Representantes de la coalición nacional contra la trata de personas cerraron filas en respaldo a las autoridades del sistema de justicia de Nicaragua, a fin de que sean acusados ante la justicia los padres, familiares y tutores que omitan información, cambien declaraciones o guarden silencio contra los agresores de menores, víctimas de violación, pornografía infantil y trata de personas, entre otros delitos.
El fiscal Javier Morazán, de la Unidad de Crimen Organizado, expresó que como Ministerio Público “tenemos la responsabilidad de garantizar los derechos de la niñez y adolescencia, aún cuando los tutores o padres se muestren permisivos con esa violación (… ). En tales casos nos veríamos obligados a aplicar la ley, de acusarlos como encubridores, o coautores, según sean las circunstancias, o de falso testimonio, si omiten lo que conocen o cambian declaraciones”.
La fiscal Odeth Leytón, por su parte advirtió: “No vamos a ser tolerantes con aquellos padres que no cumplen con la posición de garantes con sus hijos”.
LUZ ROJA
La alerta la dieron ayer los miembros de esta coalición en la que participan 95 organizaciones e instituciones estatales, ante varios casos que se han presentado donde al momento del juicio los familiares de las víctimas han cambiado las declaraciones que han ofrecido en la Policía Nacional, o de las mismas víctimas que dicen no reconocer a los agresores, lo que impide que éstos sean condenados.
En el caso de trata de personas, las víctimas “se vuelven olvidadizas” y no reconocen al tratante y muchas veces no llegan a declarar o declaran a favor de los victimarios durante los juicios.
Esta situación hace que los casos queden impunes, explicó Morazán, quien reconoció que en muchos casos las víctimas familiares son objetos de chantaje, de intimidación, amenazas o de sobornos de parte de los tratantes.
Aunque entre 2004 y 2009 el Ministerio Público sólo registra 56 casos llevados a los tribunales por delitos de trata de personas, el fiscal Morazán estima que “esto es bastante”, dado que no incluyen casos de delitos sexuales contra menores.
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