Por Luis Núñez Salmerón y Wendy Álvarez Hidalgo
El incremento en las cotizaciones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) para las empresas constituye un duro golpe a sus finanzas, advirtieron ayer empresarios consultados, y podría expresarse a corto plazo en más desempleo o aumentos de precios.
Auxiliadora Cárdenas, vicepresidenta de la empresa Kola Shaler y vicepresidenta de la Cámara de Industria de Nicaragua (Cadin), aseguró que la nueva medida se viene a sumar a la reforma a la Ley de Equidad Fiscal, que supone sacar del sector privado alrededor de 45 millones de dólares.
El presidente Daniel Ortega ordenó, mediante el decreto 95-2009, elevar un punto porcentual a la cuota patronal que el empleador aporta al INSS.
Con esa medida, las empresas, que aportaban el 15 por ciento en concepto de tributo de Seguridad Social, ahora deberán pagar el 16 por ciento, mientras que los trabajadores y el Estado continuarán asumiendo el 6.25 y 0.25 por ciento, respectivamente.
“Como empresa mediana estamos siendo afectados con la reforma que todavía no sabemos cómo nos la van a aplicar, y ahora con el reglamento está todavía confuso”, indicó Cárdenas a LA PRENSA.
El vicepresidente corporativo de Tip Top Industrial, Alfredo Vélez, aunque señaló que como empresa no han considerado aplicar reducción de personal, advirtió que la medida restará rentabilidad al sector privado del país.
“Todas esas medidas (fiscales) van a aumentar los costos de producción de todas las empresas del país. Desde ese punto de vista y en una posición de recesión (económica) como la que estamos ahorita, entonces se va a impactar a las empresas”, señaló.
El problema, según Vélez, es que las empresas que no puedan absorber el aumento en la carga tributaria mediante incrementos de precios podrían recurrir a reducir costos a través del cierre de plazas de trabajo.
“Se presenta un panorama más difícil para el sector empresarial (en el 2010)”, advirtió Vélez, quien señaló que el Estado debió elevar su aporte de un 0.25 a 0.50 por ciento, para no impactar con más carga tributaria a las empresas.
Recordó que además de soportar el aumento en el pago patronal, las empresas también tendrán que pagar un impuesto por sus ganancias financieras.
A esa situación se suma el aumento en el costo de la energía, combustibles y salario mínimo que podrían presionar este año a las empresas, precisó Vélez.
La vicepresidenta de la empresa Kola Shaler recordó que el pago por Seguridad Social en Nicaragua es uno de los más altos de Centroamérica, “es dos veces y medio (más que) la de Honduras y la de El Salvador”.
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EMPRESARIOS EXCLUIDOS
El presidente de la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense (Amcham), Róger Arteaga, quien denunció que como cámara de empresarios no fueron consultados sobre la medida fiscal, aseguró que las empresas y en particular las pequeñas y medianas empresas tendrán que hacer los ajustes necesarios para cumplir con la medida fiscal.
Ese ajuste implicará, según Arteaga, reducción de personal. “Las empresas grandes tendrán capacidad de absorber el impacto, pero habrá muchas medianas y pequeñas que saldrán más afectadas. No discriminaron en el trato ni en tamaño”, señaló.
Desde el año pasado el Gobierno inició una intensa negociación con el sector privado, y en particular con el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), que concluyó con la aprobación de una reforma fiscal mediante la cual busca recaudar 951 millones de córdobas, equivalentes al 0.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
En octubre pasado, el Gobierno se comprometió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a elevar para este año a 300 millones de córdobas las reservas del INSS, según rola en la carta de intención firmada por Nicaragua con ese órgano financiero internacional.
PYMES VEN ALZAS
El presidente del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), Gilberto Alcócer, señaló que no esperan un gran impacto a gran escala en el sector pymes, sin embargo no descartó que ciertas empresas tendrán que reducir sus costos mediante la aplicación de recorte de personal o aumentos en los precios de sus productos.
Por ejemplo, señaló que en promedio el salario nominal de las pymes anda en 3,500 córdobas. Al aplicarle ese uno por ciento adicional el incremento es de 35 córdobas por trabajador.
En promedio cada pyme emplea a 10 trabajadores, lo que significará un aumento de 350 córdobas mensuales al pago del patronato de la empresa.
“Pueden ocurrir dos cosas, o lo absorben las pymes dentro de sus gastos operativos o lo otro que puede pasar es que lo trasladen al costo del consumidor, pero eso dependerá de cada empresa”, dijo, y detalló que actualmente cerca del 60 por ciento de las pymes en Nicaragua aportan al INSS.
El presidente del Consejo Superior de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Consumipyme), Donald Porras, demandó a los máximos gremios empresariales unirse en un mismo bloque para evitar que el Gobierno continúe deteriorando la economía nacional.
Porras lamentó que el Gobierno pretenda agobiar a las empresas con más impuestos, situación que tendrá resultados colaterales en el empleo y el precio de los alimentos, advirtió.
CAPITALIZAR INSS
Para el experto en temas fiscales, René Vallecillo, el incremento en la tasa de cotización tendrá efectivamente en fuerte impacto en las empresas, que tendrán que hacer los ajustes necesarios, que incluirían desempleo.
Vallecillo coincidió con los empresarios consultados en que la medida de incrementar el pago del INSS podría generar que las empresas opten por incrementar el precio de los productos, lo cual no necesariamente será posible.
Para el diputado José Pallais, presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, el decreto es “inconstitucional”, pues es atribución de la Asamblea Nacional definir los nuevos tributos.
Según Pallais, su bancada revisará el decreto de Ortega, el cual se suma al del sábado pasado, cuando decretó que los funcionarios a quienes se les vence su período permanezcan en sus puestos, aún cuando no sean ratificados por la Asamblea Nacional.
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