• Magistrado Martínez con loas al pacto y a la “clientela”

  • El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), magistrado liberal Manuel Martínez, reiteró que los decretos del presidente Daniel Ortega, prolongando períodos de funcionarios públicos y elevando el tributo que las empresas deben pagar al Seguro Social, son inconstitucionales. Pero también indicó que probablemente no llegue a la Corte ningún recurso por inconstitucionalidad, ya que pronto la Asamblea elegirá a los funcionarios.
  “Yo creo que eso (falta de nombramientos) no lo van a resolver, esas cosas (decreto de Ortega) son maniobras políticas para darle de qué hablar a ustedes (periodistas), porque no creo que el Presidente de la República, que se merece todo el respeto y que tiene la más alta dignidad en el país, esté jugando con la Constitución y con las leyes. Eso lo van a resolver tarde o temprano, eligiendo a todos los magistrados y el decreto y la ley que lo anule van a quedar sin efecto. Las aguas volverán a su cauce”, dijo.
  
  Martínez dijo que él había anunciado que venía una crisis de ingobernabilidad, que había que evitar a toda costa.
  
  “(Dije) que los partidos políticos tenían que despojarse de esos complejos de quinceañera, que porque no dijeran que había pacto no iban a elegir. Y eso tiene que ser así. Ideay, ¿quién va a elegir? Si la Constitución Política dice que necesitás 56 votos, para elegir tenés que buscar los 56 votos”, expresó.
  
  Las críticas de la sociedad civil, de que las propuestas de los partidos políticos no son de personas idóneas para ocupar altos cargos en el Estado, Martínez las rechazó.
  
  “(La sociedad civil) no tiene votos en la Asamblea, hombre. ¿Vos creés que la sociedad civil me va a nombrar a mí un miembro de un cargo de ellos, ¡Jesús, hombre! Eso así es, cada quien atiende a su clientela”, manifestó Martínez.
  
  El judicial invitó a los movimientos de la sociedad civil a hacer partidos políticos.

• Preocupación por decreto

  El embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Robert Callahan, aseguró ayer en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, Rivas, que su Gobierno, está consciente de la “preocupación por parte de muchos nicaragüenses”, debido al decreto del presidente Daniel Ortega, con el fin de prorrogar el período de los funcionarios públicos a los que este año se les vence su período, según lo establecido en la Constitución Política.
  
  Sin embargo, Callahan prefirió no comentar si cree o no que el presidente Ortega viola la Constitución del país, con el decreto publicado el sábado, en ocasión del cumplimiento de su tercer año de mandato.
  
  “La pregunta es totalmente legítima, pero no para un extranjero, sino para los nicaragüenses, especialmente para los expertos en la Constitución”, dijo.
  
  El diplomático reiteró que la comunidad internacional “siempre” está interesada en el respeto a la Constitución, la institucionalidad y la gobernabilidad, que calificó como “factores fundamentales para cualquier democracia en el mundo”.
  
  Pero insistió en que “siempre la democracia es para la gente misma. (Son) los ciudadanos del país los que toman el liderazgo para resolver estos problemas”.
  
  “Por el momento, estamos conscientes del problema y estamos siguiendo el problema aquí. Estamos hablando con nicaragüenses expertos en la Constitución, pero por el momento es mejor que los nicaragüenses mismos traten de resolver el problema”, reiteró el embajador, a juicio del cual “la oposición está muy activa” ante el nuevo decreto de Ortega.
  
  Mientras el embajador Callahan brindaba estas declaraciones en Peñas Blancas, en Managua los miembros del Cuerpo Diplomático en su totalidad fueron convocados a Cancillería, para explicarles los alcances del decreto ejecutivo.
  
  Solís: todos entienden
  
  Como es una norma en los embajadores, ninguno quiso comentar sobre el contenido de la reunión, donde el expositor fue el magistrado Rafael Solís, quien les expuso los alcances de la acción del presidente Ortega.
  
  “Fue una reunión bastante precisa, pero por lo menos todos quedaron claros, porque ninguno hizo alguna pregunta, todo mundo lo entiende”, justificó Solís.

La Junta Directiva de la Asamblea Nacional acordó ayer conformar una comisión especial para la elección de los 25 magistrados, contralores y procuradores que terminaron o finalizarán sus períodos de cinco años, tan sólo tres días después que el presidente Daniel Ortega emitiera un ilegal decreto prorrogando a todas esas personas en sus cargos, en tanto el parlamento no llene las vacantes.

Dos miembros del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y dos de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) se impusieron a dos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y uno de la Bancada por la Unidad Nicaragüense (BUN) para aprobar una resolución no vinculante, con la que la directiva del parlamento rechaza el decreto de Ortega.

Pero los liberales fracasaron en su intento de poner en la orden del día un proyecto de ley para anular el polémico decreto 03-2010, celebró el FSLN.

“No logró pasar al orden del día una ley de nulidad que planteaba el PLC, para anular el decreto, eso no se logró. El decreto se mantiene y los efectos y decisiones contempladas se mantienen”, argumentó el diputado por el FSLN, José Figueroa, a El 19 Digital , una publicación oficialista.

SILVA, DE ALN, FLAQUEA

El “fracaso” opositor coincidió con el hecho de que Ramiro Silva, jefe de bancada de ALN, no firmó la iniciativa de ley para anular el decreto 03-2010, ni acompañó al PLC, BDN y MRS a introducir el proyecto.

Versiones de los diputados del PLC indican que Silva había prometido, a través de una llamada telefónica, firmar la iniciativa. Al final no llegó, pese a que estuvo en el parlamento la mañana de ayer.

