Los resultados de las elecciones municipales del 2008 todavía pueden ser solicitados ante el Consejo Supremo Electoral (CSE), aunque tres magistrados del Frente Sandinista de la Sala de lo Contencioso mandaron a engavetar varios recursos contra la negativa de información del tribunal electoral.

Así lo explicó a LA PRENSA el abogado constitucionalista y ex presidente de la Asamblea Nacional, Cairo Manuel López, quien posee un doctorado en Derecho Administrativo e hizo su tesis sobre ese procedimiento. López, además, participó en el anteproyecto que sirvió para la Ley 350 o de Regulación de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, del año 2000.

El constitucionalista argumentó que el Artículo 95 de la Ley 350 establece que la inadmisibilidad o desestimación de la demanda sólo produce efectos entre las partes involucradas.

La decisión de los tres magistrados sandinistas, que tomaron las riendas de la Sala de lo Contencioso, tras ser convocados por el magistrado liberal Dámisis Sirias, fue revelada el 30 de octubre por el vicepresidente de la Corte, Francisco Rosales.

Con esa decisión se pretendió sepultar los recursos de unos veinte ciudadanos y de la Comisión de Derechos Humanos (CPDH), contra la negativa de entregar los resultados de los fraudulentos comicios locales de noviembre del año pasado y que el Consejo Supremo Electoral (CSE) aún no publica en su totalidad ni en detalle.

Según López, la decisión de los magistrados del FSLN no afecta nuevas solicitudes sobre los resultados electorales ni los eventuales recursos ante la Sala de lo Contencioso, en caso de que el CSE persista en ignorar la Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley Electoral, que le obligan a revelar los resultados.

El constitucionalista sugirió que en caso de que se presenten nuevos recursos, éstos deben ser una demanda bien sustentada y presentada por un abogado. Es un error en que él estima que incurrieron los demandantes anteriores, que pasaron por alto los requisitos de la Ley 350.

También insistió en que la decisión de los magistrados del FSLN tampoco debería tener efecto, porque ésta fue elaborada sólo por tres de los cuatro magistrados que debieron firmar la sentencia, según la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Recordó que en la agenda de esa sesión, convocada por Sirias, no figuraba la discusión de los recursos contra el CSE, sino una mediación en unas comunidades indígenas.

Las solicitudes de los resultados electorales habían sido presentadas ante el Consejo en abril pasado y en junio los solicitantes recurrieron a la Sala de lo Contencioso, luego que se agotaran los plazos de la Ley de Acceso a la Información Pública y el CSE no les respondiera.

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