En cualquier país democrático, la oposición política es tan necesaria e importante como el mismo gobierno, porque la buena gobernabilidad se basa en la interacción crítica entre ambos factores institucionales. Pero también en los países no democráticos, la oposición es indispensable para organizar a los distintos sectores sociales y dirigirlos en la lucha por la conquista de la libertad y la democracia.

En ambos casos, para cumplir apropiadamente sus funciones, la oposición tiene que organizarse bien y debe contar con planes estratégicos y claridad táctica, así como con propuestas nacionales realistas y creíbles de solución a los problemas sociales y nacionales. Es decir, tiene que ser una alternativa al gobierno establecido. De lo contrario, la oposición será reactiva, marginal e incapaz de influir sobre el gobierno de turno y mucho menos de tomar el poder para gobernar.

En Nicaragua, es evidente que la oposición va a la zaga de los acontecimientos, que carece de iniciativas importantes que sólo reacciona a lo que hace el gobierno de Ortega y juega en el terreno que éste quiere. Por ejemplo, ante el chantaje político por medio del Poder Judicial contra Eduardo Montealegre y Arnoldo Alemán, a fin de obligarlos a aceptar la reforma constitucional que le permita a Ortega presentarse como candidato a una nueva reelección presidencial, así como mantener el status quo en los poderes del Estado, la oposición reacciona desempolvando un controversial proyecto de amnistía para tratar de capearse del garrotazo judicial.

Algo parecido ocurrió cuando el fraude electoral en las municipales de noviembre de 2008. En aquel momento la oposición reaccionó con algunas protestas callejeras que rápidamente fueron disueltas por la fuerza bruta de las turbas oficialistas. Después la oposición quiso revertir el fraude mediante una ley ordinaria, pero ni siquiera pudo reunir los 47 votos indispensables para votarla. Igual hizo ante el descabellado abuso de poder de Daniel Ortega, quien mandó anular el artículo de la Constitución que prohíbe su reelección presidencial, por medio de una farsa de resolución judicial dictada por seis magistrados del FSLN a fines del año pasado. Y lo mismo ha ocurrido con el decreto inconstitucional de Ortega para mantener en sus puestos a los funcionarios que son elegidos por la Asamblea Nacional y se les han vencido sus mandatos o se les vencerán próximamente.

Pero tampoco, o por eso mismo, la oposición se presenta y nadie la ve como una alternativa al gobierno de Daniel Ortega. La oposición se limita a agitar la bandera del antiorteguismo, pero no presenta propuestas de saneamiento estatal, honestidad gubernamental y soluciones a los problemas materiales de la gente: desempleo, bajos ingresos, carestía, transporte deficiente, mala educación y salud pública, etc.

Cuando Daniel Ortega estaba en la oposición, durante los gobiernos democráticos de 1990 a 2006, tenía su gabinete de gobierno “en la sombra”, sabía qué hacer en cada caso y practicaba una estrategia de lucha llamada “gobernar desde abajo”, que era destructiva, perversa y nefasta, pero estrategia al fin. Sin embargo, ahora los partidos democráticos de la oposición no tienen planes de gobierno ni estrategias de lucha, se limitan a oponerse y en algunos casos a aparentar que se oponen al régimen orteguista.

En las elecciones nacionales de 2006 el pueblo le dio 53 diputados a los partidos opositores, como compensación de que el PLC le entregara el gobierno al FSLN a través del pacto de Arnoldo Alemán con Daniel Ortega que bajó el umbral electoral a 35 por ciento y dividió mortalmente a la oposición. Eran casi los 56 votos indispensables para tener la mayoría calificada que permite reformar la Constitución y la Ley Electoral, así como elegir magistrados y otros altos cargos del Estado. Pero la oposición despilfarró aquel tesoro que le confió la ciudadanía democrática. Ahora la oposición ni siquiera puede asegurar los 47 diputados y votos que necesita para aprobar leyes secundarias, como por ejemplo la que anularía las elecciones fraudulentas del 2008 y el decretazo presidencial que usurpa atribuciones de la Asamblea Nacional. Mientras tanto Daniel Ortega y el FSLN avanzan impunemente con su proyecto de imponer una nueva dictadura en Nicaragua.

Por supuesto que en la oposición no todo es malo ni está perdido. Hay allí personas y grupos consecuentes y respetables. Pero son minoritarios. Y mientras no recuperen la mayoría que les dio la población, el orteguismo seguirá hundiendo al país.

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