Saturación del Estado afecta la inversión pública

En 44 mil 224 trabajadores ha incrementado la planilla estatal con el Gobierno de Daniel Ortega. Restando a esa cifra los 36 mil 717 docentes que no estaban formalmente registrados en la cuenta estatal y fueron agregados entre junio de 2007 y noviembre de 2009, resulta que la planilla del Estado se ha engrosado en tres años con 7 mil 507 trabajadores más.

 

Cada año todos los países deben incrementar su personal en salud y educación, para estar acorde con el crecimiento de la población, pero en Nicaragua durante los últimos tres años el crecimiento en esas áreas ha sido mínimo. En el sector salud, por ejemplo, el incremento del personal ha sido de sólo 710 plazas, respecto a la cantidad de empleados que había en 2006.

 

Con el actual Gobierno el crecimiento de la planilla estatal se ha acentuado en las áreas de servicios administrativos y servicios generales, y en una menor cantidad en el área de técnicos y científicos.

 

En el área de servicios generales, por ejemplo, en 2006 había 5 mil 938 trabajadores, pero a noviembre del año pasado, según datos del Banco Central de Nicaragua, había 9 mil 519 empleados en total.

 

El ex ministro de Hacienda y Crédito Público y actual director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), Mario Arana, explicó que el hecho de que un Estado mantenga una planilla mayor a la ya establecida apunta a una ampliación en el gasto corriente, pero restringiendo el gasto de capital, lo que afecta de forma adversa la inversión pública.

 

“El Estado no tiene capacidad de aumentar de forma desmedida la planilla sin afectar otras partidas, en este caso la de inversión pública”, enfatizó a través de una comunicación vía electrónica.

 

Pese a la vitalidad del crecimiento de la inversión pública para el desarrollo de cualquier país, en Nicaragua esa inversión ha reflejado retroceso en los últimos años. Se estima que en 2007 se invirtió en gastos de capital 3 mil 926.2 millones de córdobas, mientras que a noviembre del año pasado la inversión había sido de 2 mil 805.1 millones.

 

“El Gobierno debería estar ampliando el gasto de capital y fomentando mayores políticas de inversión pública. En 2009 se manejaron cifras de que cerca de 10 mil escuelas se encontraban en mal estado. Un crecimiento desproporcionado de empleados en el sector público afecta un presupuesto que en primera instancia ya es bastante rígido en la asignación de montos”, continuó Arana.

 

Por lo tanto, un aumento en los niveles de empleo en un presupuesto que se modifica más de una vez cada año —debido a la baja captación de ingresos vía impuestos— debe ajustarse en otras partidas.

 

“Un ajuste vía gasto corriente podría ser mediante una reducción de puestos de trabajo, lo que significaría mayores niveles de desempleo, una opción que pudiese ser considerada por el actual Gobierno, si se continúa ampliando el gasto corriente”, agregó el director de Funides.

 

Al consultar si el ingreso de los docentes de colegios autónomos en la planilla estatal requería algún incremento de trabajadores en el área de servicios administrativos y de servicios generales, el ex ministro de Hacienda descartó esa posibilidad.

 

“Un aumento en una categoría ocupacional no tiene por qué afectar de forma considerable la estructura o niveles de empleo de las otras áreas”, afirmó.

 

RETRIBUCIÓN PARTIDARIA DE POR MEDIO

El economista Oscar Neira mencionó que gran parte de ese crecimiento en los trabajadores del Estado se debe a que el actual Gobierno ha ocupado plazas estatales con personal afín al Frente Sandinista.

 

“La mayoría de estos empleos son puro gasto corriente en dependencias como el Mined, y no por más maestros, sino por personal de programas especiales y administrativos. Igualmente en el INSS (Instituto Nicaragüense de Seguridad Social), donde después de la barrida en 2007 de personal altamente calificado y formado por la institución, se llenaron las plazas con gente joven e inexperta, pero característicamente incondicional al partido político en el Gobierno”, resaltó.

 

Neira considera que si el incremento del empleo gubernamental fuera por mayores programas de inversión publica, “eso sería saludable, ya que sería parte de la realización de la inversión pública. Pero lamentablemente no es así”.

 

Entonces, esta expansión del empleo público que se traduce en mayor gasto corriente, excede lo permitido por una sana política económica.

 

El economista sostuvo que esta política de expansión del empleo público es inconsistente con el esfuerzo de austeridad fiscal y con las limitaciones de financiamiento existentes al gasto público.

 

En este sentido el Funides advirtió que la principal repercusión es en la ampliación del déficit fiscal. “En 2007 el balance del Gobierno central antes de donaciones fue deficitario en 3,471.4 millones de córdobas y entre enero y noviembre de 2009, el déficit se amplió a 4,453.1 millones de córdobas”, detalló Mario Arana.

 

SIGUIENTE GOBIERNO DEBE HACER CAMBIO

El economista Oscar Neira anunció que debido al incremento en el gasto corriente (provocado por el aumento en la planilla estatal), el siguiente Gobierno de Nicaragua deberá estabilizar el gasto público a un nivel sostenible a largo plazo.

 

Mencionó que ese vertiginoso crecimiento en los trabajadores pagados con dinero del Estado provoca que fondos de libre disponibilidad, como los de apoyo presupuestario y donaciones, se desvíen de la inversión al gasto corriente.

 

“Eso implica que para sostener este gasto, en vez de reducirlo, dadas las limitaciones de financiamiento externo, el Gobierno ha estado recurriendo entre otras cosas a mayor endeudamiento interno, que no es sostenible a mediano plazo”, dijo el experto.

 

“La prudencia y moderación del gasto corriente y la creación de empleo sano, derivado de mayor inversión pública y privada, deberían ser la tónica para que la finanzas públicas no se deterioren más por los efectos combinados de la recesión económica y las malas decisiones de política económica”, agregó.

 

 

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