Uno de los principales señalamientos que le hace la Red de Mujeres contra la Violencia al Estado de Nicaragua y al Gobierno del presidente Daniel Ortega son los niveles de impunidad de los casos de violencia contra la mujer, sobre todo para los asesinos de mujeres que comúnmente quedan libres, así como por la falta de acceso a la justicia.
Virginia Meneses, de la comisión coordinadora de la Red de Mujeres contra la Violencia, recordó que éstas son las principales violaciones a los derechos de las mujeres, que de forma constante le han estado mencionando al Gobierno de Nicaragua.
Refirió como ejemplo, de lo que calificó como “complacencia” de algunas autoridades, el caso del campeón mundial de boxeo, Román “el Chocolatito” González, cuando un juez suplente en tiempo récord admitió rebajarle al deportista la pensión alimenticia mensual para su hija, de 10 mil córdobas a tres mil córdobas.
Otra de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres, consideradas por Meneses, han sido las muertes de mujeres “porque no se les practica un aborto terapéutico”, penado por la legislación nacional.
La dirigente aseguró que la organización de mujeres a la que pertenece, está a la espera de las recomendaciones que el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) pueda hacer al Estado de Nicaragua, tras la sesión del Examen Periódico Universal (EPU), al que Nicaragua deberá presentarse el próximo 8 de febrero.
Para Meneses, la Red de Mujeres contra la Violencia ha vertido sus criterios sobre este tipo de violaciones de derechos humanos a través de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), que también presentó su informe.
El Examen Periódico Universal se realiza cada cuatro años a cada uno de los 47 Estados miembros del Consejo de la ONU. A Nicaragua le corresponderá ser evaluada por primera vez sobre lo actuado en materia de derechos humanos entre el 2006 y 2009.
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