interferencia que sufren sus planes a la hora de actuar. La Policía es rehén de las ambiciones de poder de Daniel Ortega.

:::    ¿Cree que haya solución para los casos de violencia política que han sido denunciados ante la Policía y la Fiscalía?
Esa parálisis en la forma de actuar en la Policía y Fiscalía tiene motivación política. Es completamente contrastante la efectividad de la Policía cuando se trata de averiguar un delito común o los éxitos indiscutibles que ha tenido en la lucha contra el narcotráfico, frente a la incapacidad total de investigar las denuncias de agresiones (...) Al doctor Centeno lo tienen también intervenido. Todos los casos políticos o de algún interés particular de la gente que manda en el Gobierno no se los pasan a él, sino a la fiscal adjunta Ana Julia Guido, que es una tranca. ¿Dónde está la entereza, dignidad y el compromiso con su cargo del doctor Centeno? Él ya debería denunciar lo que le está pasando ahí.

:::    Ustedes presentaron denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación en Nicaragua, ¿cuál es la posición de este organismo?
Como caso emblemático presentamos el de Leonor Martínez. Fue verdaderamente impactante. Tienen la percepción de que en Nicaragua hay una situación de violación grave de derechos humanos y es por eso que los miembros de la Comisión pidieron al Gobierno que los dejara venir a Nicaragua para hacer una investigación.

:::    ¿Sabe cuál ha sido la respuesta del Gobierno?
La reacción del embajador ante la OEA, Denis Moncada Colindres, fue completamente desafortunada, prácticamente hubo un reconocimiento tácito de que aquí hay una situación complicada de derechos humanos, porque dijo el embajador: ‘Voy a transmitir con mucho gusto su petición al Gobierno para ver cuál es el momento oportuno para que puedan llegar’. Si un país no está dispuesto a recibir en cualquier momento a un organismo internacional de derechos humanos es porque tiene  problemas.

:::    ¿Qué peso puede tener una resolución de un organismo como la Comisión?
Es una sanción de carácter moral y le marca un récord a Nicaragua a nivel internacional, porque los países tienen compromisos en materia de derechos humanos. Nicaragua se caracteriza por ser un país que no respeta esos compromisos. La gente en Nicaragua no sólo está siendo agredida, sino que vive en un estrés permanente, con sensación de inseguridad. La gente está sometida a tortura psicológica por este Gobierno.