La Administración del presidente Daniel Ortega se distanció ayer —a diferencia de otros casos de guerrilleros perseguidos, un tailandés acusado de corrupción y un líder indígena peruano al que le ha brindado protección en el pasado—, y descartó otorgar la nacionalidad nicaragüense al ex presidente panameño Ernesto Pérez Valladares (1994-99).
- Durante su mandato, el presidente Daniel Ortega ha protegido al líder indigenista peruano Alberto Pizango, a tres supuestas guerrilleras de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al ex primer ministro de Tailandia, Thaksin Shinawatra, prófugo de la justicia en su país.
En el caso de Shinawatra, el Gobierno le otorgó un extraño cargo diplomático (embajador de Nicaragua para buscar inversiones) durante una visita relámpago a nuestro país. Esto sin considerar que la justicia tailandesa persigue al ex primer ministro por supuestos actos de corrupción.
A las tres supuestas guerrilleras de las FARC que resultaron heridas durante un bombardeo del ejército colombiano en contra de un campamento de este grupo irregular ubicado en el Ecuador, Nicaragua también les dio refugio, pese a los requerimientos de la justicia colombiana.
El presidente Daniel Ortega argumentó que esto lo hacían porque tenían información de que a las guerrilleras —quienes aseguran son estudiantes que realizaban una investigación de campo— las querían asesinar en Colombia.
En octubre del 2008 una investigación periodística de LA PRENSA descubrió que el alto miembro de las FARC, Alberto Bermúdez, alias “El Cojo”, tenía a su disposición la cédula nicaragüense número 001-080357-0062M, luego de concluir un trámite irregular y expedito que el colombiano habría realizado ante el Consejo Supremo Electoral (CSE).
Bermúdez asumió la identidad de René Alberto Gutiérrez Pastrán como nicaragüense. El CSE sigue en la mira porque investigaciones policiales han reflejado que miembros de cárteles de la droga tienen cédula de identidad nicaragüense.
[/doap_box]
Pérez Valladares es procesado por lavado de capitales en su país y su paradero hasta ayer era un misterio, mientras se confirmó por fuentes oficiales panameñas que el ex mandatario ya estaba en su país después de un viaje rápido a Nicaragua.
Pérez Balladares habría regresado a Panamá, procedente de Nicaragua, el 25 de diciembre.
La versión de que podría estar interesado en buscar la nacionalidad fue publicada por medios de prensa panameños el lunes pasado.
La ministra de Gobernación nicaragüense, Ana Isabel Morales, sostuvo que es primera noticia que tiene sobre esta solicitud, pero enfatizó en que el ex gobernante “tendría que llenar los requisitos, tener dos años de residencia permanente. Es un trámite difícil. Aquí no se regalan las nacionalidades”.
El encargado de Relaciones Exteriores del Frente Sandinista de Liberación Nacional, presidente actual del Parlamento Centroamericano, Jacinto Suárez, dijo que una petición de este tipo no tiene lógica, porque sencillamente no es nicaragüense y debe cumplir con lo establecido en las leyes.
¿FUE INDAGADOEN NICARAGUA?
Según el diputado, el ex gobernante fue investigado en Nicaragua por panameños cuando era candidato presidencial, porque buscaban supuestamente certificados que demostraran el origen nicaragüense del político y así inhibirlo de la contienda.
“¿Qué te puedo decir? Sus orígenes son nicaragüenses, pero eso no quiere decir que sea nicaragüense (…) Mirá, él no puede hacer la solicitud, ¿cómo la va hacer?, ¿pedir nacionalidad en base a qué?, Pérez Valladares es ciudadano panameño. Te repito: investigaron en los registros de Masaya y León y no encontraron ningún rastro, él sacó certificaciones registrales que demostraban que no existía ningún registro de que era nicaragüense”, sostuvo Suárez.
El presidente del Parlacen señaló al actual mandatario de Panamá, Ricardo Martinelli, de perseguir a Pérez Valladares y dijo que no le extrañaba que éste viniera a Nicaragua porque incluso cuando era Presidente viajaba con mucha frecuencia a León y Masaya, “donde había reconocido a parientes”.
RESULTADO DE INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA
El proceso contra Pérez Balladares surge como consecuencia de una investigación elaborada por el diario La Prensa de Panamá.
De acuerdo con un reporte publicado en su edición de ayer por el periodista Santiago Fascetto, la investigación del Ministerio Público inició después de una serie de publicaciones del diario de ese país, desde el 3 de agosto pasado.
La clave parece ser una relación estrecha entre la empresa de juegos de azar Lucky Games S.A. y una sociedad anónima vinculada con el ex presidente panameño, Shelf Holding Inc.
Pérez Balladares otorgó en 1996 y luego lo ratificó en 1999, según la investigación periodística, un contrato de concesión directa para “explotar nueve salas de máquinas tragamonedas en la capital y sus alrededores”.
Lucky Games S.A. no pagó ni un centavo al Estado, pero en cambio, de las cuentas de la empresa salieron constantes sumas de dinero.
Shelf Holding Inc. abrió dos cuentas bancarias en el sistema bancario de su país por donde movió cinco millones de dólares y también recibió dinero mediante triangulaciones a otras sociedades, proveniente de la empresa de juegos beneficiada por Pérez Valladares.
DICEN TENER PRUEBAS
La procuradora general de Panamá, Ana Matilde Gómez, aseguró este martes a la prensa de ese país que el Ministerio Público sólo actúa cuando tiene pruebas.
Su afirmación se dio luego de que se le preguntara por el caso del ex presidente Ernesto Pérez Balladares, quien es requerido por el Ministerio Público para que responda por supuestos delitos de blanqueo de capitales.
Gómez explicó que las acciones procesales que ha tomado el fiscal contra la delincuencia organizada, José Ayú Prado, tienen un sustento en el expediente.
Agregó que los “tiempos del Ministerio Público no son los de los medios (de comunicación) y de los políticos. Nuestros tiempos son los tiempos procesales y son los expedientes y las investigaciones que determinan cuando se llama a quién a responder”, agregó Gómez.
A la funcionaria se le consultó que si habían méritos para llamar a declarar a Pérez Balladares, y ella indicó que “eso es lo que va a determinar exactamente la investigación y su comparecencia”.
“Yo asumía que él iba a atender el llamado de la Fiscalía, presentarse y explicar los cargos que le haya formulado el fiscal o que le pretenda hacer el fiscal. Solamente la persona que es señalada es la que puede hacer descargos”, añadió.
Al ser consultada si Pérez Balladares queda como prófugo de la justicia, ella respondió que al ex jefe de Estado “solamente se le está solicitando para que atienda una diligencia judicial”.
Ver en la versión impresa las páginas: 1 A ,3 A
