Uno de los principales obstáculos que enfrenta una empresa al momento de estallar un conflicto, ya sea de índole mercantil con una filial, o laboral, es encontrar en los tribunales judiciales ordinarios o locales una respuesta a corto y mediano plazo.
La razón es sencilla: por lo general las “cortes estatales están congestionadas y se demoran en resolver los casos entre cinco y 10 años”, advierte el también presidente del Centro de Mediación y Arbitraje de Panamá, César Tribaldos Giraldez, quien compartió esta semana con empresarios nicaragüenses la experiencia exitosa de su país en el uso de medios alternos de solución de conflictos.
Tribaldos, quien fue condecorado por el Papa Juan Pablo II, con la Orden de San Gregorio Magno en el grado de Comendador, explica paso a paso cómo el sector empresarial de Panamá ha logrado insertarse en esta alternativa de solución de controversias.
En Nicaragua, la Cámara de Comercio de Nicaragua (Caconic) desarrolla desde el 2006 una iniciativa similar, para aliviar los altos costos que implica para las empresas el recurrir a las Cortes locales.
¿Cuál ha sido la experiencia de Panamá en el uso de métodos alternos para resolución de conflictos empresariales?
Nosotros iniciamos la idea en 1980, hace 29 años, pero fue hasta 1994 cuando logramos concretar la creación del centro de arbitraje. Lamentablemente, durante los primeros cinco años tuvimos poca experiencia, pues solamente atendimos cinco por un valor de 800 mil dólares. Lo que pasaba era que no teníamos una ley que nos acompañara y fue así que en 1997 se produce una ley (en Panamá) que nos ayuda a fortalecer el centro, ya que nos permitió salir a promocionar el centro con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que nos apoyó con toda la parte de capacitación y equipamiento del centro. Posteriormente, por un par de casos donde el Gobierno de Panamá es demandado por empresas privadas, la Corte en ese entonces decide declarar inconstitucional dos artículos de la ley que eran básicos para el funcionamiento del centro. Eso nos limitó el trabajo hasta el año 2003.
¿Qué obliga al Gobierno de Panamá a cambiar de posición sobre la declaración inconstitucional de algunas facultades del centro de arbitraje?
En el 2003 se producen cambios en la Constitución, donde el Gobierno se ve obligado a hacer cambios y elevar el aspecto arbitral a nivel constitucional, porque el Canal de Panamá requería negociar y contratar empresas internacionales y para eso necesitaba resolver el tema de ley, que había sido declarada inconstitucionalmente. Es así como la autoridad del Canal de Panamá junto con los empresarios logramos incidir. En Panamá hay varias formas de cambiar la Constitución y la forma fácil era una legislatura del gobierno anterior y una legislatura del gobierno nuevo, y como era un consenso nacional entre todas las partes, se logró la reforma y se restituyeron los artículos que habían sido declarados inconstitucionales.
¿Qué significó para el sector empresarial ese cambio?
Ahora nosotros hemos manejado en el Centro Nacional de Arbitraje de Panamá un promedio de 80 casos anuales y en total, en los últimos 10 años, hemos administrado arriba de quinientos casos. Estamos hablando del manejo de casos en total por 400 millones de dólares, casos que van desde 5 mil dólares hasta casos de 130 millones de dólares. En ese sentido, nuestro centro ha ido fortaleciéndose y por otro lado lo que nos ha ayudado es que los empresarios confían en el centro y están incluyendo, dentro de sus contratos, las cláusulas de arbitraje.
¿Cómo ha logrado el centro de arbitraje ganar la confianza del sector empresarial?
Fácil. En la medida que las Cortes estatales están congestionadas y que se demoran en resolver los casos entre cinco y 10 años, el empresario lo que necesita es resolver un conflicto lo más pronto posible; entonces, es por eso que ven en el arbitraje una fórmula para resolver el conflicto. En nuestro caso, los fallos se deben dar cuatro meses después, luego que se instala el tribunal arbitral y puede extenderse dos meses más, es decir, que máximo debe tardarse seis meses para un fallo y ése es el factor más importante.
En términos económicos, ¿cuánto se puede ahorrar una empresa utilizando esta alternativa de resolución de conflicto?
