Obras como la ampliación de la Pista Camino Solo, en el Distrito Seis, debieron estar listas en este año. Pero ahora concluirán hasta en el 2010.
LA PRENSA/ O. VALENZUELA.

A un año de que la Alcaldía de Managua fuera asignada por el Consejo Supremo Electoral al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), la institución se encuentra en el peor momento de su efectividad para resolver los problemas de la ciudad y, por el contrario, se percibe como un bastión de las luchas políticas entre el Gobierno y la oposición nacional.

Sólo en el primer mes del gobierno orteguista en la comuna, la Administración dio malas señales administrativas con la aprobación de la adjudicación de más de 160 millones de córdobas para ejecutar 64 obras, que se suponía eran de emergencia y debían estar listas antes de la llegada del invierno en mayo. Como advirtieron los opositores, las obras en su totalidad aún no están finalizadas oficialmente y, todavía hay cerca de cinco proyectos que están pendientes de los últimos avalúos.

Sobre la rendición de cuentas, las dudas son mayores, porque el secretario general de la comuna y coordinador de los distritos, Fidel Moreno, sólo entregó un informe preliminar de las obras en junio pasado. Lo que sí se confirmó es que las empresas beneficiadas con los millones de las arcas municipales son parte del “club” de empresarios sandinistas.

Una de las empresas más favorecidas es Construnicsa, cuyo principal accionista es Manuel Treminio, hermano del ex secretario del Concejo y miembro de la Juventud Sandinista, José Treminio.

Otra de las beneficiadas es Inverglosa, cuyos propietarios están ligados supuestamente a funcionarios del Ministerio de Transporte e Infraestructura y tampoco está entre los proveedores registrados; mientras, en el caso de Corea y Asociados (Corasco), otra de las contratadas, sí está registrada como proveedora estatal y su dueño es Leonardo Corea Torres, un miembro del bloque de empresarios sandinistas y ex trabajador del Ministerio de la Construcción en los años ochenta.

• Gobierno ilegítimo, incapaz e incoherente

  • “Esta Administración al frente de la Alcaldía de Managua simplemente es ilegítima, incapaz e incoherente con las verdaderas necesidades de los managuas”, calificó el concejal liberal Ricardo Obando, al valorar los 11 meses de gobierno orteguista en la capital.
  Uno de los puntos más criticados en contra de la Administración capitalina es el lento avance de la ejecución de obras. La oposición, incluso, ha denunciado que algunos de los proyectos están sobrevalorados.
  
  Como ejemplo, se ha mencionado la construcción de un muro de contención en el barrio San Antonio Sur que fue valorado en más de 400 mil córdobas, a pesar de que los expertos en el tema estiman su costo en la mitad.
  
  Además de las inconsistencias en las obras, la Comuna está destinando recursos para la movilización de los simpatizantes sandinistas. Como prueba, más de un centenar de motorizados que participarían del repliegue sandinista hace algunos meses, cargaron sus motos en las bombas de combustible de la municipalidad.
  
  En la comuna también funcionan grupos de choques en contra de la oposición, que son defendidos por la Administración.

CREADORA DE CONFLICTOS

“Es que a los orteguistas no sólo les bastó con robarse los votos de los managuas, sino que ahora se roban los recursos para favorecer a su partido y para favorecerse entre ellos mismos. Por eso, es que contrataron sólo a empresas sandinistas que hacen un mal trabajo, pero que reciben todos los recursos y de ahí es donde salen las grandes mansiones”, criticó el concejal conservador Luciano García.

Sin embargo, a criterio del concejal de la Bancada Antifraude, Virgilio Gurdián, la Alcaldía no sólo ha mostrado menos eficacia en la ejecución de las obras necesarias para los managuas, sino que ha creado más conflictos mediante acciones cuestionadas públicamente.

“La Administración orteguista ordenó que la junta directiva del Irtramma (Instituto Regulador del Transporte Municipal de Managua) estuviera compuesta sólo por ellos. Esto da como resultado que no haya una verdadera fiscalización y ya ves ahora, están amenazando a los transportistas para que no apoyen la marcha de la sociedad civil el 21 (de noviembre)”, indicó Gurdián.

Esa medida oficialista es parte de una estrategia totalitarista, que causa más empobrecimiento a los managuas, de acuerdo con el concejal del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Jimmy Blandón.

