Eligen a jurados para resolver tres mil casos estancados

Un centenar de ciudadanos fueron elegidos de manera aleatoria, ayer domingo, para aplicar la justicia en unos tres mil casos que permanecen en la “tubería judicial” desde hace más de ocho años.

 

Aunque se esperaba que ya no hubiera necesidad de elegir a los jurados, que trabajarán bajo los lineamientos del antiguo Código de Instrucción Penal (In) y no con el vigente Código Procesal Penal (CPP), el Concejo de Managua seleccionó a los cien ciudadanos que deberán, entre otros casos, participar en dos causas recién reabiertas en contra del ex presidente Arnoldo Alemán, por parte del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM).

 

De acuerdo al CPP, aprobado en el 2001 y que entró en vigencia en el 2002, los plazos para que se emita un veredicto judicial debe ser entre los tres y seis meses posteriores a la primera audiencia del caso, en dependencia si hay o no detenidos. Si no se cumple, podría haber hasta sobreseimiento de la causa.

 

Sin embargo, hasta antes del tres de diciembre pasado, el CPP no contemplaba los plazos para los casos que iniciaron previo a su aprobación, por lo que éstos permanecieron estancados, vulnerando no sólo los derechos humanos de los procesados, sino también el acceso a la justicia de las víctimas.

 

No obstante, con la Ley 715, de Fijación de Plazo Razonable en Causas Pendientes del Código de Instrucción Criminal, aprobada el 3 de diciembre del 2009, el Juzgado Primero Distrito de lo Penal de Managua, cuya titular es la jueza Juana Irma Laguna, tiene un plazo que va corriendo de 60 días para resolver los casos pendientes previos al CPP.

 

Aunque ya pasaron dos meses desde la aprobación de la ley, que fue publicada por La Gaceta el 23 de diciembre pasado, aún se desconoce el avance de los casos y la jueza Laguna huyó ayer de los medios de comunicación, que intentaron consultarla al respecto.

 

El derecho a ser juzgado en un plazo razonable está contenido en el artículo 34 de la Constitución Política de Nicaragua. Además es reconocido en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y en el artículo nueve del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

 

EL CASO ALEMÁN

 

El concejal liberal Leonel Teller criticó que “la justicia orteguista trata de enviar a prisión, por tercera ocasión, al ex presidente Arnoldo Alemán, por causas que ya fueron juzgadas”.

 

“Una persona no puede ser juzgada dos veces, y el doctor (Arnoldo) Alemán fue sobreseído en todos los juicios del 2006, por lo tanto aquí hay violación a los derechos humanos del doctor Alemán, porque se pretende juzgar por segunda vez a una persona”, defendió Teller.

 

No obstante, Teller fue el promotor para que Alemán respondiera ante la justicia por varios casos de corrupción hace varios años.

 

Según una reciente notificación del Tribunal de Apelaciones de Managua, Alemán deberá responder específicamente por el caso del “narcojet”, sobre la internación, nacionalización, exportación y tributo de la aeronave Leart Jet 35 A, y por el caso de las 30 mil vaquillas desaparecidas del Instituto de Desarrollo Rural (IDR) con perjuicio de la administración pública.

 

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