Un decreto más y el presidente Daniel Ortega apretó al empresariado del país. Esta vez elevó el aporte que las empresas hacen al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) en un por uno por ciento, un golpe calculado para este año en 340 millones de córdobas (16 millones 100 mil dólares al cambio de hoy) según el experto tributario Julio Francisco Báez.

Báez consideró la medida como un golpe directo a la economía, a la pequeña y mediana empresas y una muestra más de la voraz vocación recaudatoria de las autoridades.

“Para salir al paso a los malos entendidos, de que se trata de que el empresariado es el afectado, basta recordar que el 90 por ciento de las empresas son medianas, pequeñas y micro empresas. Esto no es un impuesto para los grandes contribuyentes, pero sí para el pobre empresariado, un impacto a la economía y golpeará también al empleado”, lamentó el experto.

El decreto presidencial que contiene la sorpresiva ordenanza es el número 95-2009 y fue publicado el pasado 7 de enero, dos días antes que el mandatario decretara la continuidad en sus cargos de los principales funcionarios en las instituciones del Estado, violando la Constitución.

Según la legislación actual, el INSS recibe 21.50 por ciento en concepto de tributo de seguridad social, distribuidos de esta manera: el empresariado paga 15 por ciento, los trabajadores 6.25 por ciento y 0.25 por ciento de parte del Estado. “Es una nueva invasión del Poder Ejecutivo, el Presidente sigue legislando. Se criticó el reglamento de la reforma tributaria porque otorgó exoneraciones. Ahora les dice a los empleadores que van pagar más”, añadió.

“Esta medida no debe ser atendida por nadie. En el caso de aplicarse incide e impacta en la economía. Se le aplica al empleador y debemos colegir que puede repercutir en el empleado como un costo que aumenta el empleo mismo”, dijo Báez.

GOLPE CONTUNDENTE

Con la promulgación de esta nueva orden, Ortega viola nuevamente la Carta Magna y marca además una terrible contradicción que Báez no deja escapar.

“Me parece una burla. El Gobierno de la República anunció a través del doctor (Antenor) Rosales (presidente del Banco Central) hace apenas unas horas que dentro de los compromisos con el FMI después de la exitosa negociación, se estableció en 2010 como un gran desafío echar mano a la estrategia financiera y situación actuarial de la Seguridad Social en Nicaragua, ese paquete estratégico aparece en una abierta contradicción con una medida que está tomando alguien que no debe tomarla. No se compadece un objetivo estructural de tipo macroeconómico con una medida puntual que golpea la economía. Sigue la voracidad recaudatoria, son 340 millones de córdobas”, lamentó.

VIOLA CARTA MAGNA

El nuevo decreto presidencial rompe igual con la Carta Magna, que no otorga atribuciones al mandatario en este sentido. “El artículo 114 dice que todo tributo es facultad privativa, exclusiva e indelegable de la Asamblea. Según el artículo uno y nueve del Código Tributario, la contribución al Seguro Social es un impuesto”, dijo Báez.

IGUAL QUE ALEMÁN

El experto comparó la medida de Ortega con una similar que tomó el ex presidente Arnoldo Alemán en el año 2000. “Entonces hubo una polémica nacional, cuando aumentó el aporte de los empleadores y de los empleados. Se dijo que era inconstitucional, se introdujeron decenas de recursos, más de 50, y por cierto no se ha resuelto ninguno en la Corte Suprema de Justicia”, criticó Báez.

Alemán hizo esa reforma mediante el decreto 32-2000 y varió así el pago establecido en el reglamento de la Seguridad Social desde el primero de marzo de 1982 cuando el empleador pagaba 12.5 por ciento, el empleado 4 por ciento y el Estado 0.50 por ciento, aumentándolo al canon que ahora Ortega rompe con su sorpresivo decreto.

Según Báez, lo más doloroso es que existe una falta de equidad en el pago de las contribuciones a la Seguridad Social, pero nada de esto fue abordado por Ortega.

El mandatario ni siquiera se asomó al tema. El reglamento de la Ley de Seguridad Social establece que los salarios objeto de cotizaciones son aquellos hasta 37 mil 518 córdobas y “arriba de eso no se cotiza nada” (artículo 16).

“El que gana más cotiza menos y el que gana menos cotiza más. Es un ejemplo de regresividad y esto no se tocó en el decreto presidencial”, comparó el abogado.

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