El presidente Daniel Ortega reformó las normativas policiales para prorrogar la permanencia de los altos mandos en sus cargos y además dejó abierto un espacio de discrecionalidad absoluta para que él en su carácter de jefe supremo de la institución de seguridad nacional, decida quién se queda o se va de ésta.
Las reformas contempladas en el decreto 94-2009, publicadas en el diario oficial La Gaceta del 30 de diciembre pasado, son similares a los cambios en la normativa militar establecidos por el general Omar Halleslevens Acevedo y publicados en La Gaceta tan sólo 15 días antes de los que hubo en la institución policial.
El general Halleslevens dejó abierta las opciones para que los oficiales generales (que van desde mayor a general del Ejército) pudieran estar en sus cargos por un período mayor a los 35 años.
Esto ha sido interpretado por organismos especializados y expertos en la materia como una manera implícita de crear cargos militares vitalicios en la Policía.
Igual sucede con la Policía. El decreto presidencial en su artículo 1 establece “que cuando no se formalice la solicitud de jubilación, el tiempo de permanencia se prorrogará hasta 30 años para el escalafón ejecutivo, y hasta 35 años para el de oficiales hasta el grado de comisionado mayor”.
COLETILLA SUSPICAZ
Sin embargo, una coletilla de este artículo es la que llama la atención. “Para los oficiales (comisionados) generales, el tiempo de servicio podrá prorrogarse hasta más de 35 años”. No cita un tiempo determinado.
Para Roberto Orozco, investigador especialista en temas de seguridad del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), esta reforma podría dar pie a que se puedan crear cargos vitalicios en la Policía Nacional, algo que no es considerado sano para la institución.
“No es que se estén creando cargos vitalicios como tal en el decreto, sino que implícitamente lo que se está dejando es un alto grado de discrecionalidad tanto al director de la Policía como el jefe supremo de la institución que en este caso es el Presidente de la República, para decidir quién se va y quién se queda en la Policía”.
Para rematar, el decreto establece en su artículo 2 que aquéllos quienes cumplan 60 años (que los hace aplicables para ser jubilados) pueden continuar en servicio activo si el director de la Policía así lo considerase.
Los cuatro comisionados generales son: Carlos Palacios, Horacio Rocha y Javier Maynard, quienes ostentan el cargo de subdirectores, y Juan Báez, quien ocupa el cargo de Inspector General de la Policía Nacional.
En septiembre del 2008, el presidente Daniel Ortega, nombró por decreto y sin existir propuestas de la jefatura nacional, a tres nuevos comisionados generales, algo que fue señalado como un golpe a la institucionalidad e independencia de la Policía.
Éstos fueron: el jefe de Seguridad Pública, comisionado mayor Francisco Díaz; el jefe de la Policía de Managua, comisionado mayor Róger Ramírez, y la jefa de las Comisarías de la Mujer, comisionada mayor Mercedes Ampié.
Estos tres altos mandos han sido tildados de leales e incondicionales a Ortega. Díaz es consuegro del Presidente y la comisionada Ampié dejó mal parada a la institución cuando participó con todo y uniforme en una actividad de carnetización partidaria del Frente Sandinista.
Pero las autoridades de la Policía Nacional defienden el decreto presidencial asegurando que éste vendrá a ordenar y regular la salida de elementos de la Policía que todavía pueden aportar mucho por la institución.
DECRETO NO ESTÁ POR ENCIMA DE LA LEY
“El decreto presidencial no esta por encima de la Ley (228). Este decreto fue elaborado en base a lo que establece la ley y en base a una propuesta hecha por la Policía Nacional al señor Presidente que ha venido siendo trabajada no de ahorita, sino de muchos años atrás”, aseguró el comisionado mayor Juan Ramón Grádiz, jefe de la Asesoría Legal de la Policía Nacional.
“La Ley 229, que está desde (1996) ya faculta al director de la Policía a prorrogar el período de sus cargos de aquellos mandos si desde su perspectiva así lo considerase, y en ese sentido el decreto vino a reglamentar, normar, por decir así, lo que la Ley ya establece”, agregó.
Lo que la Ley 228 de la Policía Nacional establece en su artículo 88 es que los comisionados generales tienen un período de cinco años, prorrogables.
Pero el decreto presidencial se refiere no a los cargos de los altos mandos, sino a la edad de retiro de éstos, ya que pueden pasar más de 35 años en la institución y no pasar a retiro, a como se contemplaba anteriormente.
“Este decreto en vez de bloquear el crecimiento en la institución de sus miembros, más bien viene a facilitar o hacer más justas las cosas, porque ahora quienes se habían esforzado por ocupar un cargo y lo lograron, pero aspiran a más, pues ya no tienen que pasar forzosamente a retiro por temer a cierto tiempo en la institución”, adujo el comisionado Grádiz.
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