CORRESPONSAL/RAAN
Los pobladores de Walpasiksa poco a poco han retornado a sus hogares, luego que una avioneta se precipitó con un cargamento de cocaína y un grupo de comunitarios al mando de Amauri Paudd o Alberto Ruiz Cano, atacó a una patrulla de la Fuerza Naval, dejando dos muertos y varios heridos el pasado 8 de diciembre, en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN).
Lo anterior fue expresado en Siuna por la magistrada del Tribunal de Apelaciones de la RAAN, Hazel Law, quien llegó a Siuna con una comisión interinstitucional para valorar la atención que han tenido los comunitarios de Walpasiksa acusados por diversos delitos.
Según la funcionaria judicial, los familiares de los reos han denunciado que la Policía Nacional no les permite las visitas a sus familiares, ni valoraciones médicas, por lo que una comisión llegó a investigar lo que pasaba.
Lo que encontraron en Siuna es que efectivamente se ha permitido el acceso a los familiares, con visitas los domingos en horas de la tarde y los reos han sido valorados por el médico forense. Lo que hay es falta de comunicación entre los abogados y los familiares ya que muchos de los detenidos no tienen abogado defensor.
Todos creían que estaban siendo defendidos por Julián Holmes, Nubia Hamer y Juan Ramón Flores, pero la verdad es que solamente seis están siendo asistidos por un abogado defensor, dijo la magistrada.
Law integró la comisión interinstitucional que visitó Walpasiksa el 15 de diciembre, cuyo principal objetivo fue persuadir a los indígenas a que retornen a su comunidad.
“Cuando llegamos sólo había niños y un 20 por ciento de la población. Se logró que la Policía y el Ejército devolvieran cuatro de las casas ocupadas a las familias dueñas del inmueble para que nadie quedara sin techo en Navidad. El acuerdo fue que se regresen las casas, no todas, algunas dos o tres supongo no serán devueltas por alguna razón”, afirmó la funcionaria.
Agregó que la conclusión de la comisión fue que hubo uso excesivo de la fuerza por parte del Ejército de Nicaragua en las operaciones ejecutadas en Prinzapolka. No obstante evitó hablar del proceso judicial que se les lleva en Siuna a 18 comunitarios que supuestamente fueron detenidos por las autoridades y los vinculan con diversos delitos. “Soy miembro del Tribunal y prefiero no emitir criterios”, afirmó.
Ver en la versión impresa las páginas: 4 A
