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Juez Francisco Argüello. LA PRENSA/ ARCHIVO

Denuncian que juez confiscó una propiedad

El ciudadano Alejandro Blandón Zeledón denunció públicamente que se siente confiscado mediante una sentencia que dictó el juez Segundo Civil de Distrito ad hoc de Managua, Francisco Argüello, en el litigio de una propiedad ubicada en Reparto San Juan.

El ciudadano Alejandro Blandón Zeledón denunció públicamente que se siente confiscado mediante una sentencia que dictó el juez Segundo Civil de Distrito ad hoc de Managua, Francisco Argüello, en el litigio de una propiedad ubicada en Reparto San Juan.

El juez Argüello dijo a LA PRENSA que actuó correctamente, apegado a las leyes, y que el caso ya se encuentra en el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), Sala Civil Uno, a la cual le corresponderá decidir si él se equivocó o no en su fallo.

“No tengo nada que agregar, en la sentencia ya está emitido mi criterio. Mi criterio puede ser revertido o no por el Tribunal de Apelaciones (de Managua, TAM), ellos (magistrados de la Sala Civil Uno) dirán si yo erré o no erré en la sentencia”, dijo el juez Argüello.

COMPRA EN 1979

De acuerdo con el denunciante, en el año de 1979 su progenitora, María Esther Zeledón de Blandón, compró una propiedad en Reparto San Juan, cerca del restaurante El Quelite, a la empresa Inmuebles Country.

Zeledón de Blandón posteriormente en 1982 vendió ese terreno a la esposa de su hijo Alejandro Blandón, de nombre Elyn Rodríguez Rodríguez, quien a su vez en el año 2001 vendió el lote de terreno a su esposo.

Blandón Zeledón, quien habita en Estados Unidos, en el mes de noviembre del año 2005 encontró que una parte de su terreno estaba cercada y fue cuando un abogado de nombre Manuel Gutiérrez le dijo que esa parte de terreno le pertenecía a él, alegando que Blandón había sido confiscado durante el primer gobierno sandinista de los años ochenta, denunció el afectado.

HAY UNA CONFUSIÓN

Según Blandón Zeledón, junto a su terreno se encuentran cinco manzanas de tierra que el Estado le donó al ciudadano Bayardo López, quien luego la habría repartido entre sus hijos.

Fue uno de los hijos de López quien le habría vendido su parte a Martina Jamileth Silva Porras, esposa del abogado Manuel Gutiérrez —según Blandón—, y en esas circunstancias ellos habrían cercado también parte del terreno del denunciante.

Luego, Silva Porras habría vendido el terreno a María Haydée Icaza Ochoa, y la hija de ésta, María Haydée Sánchez Icaza.

Icaza habría presentado una demanda por prescripción decenal en el Juzgado Segundo Distrito de lo Civil de Managua, en un proceso que al final el juez Argüello falló a favor de Icaza y su hija.

JUEZ OMITIÓ CONSTANCIA DE NO CONFISCACIÓN DE PGR

Pero Blandón indicó que hubo un error del juez al no admitir una constancia de la Procuraduría General de la República (PGR) de que él y su familia nunca fueron confiscados, y que por tanto Icaza y Sánchez no pueden estar en dominio y posesión de la parte del terreno que les fue cercenado.

El abogado de Blandón Zeledón, Luis Manuel Perezalonso, agregó que el juez Argüello habría basado su sentencia sobre leyes en desuso, derogadas, y que por lo tanto es una confiscación ilegal la que estaría realizando con su actuar judicial.

TODO LEGAL

Blandón Zeledón añadió que él siempre ha pagado los impuestos sobre el terreno que ahora le están confiscando y que el juez no tomó en cuenta que nunca fue confiscado en ninguna época, por ningún gobierno.

El caso será resuelto ahora por la Sala Civil Uno del Tribunal de Apelaciones, adonde Blandón apeló la sentencia del juez Argüello.

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COMENTARIOS

  1. Alejandro M Blandon
    Hace 14 años

    Le agradezco mucho a La Prensa, lo mismo que al Nuevo Diario (articulo “Una Sentencia en que se Revive la Ley 85” – Dec 12, 2009) por haber aceptado publicar este tipo de anomalias, que quizas solo vienen a beneficiar a algunos, pero si viene a crear un clima de desconfianza hacia el inversionista extranjero o nacional, lo mismo que a la disminusion del turismo.
    Sinceramente, Alejandro M Blandon

  2. Pedro
    Hace 14 años

    Es lamentable que se den este tipo de casos. El derecho a la propiedad es un derecho universal, recnocido por nuestra constitución y debe hacerse respetar.
    El estado debería tomar cartas en casos como este para hacer justicia. No es posible que a un cuidadano, un juez, haciendo uso de su poder, simplemente despoje lo despoje de su propiedad.

  3. ALBERTO
    Hace 14 años

    En realidad considero que nuestro gobierno debería tomar cartas en este asunto ya que los errores no intencionados o mal intencionados por parte de algunos representantes de la ley en nuestro País, desprestigian la actuación responsable de nuestro Presidente, quien en la actualidad ha demostrado que existe seguridad y respeto de la propiedad privada de los ciudadanos y ya no se confiscan propiedades en estos tiempos.

  4. Thelma
    Hace 14 años

    Es lamentable y vergonzoso que todavia se vean estos casos de corrupcion y esperemos que el tribunal de apelaciones corrija esta injusticia y que revise cuidadosamente “todas” las evidencias y asi nos restaure la Fe en el sistema judicial. Casos como este son los que nos hacen pensar dos veces regresar a vivir (o visitar) en Nicaragua. Gracias “La Prensa” por su excelente cobertura y por darle a conocer al mundo el pobre trabajo del Juez Arguello.

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