El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) perdió ayer en el parlamento el respaldo de dos aliados, Miriam Argüello y Agustín Jarquín, cuando defendía la “sentencia 504”, emitida el 19 de octubre por seis magistrados judiciales sandinistas, a favor de la reelección presidencial continua.
Argüello y Jarquín sostuvieron, por separado, que la llamada “sentencia 504” en realidad es inexistente, puesto que la Constitución vigente no admite la reelección presidencial sucesiva.
Una mayoría de 46 diputados, de 84 que votaron, reafirmó a través de una resolución no vinculante que sólo la Asamblea Nacional tiene facultades para reformar la Constitución y a su vez declararon “la nulidad e inexistencia de la mal llamada sentencia 504”.
Jarquín y Argüello tampoco avalaron la resolución legislativa, aduciendo que no podían participar “ni a favor ni en contra en algo non nato”, al referirse a la “sentencia 504”.
Ambos legisladores, aliados al FSLN, optaron por retirar sus nombres de la pizarra electrónica del parlamento, cuando se discutió la resolución, dejando al oficialismo con 36 votos.
LA RESOLUCIÓN
La resolución expresa que los magistrados sandinistas del Poder Judicial actuaron irregularmente desde la convocatoria, conformación de la Sala Constitucional y emisión de la “sentencia 504”, que reformó de hecho la Constitución.
“Reiterar y reafirmar que la Carta Magna Constitucional de Nicaragua es el instrumento jurídico de mayor peso, categoría y supremacía jurídica existente en nuestro país y por consiguiente no puede ser reformado o derogado por una pseudo-sentencia espuria o documento simple, y mucho menos utilizando una interpretación extensiva de la ley”, dice la resolución.
El coordinador de la bancada del FSLN, Edwin Castro, defendió la “sentencia 504” al decir que los magistrados efectuaron un “análisis de dos normas constitucionales contradictorias”.
Los diputados opositores manifestaron, en la resolución, que los magistrados judiciales sandinistas en realidad reformaron de hecho e ilegalmente la Constitución.
La resolución legislativa también mandó a los funcionarios públicos a desconocer cualquier efecto legal de la “sentencia 504”.
La sentencia 504 “no puede ni debe ser acatada, ni ejecutada, cumplida ni aceptada por ningún ciudadano o funcionario de la República de Nicaragua, éste es el criterio oficial del órgano encargado de reformar la Constitución, esto es una opinión calificada, valedera y que debe tener plena aplicación”, dijo el diputado liberal José Pallais.
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