ENVIADA ESPECIAL/ BILWI
- La superintendente de la Iglesia morava, reverenda Cora Antonio, sostiene que los deseos de esta Iglesia —la más importante del Atlántico Norte, con unas 310 congregaciones— son que las sextas elecciones regionales en el 2010 se realicen con transparencia y que las próximas autoridades atiendan las demandas costeñas.
Antonio asegura que un sentimiento común entre las comunidades caribeñas es que “Managua vaya dejando más autoridad en nuestras regiones y que realmente éstas puedan administrar sus recursos y dar más seguridad a la autonomía”, un proceso que también estima que puede ser “analizado y reanalizado”, para que sea una ley que responda a las necesidades y expectativas de la gente.
“Queremos vivir bien, que se nos dé la facultad y el respeto que nos merecemos como pueblo, que se trate de mejorar esa cultura de los muchachos en las calles, que se ponen en riesgo ante las amenazas de la droga; queremos que se promueva la cultura, que haya más comunicación, que la gente sea parte de la productividad de la región, se cedan capacidades a los gobiernos regionales y que estas autoridades también rindan cuenta de su trabajo”, solicitó.
Según la Superintendente, “muchos (ciudadanos costeños) dicen que quieren personas que no participen sólo por el poder o por compromisos (partidarios)”, sino “porque tienen un compromiso real con el desarrollo de las comunidades”.
La reverenda morava agregó que ella ruega por que ése sea el verdadero motivo de los candidatos en la contienda.
La Iglesia morava integra un Consejo Ecuménico junto a representantes, sacerdotes y pastores de las iglesias católica, anglicana y evangélica, en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN).
En las elecciones municipales de este año, el Consejo Ecuménico de la RAAN participó con un grupo de observadores electorales.
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La representante legal y coordinadora regional de Yatama, Nancy Elizabeth Henríquez, reclama que una de las desigualdades más evidentes está en el mismo sistema electoral vigente, que no garantiza la traducción de los documentos electorales a las lenguas de las etnias del Caribe y prioriza a los partidos nacionales en la integración de las estructuras electorales. Sin embargo, esa demanda también requeriría una reforma electoral, que aún no prospera en la Asamblea.
Henríquez también propone una reforma a la Ley 28, porque cree que “mucha gente de la Costa estaba en el exilio cuando se presentó la Ley de Autonomía como una propuesta del Frente Sandinista para el cese al fuego”, a finales de la década de los ochenta.
“Ahora hay otras circunstancias que no son las que antes se vivían. La ley habla de un fondo de inversión social, pero no existe; hay un convenio para la libre autodeterminación de los pueblos indígenas, que se debe incluir para garantizar el respeto a los derechos indígenas, que se eliminen los vacíos y todo eso es algo de lo que queremos que se incluya y mejore en una nueva ley”, dice.
La reforma a la Ley de Autonomía ha sido un tema mencionado durante los últimos tres lustros, incluso antes del 2003, cuando ni siquiera se había aprobado el Reglamento al Estatuto, que llegó a establecer normas y procedimientos básicos para el ejercicio del régimen autonómico ya declarado diecisiete años atrás.
El representante legal de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y fundador del proceso autonómico, Armando Rojas, también considera que urge una reforma a la Ley 28, que responda con realidad a las demandas históricas y aún desatendidas en la Costa Caribe.
El dirigente miskito y aliado al Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Osorno Coleman, propone una “reforma total” al Estatuto de Autonomía y su Reglamento, pues estima que ésta no funciona ni trae beneficios a la población.
Coleman reclama que hace falta que las comunidades indígenas tengan más control sobre los recursos naturales, que son indispensables como actividades de subsistencia para una población que ha padecido un abandono histórico desde su integración en 1894. Además, que los recursos generados por la explotación razonable de éstos realmente sean reinvertidos en las comunidades.
También considera que las autoridades regionales deben tener más incidencia en el nombramiento de los delegados de las instancias del Gobierno, “incluyendo policías y militares”.
Pero no omite que también existe un presupuesto “excesivo” para gastos corrientes o salarios de los consejos y gobiernos regionales.
Efectivamente, una de las críticas más frecuentes entre los estudiosos del desarrollo del proceso autonómico es que existe una duplicidad de esfuerzos entre las secretarías del Gobierno Regional y las comisiones del Consejo.
“Para los costeños es evidente que así como hace falta que se reconozcan más capacidades a las autoridades regionales y territoriales, también es evidente que hay mucha burocracia que consume el noventa por ciento del presupuesto asignado”, advierte Coleman.
Sin embargo, mientras inicia la campaña electoral prevista para mediados de enero, Yatama y el PLC coinciden en que el Frente Sandinista no cesará en sus intenciones de dirigir un fraude electoral para garantizar el control del Caribe.
En lo que Henríquez y Coleman no coinciden es en qué partido apoyaría al FSLN en ese fraude que ambos temen, pues mientras Yatama acusa al PLC como “cómplice pactista”, el PLC no duda que el papel será de Yatama, como “aliado estratégico tradicional del FSLN”.
