Roberto Rivas Reyes.
LA PRENSA/ARCHIVO/.B. PICADO

A 35 días de las elecciones regionales en el Caribe nicaragüense, el Consejo Supremo Electoral (CSE) dice que no tiene las boletas que necesitará en esos comicios, igual que el material electoral para mil juntas receptoras de votos.

Igual que ha hecho en elecciones pasadas, Roberto Rivas solicitó a la Contraloría General de la República (CGR) que le permita contratar de modo directo cinco millones 480 mil córdobas para la impresión de boletas, comprar el material auxiliar y las maletas electorales.

“Parece que este señor no sabe cuándo es que son las elecciones que siempre tiene que contratar a última hora”, dijo ayer una fuente de la Contraloría.

Por otro lado, para Nancy Elizabeth Henríquez, representante legal de Yatama, partido aliado del Gobierno en la región, la solicitud es preocupante.

“Uno se siente como que ya está comprada la gente de forma directa y por debajo. Es una preocupación la transparencia, y no la hay”, se quejó Henríquez.

Rivas escribió su solicitud el pasado 11 de enero sobre un proceso electoral que convocó desde el 21 de abril de 2009.

Según datos oficiales, se espera que a esas elecciones asistan 164 mil 535 votantes en la Región Autónoma del Atlántica Norte, 108 mil 678 a la Región Autónoma del Atlántico Sur y unos 40 mil nuevos votantes en general.

Henríquez considera que el CSE no ha cumplido con el calendario electoral, pero además hay muchas irregularidades en la entrega de cédulas, en beneficio del partido de Gobierno.

Para la ex presidenta del CSE, Rosa Marina Zelaya, la solicitud del CSE para evitar las licitaciones es inadmisible.

“No se puede hablar de improvisación. No es primera vez que se organizan elecciones, este CSE le ha correspondido organizar varias”, recordó Zelaya.

La petición de Rivas será discutida hoy en la CGR y los contralores serán puestos a prueba, luego que la semana pasada enviaron una comunicación a los principales funcionarios de las instituciones del Estado para recordarles que deben enviar sus programas de contrataciones.

LA PRENSA quiso conocer cuál es la justificación técnica de las autoridades para la petición, pero Félix Navarrete, el vocero, no respondió su celular y el magistrado sandinista José Luis Villavicencio se negó a ofrecer declaraciones. “No respondo ninguna consulta por teléfono. LA PRENSA todo lo cambia”, aseguró Villavicencio.

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