Polémica por reforma a la Ley 272

El proyecto de reforma a la Ley de Industria Eléctrica (Ley 272), propuesto por la bancada de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y que promueve reducir los cobros por alumbrado público, cargo por regulación y comercialización, que se aplica a los usuarios, ha generado diferentes puntos de vista, sobre todo porque pone en jaque la existencia del Instituto Nicaragüense de Energía (INE).

 

La reforma cuya discusión está prevista para esta semana en la Asamblea Nacional, plantea reducir de forma directa el cargo por regulación del uno por ciento) y bajarlo al 0.1 por ciento, afectando significativamente los ingresos del INE, que el año pasado fueron de 107.5 millones de córdobas.

 

El proyecto también propone reducir los cargos de comercialización y alumbrado público y pasarlos del tres por ciento al 0.5 por ciento

 

Ricardo Osejo, representante de la Red Nacional para la Defensa de los Consumidores (RNDC), manifestó que sería oportuno sacar de la factura energética los cobros por comercialización y regulación.

 

Osejo explicó que es improcedente que los usuarios del sector energético estén pagando de más a las distribuidoras Disnorte-Dissur.

 

“Cuando el Estado administraba el sector energético no se cobraba cargos como comercialización ni regulación. En la actualidad el usuario le paga a la empresa distribuidora la energía consumida y en ese cobro deben de estar incluidos los costos por comercialización y no incluirlos en las facturas como cargos adicionales”, insistió.

 

Osejo agregó que sería sano que lo recaudado en concepto de regulación fuese cobrado por el Estado y que desde ahí se le asigne un presupuesto al INE para sus funciones, porque no se mira conveniente que el ente regulador reciba ingresos transferidos por la empresa que comercializa la energía.

 

DEMANDAN MEJOR SERVICIO

 

 

Asimismo criticó el hecho de que se esté cobrando alumbrado público en las facturas, mientras la distribuidora Unión Fenosa no ofrece dicho servicio de forma eficiente.

 

“En general me parece que la propuesta de ALN tiene sentido desde el punto de vista de eliminar cobros que no son necesarios. Consideramos que la misma se debe adecuar al contexto para hacerla más efectiva. En el caso del alumbrado público, lo que se necesita es que haya más fiscalización para que se cobre donde se da el servicio únicamente”, especificó.

 

LA PRENSA consultó a David Castillo, presidente del INE, pero éste manifestó que no era el momento para pronunciarse.

 

“En este tema no nos pronunciaremos en público, sino hasta haber presentado a la Asamblea Nacional nuestros puntos de vista”, acotó el funcionario.

 

Marvin Pomares, director del Instituto Nicaragüense de Defensa de los Consumidores (Indec), dijo que los cobros por regulación y comercialización deben desaparecer de las facturas y asignar un presupuesto estatal al INE, si es que se mantiene como ente regulador.

 

“Esos cobros no se deberían aplicar para nada. Creo que la ley propuesta por ALN debe ser consultada y fortalecida antes de ser aprobada. El INE no debe recibir nada por recaudación, porque es el ente regulador. De lo contrario su trabajo se torna contraproducente, ya que recibe dinero de la empresa distribuidora de energía y eso es cuestionable”, indicó.

 

PROPUESTA INCONSULTA

 

 

Para Eliseo Núñez, presidente de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos en la Asamblea Nacional, la propuesta de ALN fue hecha de forma apresurada, sin realizar los debidos análisis y los cálculos correspondientes.

 

Expresó que proponer reducir el cobro de regulación que se aplica en las facturas es sacar de juego al ente regulador, es decir al INE

 

“La propuesta no goza de consenso en la Comisión, porque dejás sin presupuesto al INE. Creo que los diputados de ALN se apresuraron y plantean sin fundamentos específicos”, valoró.

 

“Si el INE sale del juego, se tendría que retirar las 52 cuadrillas de trabajo y despedir a más del 50 por ciento de sus empleados. No podemos estar retrocediendo en las cosas. No se midieron los impactos del caso, porque esta iniciativa de ley también atenta en contra del marco legal del sector eléctrico, que exige haya un ente regulador autónomo y con presupuesto”, indicó Núñez.

 

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