¿Por qué Silva no firmó la iniciativa? “Ni idea”, respondió anoche Carlos García. Silva no estuvo disponible para dar a conocer su versión.

LA COMISIÓN ESPECIAL

Los diputados liberales negaron que la conformación de la comisión especial para ver la elección de los 25 funcionarios de primer nivel haya sido forzada por el decreto presidencial, aunque el FSLN sí externó ese punto de vista.

La comisión especial, que tendrá a ocho representantes, iniciará a trabajar oficialmente el próximo martes con la elección del Procurador y Subprocurador de Derechos Humanos y de dos magistrados electorales.

Por el FSLN estarán Edwin Castro y José Figueroa. El PLC tendrá a Ramón González y José Pallais. ALN será representada por Ramiro Silva; la BUN, por Guillermo Osorno. La Bancada Democrática Nicaragüense (BDN) contará con Carlos Langrand y el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) con Víctor Hugo Tinoco.

El sábado, Ortega emitió el decreto 03-2010 y acusó a los diputados opositores de no cumplir con sus funciones, de estar interesados en crear un caos y abrir un vacío de poder.

Los diputados opositores acusaron a Ortega de violar la Constitución y ayer aprobaron la conformación de la comisión especial.

Lo que Ortega no menciona es que la directiva que preside su correligonario René Núñez es la que debió convocar para llenar los cargos vacantes. Nadie en la directiva ha movido un dedo en ese sentido.

FSLN QUERÍA RECURSO DE CONFLICTO ENTRE PODERES

Por otro lado, con una votación de cuatro a tres (dos del PLC y dos de ALN a favor y dos del FSLN y uno de la BUN en contra), la Junta Directiva aprobó una resolución no vinculante en contra del decreto presidencial.

“Se rechazó el decreto por inconstitucional y además porque el Presidente se arroga funciones y atribuciones que no le competen. Además, la resolución va a llamar la atención al Presidente a que no continúe irrespetando la Constitución y se le hace la prevención a las personas que asuman cargos para los que no han sido nombradas de acuerdo a la ley, que serán sujetos de sanciones penales”, explicó el diputado por el PLC, Wilfredo Navarro.

El representante de ALN, Carlos García, indicó que el presidente del parlamento, René Núñez (FSLN), propuso enviar al Poder Judicial un recurso de conflicto entre poderes del Estado, en vez de aprobar una resolución en contra del decreto 03-2010.

“Fue rechazado (la propuesta de Núñez) porque creemos que iba a llegar a la Corte Suprema y ustedes saben cómo están conformadas las salas e iba a dormir el sueño de los justos”, dijo García.

“Hemos sido contundentes en la Junta Directiva, ya no se puede ver con medias aguas. Se aprobó una resolución de rechazo al decreto presidencial, porque se estaban invadiendo funciones que le corresponden a la Asamblea Nacional”, añadió Alejandro Ruiz, de ALN.

NO FUERON CONTUNDENTES

Pero el PLC y ALN fracasaron en su intento de enviar a la orden del día un proyecto de ley que anularía el decreto 03-2010, el cual fue introducido ayer en la Primera Secretaría, apenas unos minutos antes de que iniciara la reunión de Junta Directiva.

Los cuatro directivos dejaron la iniciativa en la “agenda base”.

La diferencia es que el proyecto puede pasar semanas o meses en la agenda base. Si hubiese quedado en la “orden del día”, la iniciativa hubiese pasado a comisión en las sesiones ordinarias de la próxima semana.

De acuerdo con Navarro (PLC) y García (ALN), no lograron pasar a la orden del día la iniciativa de ley por un tecnicismo, ya que el FSLN adujo que el proyecto no había cumplido las 24 horas en la Primera Secretaría del parlamento, como lo demanda el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional para que una iniciativa sea incluida en la orden del día.

Pese a que PLC y ALN tenían clara mayoría sobre el FSLN en la directiva, al final la supuesta “salida salomónica” fue dejar el proyecto en la agenda base, con la promesa de que en la reunión de directivos del próximo martes la pasarán a la orden del día, según dijeron Navarro y García.

ORTEGA HABLA DE DELITOS

Anoche, durante la ratificación de un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el presidente Daniel Ortega obvió la resolución emitida por la directiva de la Asamblea Nacional rechazando el decreto y amenazó a los diputados.

“Ojalá no lleguemos al día en que ya estemos a punto del vencimiento de otro cargo, porque ya pasó el vencimiento del Procurador y Subprocurador de los Derechos Humanos. Se les venció el cargo, no se previno que se les iba a vencer el cargo y que había que elegir a tiempo. Si se ha elegido a tiempo pues sencillamente, se venció el cargo ya están electos los nuevos y o reelectos los mismos compañeros, eso depende lógicamente de la Asamblea y no hay ningún problema”, dijo Ortega.

“Se cometió el delito de dejar correr el tiempo y de repente ya se vencieron los plazos y quedó descabezada la Procuraduría de los Derechos Humanos”, dijo.

Defendió la decisión inconstitucional que tomó, “por eso es que tiene tanta validez el decreto que emitimos el día sábado, tiene validez, tiene fuerza legítima, legal, constitucional; esto queda demostrado en los artículos de la Constitución y esto indiscutiblemente se supere en cuanto la Asamblea Nacional nombre los cargos de las diferentes instituciones”.

(Con la colaboración de Lucydalia Baca, Eduardo Cruz, Arlen Cerda y María José Uriarte).

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