Además de tiempo, también el beneficio es económico. Si una empresa tiene un conflicto por cien mil dólares con una segunda persona, y ese reclamo no lo va a cobrar sino hasta seis u ocho años, el solo hecho de tener amarrado ese dinero y que no lo pueda utilizar para poder adquirir más inventario, o para poder manejarlo dentro del negocio, son cien mil dólares que está perdiendo para hacer negocios. Entonces, eso se cuantifica en cuanto al costo de oportunidades. En seis meses el empresario sabe cuál es su situación, él puede tomar otras decisiones comerciales. Además, a través de las Cortes estatales, el empresario a veces se encuentra con jueces que no conocen la materia específica del comercio. Ese juez tampoco valora el tiempo, no importa si falla en un año o el tiempo que quiera. Como ellos no entienden, entonces los empresarios están viendo que los métodos alternativos son mucho mejor, por razón de que se resuelven rápidamente los conflictos y con personas que conocen la materia.
¿Cuáles son los obstáculos que se pueden presentar durante un proceso de arbitraje?
Los obstáculos es la actuación de los árbitros en el proceso. Nosotros ponemos mucho énfasis en que los árbitros no están ahí para defender a la persona que los nombró, porque el sistema establece que cada parte nombra a su árbitro y luego esos dos árbitros nombran a un tercer presidente. Al inicio, uno de los problemas que sentíamos es que la posición del árbitro era defender a la persona que lo había nombrado, y nos ha costado hacerles entender que ése no es el papel de ellos, el papel de ellos es actuar como árbitros de acuerdo con las leyes y en la medida que ellos entiendan que ése es el papel. Eso ha permitido que los fallos sean más rápidos. Ése es el mayor obstáculo, y otro es que no todos los empresarios están incluyendo las cláusulas de arbitraje y por eso se van a otro nivel.
Cuando hay inconformidad de una parte de los litigantes, ¿qué recursos existen para apelar?
Cuando una persona o empresa entra a un tribunal arbitral, el fallo es de obligatorio cumplimiento. Si una persona no quiere cumplir, entonces la otra parte puede recurrir a un juicio. Si hay un secuestro, y el tribunal declara que usted perdió, da las órdenes al juez para que proceda a transferir los fondos o el bien que se encuentra secuestrado por razón de la demanda. Y en ese sentido todas las instancias judiciales cumplen con las órdenes de un tribunal de arbitraje.
¿Cuáles son los procedimientos que siguen las empresas para llevar un caso a un tribunal de arbitraje?
Primero, una empresa debe incluir en el contrato la cláusula arbitral. Nosotros recomendamos una cláusula muy sencilla y entre más sencilla es mejor. Entre más elementos le metan, puede complicar el proceso. Luego, una empresa que se siente afectada, se presenta al centro y dice “señor, yo quiero meter al arbitraje un reclamo que tengo contra esta empresa”, de acuerdo con el contrato que está ahí y que incluye la cláusula. Inmediatamente se le notifica a la otra parte y la otra parte está obligada a presentarse.
¿Qué pasa cuando esa cláusula de arbitraje no se ha incluido en el contrato?
Se va al sistema judicial estatal y se obliga a que se sometan al arbitraje, porque la ley, en el caso de Panamá, lo exige. Si la persona se resiste, sencillamente lo que se tiene que hacer es notificar a los juzgados y el juzgado obliga a que la persona se presente ante un tribunal de arbitraje, porque está establecido por ley.
¿Qué tipo de conflictos son más comunes en los centros de arbitraje y mediación?
Problemas en cuanto a la calidad del producto, en cuanto a la falta de cumplimiento, porque se demoraron más tiempo en la entrega de un producto, fallas en las construcciones, entregas tardías que han afectado financieramente a la otra parte. Nosotros, a pesar de que existe un centro de arbitraje, en la cámara panameña de la construcción, desde hace tres años estamos atendiendo temas relacionados con conflictos por construcción.
En el caso de Nicaragua, ¿cómo se puede motivar al empresariado a ver el centro de arbitraje como una mejor opción?
Estamos mostrando en Nicaragua una campaña que nosotros hicimos a nivel de radio y televisión, dirigida a los empresarios, para estimularlos a que incluyan la cláusula arbitral dentro de su contrato y, básicamente, lo que dice la campaña es que el sistema es una ventaja, ya que le resuelve las controversias en un período máximo de seis meses. Entonces, por el lado de los empresarios, entre peor se encuentre la confianza en la justicia ordinaria, más posibilidades hay para el arbitraje, es decir que se incluya la cláusula de arbitraje en los contratos.
Sobre el empresariado panameño, ¿qué factores han incidido en su rápido crecimiento?