“La partidización es un grave problema. Los recursos que deben ser invertidos en obras de progreso se están desperdiciando en el traslado y a veces hasta en el pago de trabajadores municipales para que estén en las rotondas, supuestamente celebrando. ¿Cómo va a haber un verdadero desarrollo, si agarrás a los empleados y te los llevás a cualquier hora para que pierdan el tiempo en las rotondas?”, criticó Blandón, quien fue categórico al asegurar que los recursos municipales “no deben ser usados para mantener el ego de los políticos”.

LOS RECURSOS ECONÓMICOS

El escenario económico para la Administración orteguista de la Alcaldía de Managua también es crítico, porque no sólo aprobaron una ordenanza municipal para incrementar el canon de arriendo en los negocios establecidos en áreas municipales, sino que ejecutan actualmente un plan de ordenamiento en los mercados que implica la actualización de los cobros y hasta se recortó el presupuesto de este año en casi 200 millones de córdobas.

La inversión social es la que más sufrió del recorte, pues se redujeron los fondos para la atención integral a las casas de adolescentes, la atención a niños trabajadores de La Chureca, atención a la tercera edad. También se redujeron los fondos para el programa Barrio Libre de Pandillas, de atención a la juventud y hasta las actividades del programa Familias Fuertes se disminuyó en 100 mil córdobas. 

Para el próximo año, el presupuesto no experimentará ningún aumento y prácticamente será igual al de este año, estimándose el techo en mil 314 millones de córdobas.

La Alcaldesa designada en Managua, Daysi Torres, ya advirtió en todos los cabildos municipales sobre el presupuesto 2010 que la población debe “aterrizar” y no hacer tantas demandas. En su más reciente actividad municipal, incluso, mandó a los pobladores del barrio Villa Vallarta a “ubicarse” porque “somos un país del tercer mundo (...) la vida no se trata sólo de calles y caminos”.

INCONFORMES HASTA LOS CPC

Como resultado de la política de recorte, ni los sandinistas Consejos del Poder Ciudadano (CPC) están a gusto.

“Hasta las mismas bases del Frente Sandinista han criticado que no se les está cumpliendo en los barios”, señaló el concejal del Partido Liberal Constitucionalista, Leonel Teller, en referencia a las denuncias de los dirigentes en el Distrito Seis que se quejaron de la pobre ejecución, admitieron el fraude electoral en noviembre del 2008 y denunciaron el “camuflaje” de millones que quedaron sin ejecutarse en las obras. 

 

Igual que los funcionarios de entidades estatales, trabajadores municipales dejan sus labores para “celebrar” en las rotondas.

LA PRENSA/ ARCHIVO G. MIRANDA

La semana pasada, en el cabildo municipal sobre el presupuesto del 2010, los sandinistas del CPC en Villa Reconciliación denunciaron corrupción en la ejecución de un proyecto de adoquinado de calles que se ejecutaría en un poco más de seis mil metros de calle.

Según el Plan de Inversión Municipal para este año, el costo de esa obra sería de 6.8 millones de córdobas, de los cuales “desaparecieron” 1.2 millones, según dijeron los pobladores que alegaron tener pruebas luego de una auditoría social de la obra.

LOS MILLONES QUE DANZARON POR LA CHURECA

La ejecución de unos 45 millones de dólares que fueron donados por la Cooperación española es otro de los puntos que más generó conflicto en la municipalidad.

La Administración anterior había aprobado en el Concejo la declaratoria de utilidad pública de unas 146 manzanas de propiedad en donde funciona el vertedero municipal. Como indemnización, la municipalidad se comprometió a entregar 128 millones de córdobas a la familia Martínez, propietaria del área.

Sin embargo, la Administración orteguista solicitó la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) que, en detrimento a la autonomía municipal, emitió un decreto confiscatorio en contra de los dueños de la zona. Como parte del mismo documento, el ente estatal aprobó entregar una indemnización de un poco más de 39 millones de córdobas

A la fecha, Los Martínez defienden e insisten en que no han entregado su terreno, mientras, la comuna decretó comprar los bonos estatales para que los afectados recibieran el dinero en efectivo.

Todas las contradicciones legales en el tema originaron un serio atraso en el proyecto, que debió haber iniciado desde febrero y contempla el sellado del vertedero municipal, la construcción de una planta procesadora de desechos orgánicos, y una planta para los desechos inorgánicos.

La inversión española también está planificando la ejecución de otras obras de infraestructura social en 12 barrios del Distrito Dos de la Alcaldía.

Para el concejal liberal Leonel Teller, el caso de La Chureca es una muestra de que “esta Administración putativa en la Alcaldía de Managua se ha caracterizado por la falta de transparencia en el uso, manejo y destino final de los recursos”.

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