Jaime Morales, vice presidente de la República.

LA PRENSA/ARCHIVO

La Juez Primero de Distrito Penal de Managua, Irma Laguna, no sólo radicó las causas por los casos conocidos como el de “las vaquillas” y “el narcojet”, reabiertas por la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, en contra del ex presidente Arnoldo Alemán, sino que resolvió notificarlo por el caso de la empresa Mayco.

La nueva acción judicial, más allá del interés de hacer justicia, demuestra hasta dónde el Gobierno está dispuesto a llegar para presionar a Alemán, quien por los últimos diez años ha sido su aliado político en el pacto, para que lo siga respaldando en la reelección de funcionarios claves en los Poderes del Estado, ahora que el caudillo liberal aparenta rebeldía.

El vocero de los Juzgados de Managua, Roberto Larios, manifestó que la judicial ha ordenado una citatoria para que Alemán se presente a declarar el 1 de febrero a las 8:30 a.m. por el caso de estafa, fraude y asociación e instigación para delinquir en perjuicio del Estado de Nicaragua.

No obstante —dijo Larios—, aún la judicial no conoce sobre el escrito introducido por el vocero del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Leonel Teller, quien retiró la denuncia en su calidad de ofendido en estos casos, por lo que será la próxima semana que Laguna resolverá.

• Ataque frontal

  • Para el diputado Wilfredo Navarro, esto (la reapertura de casos) demuestra “un ataque frontal” del partido en el Gobierno en contra del Partido Liberal y es por eso que insisten en “la vía de la amnistía” porque no tienen confianza en los tribunales de justicia.
  Es por ello que en la próxima semana “vamos con todos los fierros con la amnistía para quitarle esa espada de Damocles que tienen los principales dirigentes del Partido Liberal”.
  
  Navarro sostuvo que cuentan con la cantidad de votos necesarios para lograr la aprobación de la amnistía para el ex presidente Arnoldo Alemán y el diputado Eduardo Montealegre.

• Morales: Golpe demoledor

  • El vicepresidente de la República, Jaime Morales Carazo, consideró el miércoles pasadoque tras la decisión judicial que reabre la causa del “narco jet” y el de “las vaquillas” existe un golpe contundente contra el ex presidente Alemán.
  “Este golpe jurídico contra Alemán es demoledor. Puede abrir un abanico de especulaciones. Si Alemán es inhibido por tener una causa penal aquí y otra en Panamá, posiblemente no pueda entrar a la carrera hacia la que lo empujan sus ambiciones, obsesiones por el poder. ¿Eso qué significaría?”, preguntó Morales Carazo al salir de la presentación del segundo tomo de las obras completas del filósofo Alejandro Serrano Caldera.
  
  El actual vicepresidente fue en el Gobierno de Alemán (1997-2001) su principal asesor, uno de los padres del pacto político con el Frente Sandinista en 1999. Diez años después está en una acera distinta a Alemán, de quien fue incluso su padrino de bodas.
  
  En la estrategia que Morales delinea otro punto toral sería una acusación contra el otro líder liberal, Eduardo Montealegre. “Si por otro lado, con o sin razón, me inclino más a creer que sin razón, lograra introducirse una causa contra mi amigo Montealegre, quedarían otros caballos fuera de la carrera. ¿Entonces qué caballos podrían surgir? Exactamente es donde vienen las especulaciones. Podría entrar a esa carrera José Rizo, José Antonio Alvarado, Wilfredo Navarro, Francisco Aguirre o una de las Tres Marías (se refiere a la esposa y dos hijas de Alemán)”, sostuvo el funcionario.
  
  Morales Carazo añadió que juristas le han explicado que si las causas contra Alemán van a la Corte Suprema de Justicia en un recurso de casación podría tardar años en resolverse, pero el ex gobernante Alemán quedaría inhibido porque inmediatamente se le priva de sus derechos civiles y políticos.
  
  Aún con eso, Morales estimó que Alemán “es un hombre que tiene muchos recursos económicos, relaciones, influencias y muchas cartas para negociar”.
  
