El Director Ejecutivo del Ipade, Mauricio Zúñiga, aseguró a su salida de la sede del CSE de Las Palmas, que están “abiertos” a recibir cualquier tipo de denuncias sobre el proceso electoral, pero pidió que éstas sean documentadas, porque de lo contrario

Las organizaciones que pretenden obtener su acreditación como observadores electorales, para los comicios regionales de la Costa Caribe, deben añadir información sobre sus planes de observación, presupuesto y fuentes de financiamiento en los documentos entregados al Consejo Supremo Electoral (CSE).

La normativa vigente, que fue publicada a última hora del viernes pasado, agregó a los requisitos tradicionales la obligación de presentar el currículum del representante legal y términos de referencia de la institución, el plan de observación, el presupuesto y fuentes de financiamiento del grupo, según confirmó a LA PRENSA el director ejecutivo del Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), Mauricio Zúñiga, quien ayer solicitó oficialmente su acreditación para los comicios del siete de marzo.

En la normativa anterior el CSE sólo pedía a los observadores la escritura pública de constitución, estatutos y certificación actualizada del Ministerio de Gobernación, metas de observación electoral y el costo eventual de su plan.

La semana pasada, cuando aún no se había publicado la nueva normativa, el Grupo Cívico Ética y Transparencia (EyT) solicitó su acreditación para los mismos comicios.

LA PRENSA confirmó que el costo del plan de observación de EyT es de cien mil dólares, financiados por Finlandia y Dinamarca, y en el caso del Ipade el costo es de 270 mil dólares, financiados por Dinamarca, Alemania y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

• Exclusión no abona a transparencia

  • El director ejecutivo del Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), Mauricio Zúñiga, calificó como extemporánea la inhabilitación de veinticinco candidatos a concejales regionales de la Alianza Partido Liberal Constitucionalista (Alianza PLC), hecha el 22 de enero y consideró que los comicios pierden confianza.
  “El calendario electoral estableció para octubre el plazo para que el Tribunal resolviera sobre los candidatos, (...) a simple vista vemos que esta exclusión es extemporánea y, en segundo lugar, no viene a fomentar un clima de tranquilidad y transparencia del proceso”, dijo.
  
  Zúñiga sugirió que la Alianza PLC debe ver si la decisión (firmada por el director de Atención a Partidos Políticos, Julio Acuña) puede ser revertida por el pleno del Tribunal Electoral.

Zúñiga dijo que el Ipade cumplió con todos los requisitos y entregó su documentación al Secretario de Actuaciones del CSE, Roberto Evertz.

El director ejecutivo del Ipade confió en que el CSE los acreditará en una semana. Sin embargo, aclaró que el CSE no tiene plazo para hacerlo y que si no los habilitan, continuarán con su plan de observación.

El Ipade pretende distribuir una red de 650 observadores en ambas regiones autónomas, quienes trabajarán en mesas electorales y centros de cómputos.

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