[/doap_box][doap_box title=”Grito separatista” box_color=”#336699″ class=”aside-box”]
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Los primeros consejos regionales de la Costa Caribe, juramentados en mayo de 1990, no tuvieron una labor fácil. Los noventa consejeros electos dos meses antes quizás sólo tenían a su favor el ser protagonistas de la primera expresión tangible de la autonomía, declarada en octubre de 1987 en medio de una guerra que consumía al país.
Sin embargo, las debilidades se contaban por más, pues una vez que las autoridades del Consejo Supremo Electoral (CSE) concluyeron en un mismo día la juramentación de ambas autoridades establecidas para el Atlántico Norte y Sur, éstas debieron enfrentarse a las dificultades del ejercicio de la tarea por la que llegaron a ocupar esos cargos.
La dirigente costeña y ex diputada nacional Mirna Cunningham recuerda que, para estas primeras autoridades, ni siquiera existió un presupuesto o se les dotó de instalaciones propias para sesionar.
Además, los niveles de escolaridad eran escasos entre los consejeros, de los que se cuenta que algunos no sabían leer ni escribir y, menos aún, no contaban con experiencia en gobiernos democráticos o dominio de las leyes elementales como la Constitución Política y el mismo Estatuto de Autonomía, pues en los años anteriores muchos de ellos sólo habían conocido del uso de las armas.
“Afortunadamente esos tiempos han cambiado”, opina la directora del Instituto de Estudios y Promoción de la Autonomía, Sandra Davis. “Sin embargo —agrega—, no por eso los desafíos que éstos deben enfrentar son menores o menos importantes en nuestro tiempo”.
En la actualidad, los consejos y los gobiernos regionales disponen de una asignación del Presupuesto General de la República, y aunque persiste la queja de que nunca se cede la mitad de lo solicitado, “peor sería persistir en las condiciones en que se juramentó a los primeros”, sostiene Davis.
Además, las autoridades regionales, que en sus inicios sesionaron en sitios prestados, ahora cuentan con modernos Complejos de Autonomía y disponen de personal y miembros en comisiones y secretarías temáticas, que tienen por misión atender las demandas de la población.
“Nosotros nos embarcamos en un proceso de autonomía que, en primer lugar, busca profundizar la democracia en Nicaragua, porque el proceso de autonomía le da oportunidad a miembros de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, que habitan en la zona más marginal, de poder participar en el diseño del tipo de gobierno autónomo que se garantiza por ser pluriétnico y en la medida de las posibilidades, en el marco nacional, de ser pluralista desde el punto de vista político”, valora Cunningham, quien hoy también cuenta orgullosa sobre la instalación de las universidades costeñas que han abierto oportunidades profesionales para los jóvenes y también adultos.
ESFUERZO CONJUNTO
Pero Davis y Cunningham coinciden en que el desarrollo del proceso autonómico, que hoy suma el fortalecimiento de la institucionalidad de las autoridades regionales, la legislación sobre la titulación de tierras indígenas y otras sobre el uso de los recursos naturales y la retribución porcentual de lo que ésta genera y sistemas regionales de salud y educación, es el resultado de un esfuerzo conjunto, empujado principalmente por la sociedad costeña comprometida con su proceso de autonomía.
Sin embargo, ellas también coinciden en que el camino hacia lo pendiente no es fácil y que, para conseguirlo, hará mucha falta que las próximas autoridades regionales no pierdan de vista el objetivo de su elección.
“Creo que el hecho de que estamos avanzando hacia las sextas elecciones significa que vamos avanzando hacia la institucionalización de un régimen de autonomía, que puede ayudar a transformar el Estado nicaragüense en un Estado mucho más incluyente, mucho más democrático y mucho más multiétnico”, dice Cunningham.
Pero Davis reclama que aún falta articular el régimen autonómico con el desarrollo de las comunidades costeñas, que a su juicio no pasan desapercibido el abandono; y una muestra de esto es el grito separatista del Consejo de Ancianos o la creciente presencia del narcotráfico en los litorales caribeños.
Para Cunningham, “lo que está en cuestionamiento no es la autonomía, sino la forma y el reconocimiento de este proceso y la descentralización de los recursos desde el Gobierno central”.
Explica que es “la profundización de la autonomía y sus beneficios”.
Ambas expertas consideran que ese desarrollo también pasa por el reconocimiento de las capacidades de los costeños, “que no se crea que los costeños somos incapaces de tomar las riendas de nuestro desarrollo, que la autonomía sólo es otro nombre para el gobierno que se sigue ejerciendo desde Managua”, reclama Davis.
La ex rectora de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe (Uraccan) y ahora consultora internacional sobre derechos humanos e indígenas estima que el desafío real de las próximas autoridades que se elegirán en marzo es cómo éstas “deben dar respuesta a las necesidades de la gente y de cómo negocian, porque la debilidad de la autonomía es que estamos inmersos en Nicaragua y las asignaciones de recursos dependen de la capacidad de negociación”, admite Cunningham.
“Ya pasó el tiempo para que las autoridades se instalaran, ahora es el tiempo de construir”, concluyó.
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