  En medio de las acusaciones está el Poder Judicial. ¿Qué tan ético es que se use para presionar políticamente como se está presentando en estos casos? Morales dice que cada quien es responsable de sus hechos. En general ve un camino que “está siendo desbrozado, algún caballo grande va querer esa pista”, dijo en tono campechano. (Octavio Enríquez)

En esa misma causa Alemán fue acusado junto con otras seis personas. La judicial también emitió otra resolución para sobreseer definitivamente en esta causa a Amelia Alemán, (q.e.p.d.) pues señala que tiene información de su fallecimiento.

La tarde de ayer, Alemán aseguró que todavía no había sido notificado. “No sé a qué voy a comparecer si como testigo o como qué en relación a Mayco que es una empresa privada”, dijo, después que alegó que en los casos del “narcojet”, y de “las vaquillas” ya fue sobreseído definitivamente.

Además, Alemán recordó que en el caso del “narcojet” fue sobreseído definitivamente en el Juzgado Distrito del Crimen, donde su titular era la juez Martha Quezada, “y ahora es la que vuelve a iniciarlo cuando debería estar ella misma excluida”.

Además de Quezada, la Sala Uno fue integrada por los magistrados orteguistas Gerardo Rodríguez (en sustitución de Ángela Dávila) e Ileana Pérez.

En caso del “narcojet” y “las vaquillas” el presidente de la Corte Suprema, el liberal Manuel Martínez, expresó que hay tres maneras de iniciar un proceso: de oficio, acusación particular y oficial. Y en ambos casos fue por un particular que introdujo una denuncia contra un funcionario del Estado.

“Si esa X persona dice que no está ofendida. Si la quieren reabrir hay que ver si hay asidero legal por el tiempo, qué juez es el competente, qué ley van aplicar porque el Código de Instrucción Criminal está derogado y todo proceso debe ser iniciado con el Código Procesal Penal (CPP)”, explicó el magistrado Martínez.

“En el fondo retirado la denuncia que es la acción penal se debe cerrar el caso, pero si hay otra persona ofendida puede intentarlo conforme a la ley”, sostuvo Martínez.

El abogado Mauricio Martínez, defensor de Alemán, alegó por su parte que “estos juicios están prescritos total y absolutamente, tanto el juicio de ‘las vaquillas’ (.. .) no tienen existencia legal porque el artículo 114, 115 y 116 del Código Penal, establecen meridianamente que los delitos en la que es obligación de acusar por el Ministerio Público prescriben a los cinco años”. Y éstos fueron cometidos en el 2002.

SÓLO PUEDEN BENEFICIAR AL REO

Además el abogado Martínez dijo que la Ley de Fijación de Plazos Razonables, en la cual se basan las autoridades para reabrir estas causas, es bien clara en su artículo cuatro.

El diputado José Pallais, presidente de la Comisión de Justicia del parlamento, dijo que el artículo cuatro han pretendido manipularlo y mal interpretarlo pese a que es muy claro.

El presidente de la Comisión de Justicia manifestó que independiente de quién interponga un recurso de apelación, “jamás, jamás y lo dice clarísimamente (el artículo cuatro) puede el recurso de segunda instancia o el (...) de casación ir en perjuicio del procesado. En otras palabras si fue absuelto, no puede modificarse la absolución que es lo que pretende hacerse en este caso, y si fue condenado a una pena determinada, digamos 10 años, puede reducirse la pena a nueve, pero nunca elevarse a once”.

El diputado Pallais insistió en declaraciones anteriores ofrecidas a LA PRENSA, que con esta actuación los magistrados que integraron la Sala Penal Uno incurrieron en prevaricato, al fallar contra ley expresa.

“Aquí están resolviendo en contra de ley expresa (...) es decir instrumentalizando al Poder Judicial de una forma bárbara, sin ningún decoro y con vergüenza al Poder Judicial”, sostuvo el parlamentario Pallais, tras señalar que los tres casos “están caducos, es decir aquí desvergonzadamente se están reviviendo muertos, casos fenecidos con objetivos políticos”.

