Una mayoría de diputados liberales de la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos dictaminó hoy favorablemente un proyecto de amnistía general la cual cubriría a los funcionarios de estado entre el 25 de abril de 1990 y el 9 de enero del año 2007.

Desde que el presidente venezolano Hugo Chávez llamó a los trabajadores a crear las milicias obreras, hace menos de un año, alrededor de 150 mil obreros y empleados del sector público ya forman parte de ellas.

Un proyecto de amnistía que beneficiaría al ex presidente Arnoldo Alemán y al diputado Eduardo Montealegre, así como a todas las personas que ejercieron funciones públicas entre 1990 y el 9 de enero de 2007 podría ser dictaminado hoy en la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos.

Estados Unidos, Colombia, Perú, Panamá y Canadá fustigaron ante la OEA al Gobierno de Venezuela ayer miércoles por la suspensión de varios canales, entre ellos RCTV Internacional, crítico de Hugo Chávez, lo que consideraron un ataque a la libertad de expresión.

El Movimiento Renovador Sandinista (MRS) amaneció ayer con sus dados cargados y demandó que todos los candidatos a 25 puestos en el Estado, que se elegirán en el parlamento este año, deberían presentarse ante una Comisión Especial Constitucional y hacer públicas sus respectivas declaraciones de probidad, “por transparencia”.

Aunque haya opiniones opuestas sobre el origen de la crisis política y económica de Venezuela, dos analistas de Nicaragua coinciden en que el proyecto político de Hugo Chávez pasa por un momento difícil.

El Partido Liberal Constitucionalista (PLC) acusó ayer al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de “bloquear” una reunión de Junta Directiva, prevista para esta semana, poniendo en riesgo las sesiones ordinarias en el parlamento, supuestamente porque el oficialismo quiere “ganar tiempo” y recuperar la mayoría de 47 votos en el hemiciclo.

“De reconocida trayectoria y capacidad profesional; de reconocida honestidad y responsabilidad demostrada en el ejercicio del servicio o cargo que se le haya asignado en la vida pública o privada” son algunas de las condiciones que exigen las organizaciones del Grupo Promotor de las Reformas Electorales (GPRE) para elegir a los próximos magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE).