Pese a la advertencia de la ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, de no restituir el aborto terapéutico, las organizaciones de derechos humanos anuncian que seguirán insistiendo.

LA PRENSA/ ARCHIVO O. NAVARRETE

Gran revuelo causó entre las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, tanto nacional como internacional, la posición presentada ayer en Ginebra, Suiza, por la ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, en representación del Estado de Nicaragua, quien descartó la restitución del aborto terapéutico.

Las agencias internacionales de noticias reportaron que Morales aseveró que “la mayoría de los ciudadanos nicaragüenses considera que es importante el derecho a la vida del no nato, que es también un ser humano con goce del derecho a la vida, que el aborto no es un método apropiado de control de la natalidad (...) la solución es realmente la prevención a través del uso de los métodos anticonceptivos”, recalcó la ministra.

La penalización del aborto terapéutico por parte del Estado de Nicaragua fue una de las principales preocupaciones presentadas por las organizaciones no gubernamentales en un informe alternativo, o informe sombra, ante el consejo de la Organización de Naciones Unidas (ONU), para el Examen Periódico Universal (EPU), con el cual fue evaluado el Estado de Nicaragua sobre la situación en general de los derechos humanos en el país durante los últimos cuatro años.

“Es una vergüenza lo explicado por el Estado nicaragüense, de que el aborto está prohibido porque la mayoría de los nicaragüenses así lo considera, y porque no es un método apropiado para el control de natalidad”, sostuvo Wendy Flores, funcionaria del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), quien apuntó que las distintas organizaciones del país no han estado reclamando la autorización del aborto en general, sino del aborto terapéutico por recomendaciones médicas.

• Otra vez en junio

  En junio próximo el consejo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) volverá a evaluar al Estado de Nicaragua con el Examen Periódico Universal (EPU). Maité Ochoa, del Grupo Estratégico, se mostró esperanzada en que para esa fecha el Estado de Nicaragua reconsidere la restitución del aborto terapéutico.

El Cenidh presentó un informe alternativo y cuya presidenta, Vilma Núñez, quien también es vicepresidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), estuvo presente en las deliberaciones, al igual que representantes de Amnistía Internacional.

Núñez señaló que lamentaba que el Gobierno de Nicaragua no consultara a toda la sociedad civil para elaborar su informe frente a esta comparecencia en la ONU, afirmando que así había ocurrido con su organización.

Manifestó su preocupación por las violaciones “de los derechos de las mujeres, específicamente la violencia sexual, intrafamiliar y la prohibición del aborto terapéutico como una medida para salvar la vida de las mujeres en situaciones de riesgo por un parto o un embarazo difícil”.

Por su parte Juana Jiménez, del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), organización que también ha promovido la restitución del aborto terapéutico, señaló que con esto el Estado de Nicaragua estaría atentando contra los compromisos que a suscrito el Estado de Nicaragua desde hace más de 30 años.

“(El Estado de Nicaragua) está sentando una posición grave (...), está enfrentada con sus propios acuerdos, con sus propios compromisos”, sostuvo Jiménez.

PROHIBIDO DESDE 2006

Tanto Jiménez como Flores aseguraron que es una mala señal lo expresado ayer por la ministra de Gobernación, sobre lo que podría ser el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a los recursos por inconstitucionalidad introducidos en contra de la penalización del aborto en la legislación nacional.

En el 2006 la Asamblea Nacional prohibió el aborto terapéutico, que era contemplado en el Código Penal desde hacía más de un siglo.

La legislación facultaba a practicar este tipo de interrupción del embarazo si era “determinado científicamente, con la intervención de tres facultativos por lo menos y el consentimiento del cónyuge o pariente más cercano a la mujer”.

Esa decisión ha sido criticada por diversas organizaciones defensoras de derechos humanos y de la mujer, que han demandado una mayor discusión sobre el tema. Y que desde 2007 están a la espera que el Poder Judicial se pronuncie sobre los recursos introducidos.

Flores y Jiménez aseguraron que el Cenidh y el MAM, junto a otras que forman el Grupo Estratégico, seguirán reclamando porque el Poder Judicial se pronuncie, pues consideran es un asunto de derechos humanos cuando el embarazo pone en riesgo la vida de una mujer.

Tanto Flores como Jiménez coinciden en que con esto Nicaragua no da muestras que vayan a modificar su comportamiento con respecto a lo que ha sido la penalización del aborto terapéutico y pasa a ser uno de los Estados más violadores de los derechos de las mujeres, sobre todo de las más pobres.

SITUACIÓN EMPEORA

Maité Ochoa, del Grupo Estratégico, manifestó que el Gobierno de Nicaragua desde hace tiempo ha mantenido la posición de negar la posibilidad de restituir el derecho a la vida, lo que es preocupante, sobre todo por el incremento del abuso sexual en contra de niñas.

Recordó Ochoa, por ejemplo, que recientemente los medios de comunicación publicaron una noticia de una niña de 12 años que dio a luz tras haber sido violada.

Informaciones como éstas, dijo Ochoa, están contenidas en los diferentes informes enviados tanto al Estado de Nicaragua como al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero el Gobierno sigue sin prestar atención a la problemática real en el país.

Ochoa indicó que el Estado debe saber que hay situaciones que ameritan la interrupción de un embarazo, y reiteró que la demanda de las distintas organizaciones sociales no es que se autorice el aborto por elección, “estamos hablando de la posibilidad que una mujer con cáncer pueda seguir con su tratamiento de quimioterapia”, dijo.

O que una niña en caso de violación no sea revictimizada al obligarla a tener un hijo producto de violación. Según Ochoa, Nicaragua no presta las condiciones para brindar un tratamiento adecuado a las víctimas de violación.

A su vez aseguró que los planteamientos que presentan estas organizaciones no es con el fin de que deseen una confrontación con el Gobierno de Daniel Ortega, sino porque aduce es una realidad que las mujeres nicaragüenses se están muriendo como consecuencia de estas disposiciones.

Ochoa basa sus afirmaciones en estadísticas oficiales del Ministerio de Salud (Minsa), según las cuales hasta julio de 2009 se reportaba la muerte de 49 mujeres. De ese total —dijo Ochoa— al menos 25 de esas mujeres presentaron problemas que bien pudieron evitarse si se les hubiera interrumpido el embarazo a tiempo.

“El Estado está jugando un papel muy negligente con la salud y vida de las mujeres”, aseguró Ochoa.

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