Principalmente nos han favorecido varios segmentos, entre ellos el Canal de Panamá, que ha dado ingresos importantes al país; el segundo ha sido la zona libre de Colón, pues nosotros recibimos mercancías del oriente y se distribuye a Estados Unidos y al resto de Latinoamérica; también el sector bancario, ya que nosotros desde que nos independizamos de Colombia, desde ese entonces la única moneda que circula es el dólar americano y eso nos favorece, porque al no tener una banca central no tenemos una maquinita que emite billetes, que lo que crea es inflación; entonces, estamos obligados a buscar solución sin necesidad de emitir billetes. Otro elemento importante ha sido el turismo, en Panamá ha tenido un crecimiento en los últimos tres años, con excepción de este año, de entre 18 y 21 por ciento anual. Y también la construcción.
¿Qué incentivos da Panamá para atraer la inversión?
En Panamá creamos una ley hace cinco años, que incentiva a las empresas internacionales a que pongan sedes en la región y, por eso, 700 ejecutivos empresariales que estaban en Latinoamérica se han mudado hacia Panamá. Las empresas reciben incentivo laboral, incentivo fiscal y para nosotros lo importante es que esa persona viva en Panamá y gaste su dinero en Panamá.
¿Qué repercusiones tiene en el sector empresarial la falta de gobernabilidad de un país?
Obviamente se reduce la inversión privada, tanto nacional como extranjera. El respeto a la propiedad privada y el respeto a la libertad de expresión son elementos básicos, y que el sistema de justicia sea sólido y confiable. Si esos elementos no están incluidos en un país, eso trae como consecuencia menos inversión y lo que crea es pobreza. A mí no me gusta calificar gobiernos de izquierda o de derecha, creo que hay gobiernos socialistas, y yo conozco empresarios en Panamá que son más socialistas, que los mismos socialistas, porque hay empresarios que distribuyen sus utilidades entre sus trabajadores. Hay socialistas que todo lo quieren para ellos. Lo importante es que se gobierne en función del beneficio nacional y no en función de sacarle el provecho al poder.
Hace días entró en vigencia el TLC entre Nicaragua y Panamá. ¿Qué expectativas tendría el empresariado panameño con el mercado nicaragüense?
Muy buenas. Nosotros esperamos incrementar nuestra relación comercial, entendemos que hay productos en Nicaragua que son favorables para nuestro país, que no producimos nosotros en la misma cantidad. La idea es que ambos tengamos un intercambio donde los dos salgamos beneficiados. Por ejemplo, en la ganadería y la agricultura, Nicaragua es muy competitiva. Nosotros, más que todo ofrecemos en el área de servicios. Todo tratado comercial tiende a incrementar los flujos de exportaciones de ambos países. Tengo la impresión que Panamá, en la balanza exportadora, vamos a quedar en negativo.
¿Qué acciones se deberían llevar a cabo para que Nicaragua aproveche al máximo el mercado panameño?
Lo primero es mantener las relaciones entre los dos gobiernos, porque en la medida que tengamos no tantos requisitos aduaneros y migratorios, será mejor. Por eso, es necesario que tengamos una relación que permita que la fluidez comercial sea más ágil.
En el caso de las negociaciones con la Unión Europea, ¿qué interés tiene el empresario de participar en ese posible acuerdo?
Estamos interesados mucho en participar, aunque sé que ahorita hay problemas con el Parlacen (Parlamento Centroamericano). Nosotros consideramos que en el caso del Parlacen, los empresarios apoyamos la decisión del Gobierno de salirnos del Parlacen porque hasta la fecha nosotros no hemos visto, hasta la fecha, que el Parlacen haya resuelto los problemas de nuestros países. En lo único que ha contribuido es que nosotros tengamos a 20 diputados que ganan un salario muy costoso para nuestro país, y que no han hecho nada ni para la región y mucho menos para Panamá. Lo único para lo que ha servido en nuestra opinión, es para una cueva o un refugio para algunos ex funcionarios que se han cobijado de la impunidad, porque reciben las mismas condiciones de nuestros diputados que elegimos. Y lo que ha hecho es que la justicia no pueda llegar a ellos.
Panamá está siendo acusado de no querer contribuir a la integración de la región
Es una lástima que digan eso, porque a través del SICA (Sistema de Integración Centroamericana) nosotros hemos contribuido mucho en materia de turismo e integración comercial regional, más que lo que han hecho nuestros diputados en el Parlacen.
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