“En los recursos de apelación o de casación interpuestos por las partes recurrentes contra las resoluciones que le causen agravio, éstas no podrán ser modificadas por ningún motivo en perjuicio de la persona absuelta o condenada, tampoco se podrán modificar, revocar o desconocer los beneficios que hayan sido otorgados en la misma”, dice el artículo cuatro de esa ley.

De “esto está claro el partido, y está claro Arnoldo Alemán que es un chantaje de parte del frentismo, para las elecciones de los distintos miembros de los otros poderes del Estado”, sostuvo Alemán.

El abogado Martínez anunció que hoy recurrirán de hecho, debido a que dos horas después, el mismo miércoles, les rechazaron el recurso de casación.

“Alegan que las nulidades no son motivo de casación, ¡claro! que son motivos de casación, el artículo seis de la Ley de Casación en lo criminal sin que hayan sido protestadas y hay nulidades admite casación”, sostuvo el abogado Martínez.

Aunque Alemán no lo confirmó, el abogado Martínez consideró que éste comparecerá el lunes al citatorio efectuado por la juez Laguna.

Y si es el caso de la empresa Mayco, la Asamblea Nacional con fecha 3 de julio de 2001, la privatizó, y aparece publicado en el Diario La Gaceta 156, del 8 de julio de 2001.

En relación con este caso la juez Laguna señala que tras denuncia de la Procuradora Auxiliar Penal, Nelly Auxiliadora Guerrero Gómez, se dictó auto cabeza de proceso el 18 de septiembre de 2002, en contra de varias personas, entre ellas Alemán, por los delitos de estafa, fraude y asociación e instigación para delinquir en perjuicio del Estado de Nicaragua.

Junto con Alemán son acusados: Byron Jerez Solís, Sebastián Martínez Reyes, Ricardo Rojas Algaba, Harvy Mayorga Salinbas, Dubley Padilla y Leana Poveda Flores.

QUÉ DIJERON LAS PESQUISAS DE ESE MOMENTO

Según los archivos de LA PRENSA del 22 de agosto de 2002, la empresa Materiales y Construcción S.A. (Mayco) era la constructora de las haciendas y propiedades del ex presidente Arnoldo Alemán, su familia y allegados. También era la “madre” de otras cinco empresas ligadas a testaferros de Alemán, que terminaron “comiéndosela”, al disminuir su capital de 106 millones de córdobas a 35 millones, según reveló una inspección realizada en ese momento por la entonces fiscal general adjunta, María Lourdes Bolaños y la Policía Nacional.

“De abril de 2001 a junio de 2002 hay una disminución de 70 millones de córdobas en el capital de Mayco, relacionado con dinero que salía a unas cinco empresas”, expresó en ese entonces la fiscal adjunta. Durante esa inspección, la fiscal adjunta Bolaños encontró decenas de cheques que eran emitidos por Mayco a las empresas Convecasa, Inducasa y Sumaconsa en concepto de pagos por supuestos proyectos ejecutados por estas empresas a solicitud de Mayco.

Convecasa, Inducasa y Sumaconsa eran tres empresas de Sebastián Martínez Reyes, ex gerente general de Mayco, y su esposa Leana Poveda. Esta pareja presuntamente organizó el fraude contra la empresa de construcción propiedad del Estado.

El diputado Wilfredo Navarro insistió en que no pueden confiar en el sistema judicial, por lo cual insisten en la amnistía.

“Si hubiera un tribunal decente pudiéramos ir a discutir allí el tema del doctor Alemán y Eduardo Montealegre, pero todas las acciones del Frente en el Poder Judicial son políticas, no podemos atenernos a que haya justicia, por eso la vía es política, la amnistía”, sostuvo Navarro.

Otro hecho relevante es la presión de parte del Frente Sandinista (FSLN) para tratar de promover la desaforación en contra del diputado Eduardo Montealegre e inhabilitar a 25 candidatos liberales en la Costa Atlántica, en busca, según Navarro, de ir contra la personería jurídica del partido.

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