El jueves de la semana pasada, después que la oposición parlamentaria logró incluir en la Orden del Día del Plenario de la Asamblea Nacional el dictamen de la controversial iniciativa de Ley de Amnistía, el FSLN y el presidente Ortega en lo personal reaccionaron de manera virulenta y desmesurada.
El Frente Sandinista hizo colocar grandes rótulos denigrantes contra Eduardo Montealegre y Arnoldo Alemán; en los medios de comunicación oficialistas se exacerbó la campaña injuriosa contra los líderes liberales; dirigentes del partido de gobierno anunciaron que van a impedir no sólo la aprobación, sino inclusive la discusión de la amnistía, y además amenazaron con lanzar a sus seguidores a las calles y contra las viviendas de los diputados opositores, a fin de intimidarlos para que no voten por la amnistía que, al menos momentáneamente, podría dejar a Montealegre y Alemán libres del chantaje político gubernamental por medio del Poder Judicial y la Fiscalía que son usados como garrotes represivos.
Sin embargo, al día siguiente, otros dirigentes del FSLN y del Gobierno que evidentemente tienen mucho más peso y poder en el régimen orteguista, como son el presidente de la Asamblea Nacional y la esposa del presidente Ortega, al mismo tiempo que reiteraron que mandarán a sus seguidores a la Asamblea Nacional y las calles para rechazar la propuesta opositora de amnistía, sin embargo “se opusieron ( ) a que simpatizantes del Gobierno protesten en las casas de los diputados que respaldarán una ley de amnistía”.
Por una parte, el presidente sandinista de la Asamblea Nacional, diputado René Núñez Téllez, declaró a los medios de comunicación que no apoya “ese tipo de asuntos, creemos —dijo— que las familias de las personas son sagradas y eso no debe ser impulsado”. Y por otro lado, la señora Rosario Murillo, expresó por medio de una de sus publicaciones en internet que: “No estamos llamando a hacer acto de presencia en las casas de familia de los diputados o de los acusados. Nosotros no trabajamos en esa forma ( ), consideramos que las residencias donde viven niños, donde viven ancianos, tienen que ser respetadas”.
Pero ¿será cierto que hay tal contradicción entre unos y otros líderes orteguistas? ¿Es posible que en el orteguismo haya dos alas, una más y otra menos radical? ¿Se puede creer que incondicionales como el diputado extremista Gustavo Porras se atrevan a tener iniciativas y propias y hacerlas públicas, sin el conocimiento y el consentimiento de los líderes más poderosos del FSLN y del Gobierno? ¿O será tan sólo un montaje de simulación para engañar a los representantes de la comunidad internacional cooperante, al estar en negociación y pendientes de liberación cuantiosos fondos de ayuda externa al gobierno de Ortega?
Todo eso es posible. En cualquier caso, es obvio que no es por escrúpulos morales que dirigentes del Gobierno y del partido gobernante se han pronunciado en contra de mandar las turbas a las casas de los opositores, puesto que en el pasado el FSLN siempre ha practicado e inclusive institucionalizado esos procedimientos brutales contra la oposición y los disidentes. Pero independientemente de cuál sea la razón de esa contradicción —real o fingida— entre unos y otros altos dirigentes del FSLN y el Gobierno, nosotros esperamos que en realidad las turbas oficialistas no vayan a las casas de los diputados opositores, ni de nadie, a amenazarlos y a aterrorizar a sus familiares. Estos son métodos fascistas, estalinistas y castristas, que se usaron en los períodos más nefastos de las dictaduras anteriores y no se deberían volver a emplear en la lucha política de los nicaragüenses, la cual debe ser siempre civilizada, cívica y pacífica.
Como hemos dicho anteriormente y lo repetimos ahora, si el FSLN y otros grupos políticos, sectores sociales y personalidades individuales, por la razón que sea creen que la amnistía propuesta por los opositores liberales es incorrecta, deben demostrarlo con argumentos ante el público y con votos en la Asamblea Nacional, en vez de impedirla con difamaciones calumniosas ni con pedradas y garrotazos contra los opositores y sus familiares.
La crisis institucional que sufre el país no se soluciona con represión judicial, con agresiones de turbas ni con más violaciones a la Constitución. Al contrario, la crisis sólo se puede resolver con rectificación de los errores y respeto a la ley, a la libertad y al derecho de los demás, lo cual constituye la base de la convivencia social civilizada y pacífica.
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