SAN SEBASTIÁN/ EFE
Los partidos del Ayuntamiento de Lasarte, provincia de Guipúzcoa, País Vasco, han acordado por unanimidad constituir una comisión especial para investigar si ha existido irregularidades en la gestión de las subvenciones (cooperación) que el consistorio ha destinado a la localidad nicaragüense de Somoto.
El PSE/EE, partido de la alcaldesa Ana Urchueguía, PP, EB, PNV, PCLO, Hamaikabat y los concejales de ANV votaron en un pleno extraordinario a favor de comisión, que deberá crearse en los próximos quince días, según lo aprobado, para investigar la cooperación y fijar un calendario de trabajo para dos meses, que se podrían prorrogar si fuera necesario.
Este órgano estará presidido por un concejal de la oposición, tendrá capacidad para adoptar acuerdos y podrá analizar toda la documentación que considere oportuna, incluidos los informes de auditoría que están en marcha.
COOPERACIÓN IRREGULAR
Han rechazado, por otra parte, una propuesta presentada por el grupo socialista, porque planteaba un control de todas las subvenciones, cuando su denuncia sobre una “aplicación arbitraria” de las ayudas se ciñe a las concedidas a Somoto.
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PNV, PCLO, Hamaikabat y ANV pidieron que se constituyera esta comisión después de que el interventor municipal asegurara en un informe que las cantidades otorgadas a proyectos de cooperación al desarrollo no se ajustaban a la legalidad.
Estos partidos entienden que el interventor les da la razón cuando señala en su informe que las subvenciones a Somoto se enviaban a una oficina que “carecía de personalidad jurídica” y que las cuentas de la Oficina de Hermanamiento de Nicaragua “se rinden de una manera desordenada y poco clara”.
La alcaldesa Ana Urchueguía declaró ayer tras el pleno que han apoyado la iniciativa del PP porque no tienen “ nada que ocultar” y quieren “zanjar” este asunto “de una vez por todas”.
“Quiero ser la primera en ir a la comisión a informar”, ha subrayado.
Ana Urchueguía advirtió que no se pueden equiparar los trámites administrativos de un país como Nicaragua con los que se realizan aquí, y explicó que la Oficina de Hermanamiento estuvo adscrita al Ayuntamiento de Somoto (utilizaba su RUC, equivalente al Código de Identificación Fiscal) hasta que se constituyó la Fundación pro Desarrollo Integral de Somoto.
En el pleno, el portavoz socialista, Iñaki Múgica, dijo que esa falta de personalidad jurídica que se aduce “es un elemento que se está utilizando para generar confusión y dudas”.
Añadió que son varias las entidades locales que reciben ayudas sin esa figura, aunque ahora, tras el informe del interventor, han decidido redactar una ordenanza que regule su concesión para poder mantener las que la ley actual, que consideran muy restrictiva, no permite.
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