Eduardo Cruz
El procurador General de la República, Hernán Estrada y el ministro de Transporte, Pablo Fernando Martínez, fueron acusados esta mañana por el delito de desacato a las autoridades judiciales, debido a que se han negado a cumplir con dos sentencias laborales.
Dichas sentencias, emitidas por la Sala Laboral del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), ordenan reintegrar en su cargo a Jahaira Sánchez, una secretaria del Ministerio de Transporte e indemnizar por despido a Álvaro Leiva Sánchez, quien fungía como responsable de la Unidad de Atención al Público en la misma entidad estatal.
Sánchez y Leiva fueron despedidos de manera arbitraria, según explicaron, en septiembre del año 2007, al inicio del Gobierno del presidente Daniel Ortega, pero después de un largo proceso judicial, hace 90 días la Sala Laboral les dió la razón de que fueron despedidos ilegalmente.
Leiva Sánchez indicó que acusan al ministro Martínez porque no ha cumplido con la sentencia que ya es firme, y al procurador Estrada por ser el abogado del Estado.
Los denunciantes fueron asistidos por el secretario Ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marco Carmona, quien anunció que en los próximos días más trabajadores despedidos, al inicio del Gobierno de Ortega también acusarán a los funcionarios que se nieguen a acatar las órdenes judiciales que ordenan el reintegro de los mismos.
