Hace bien la oposición liberal, al poner en segundo plano la propuesta de amnistía y concentrar el interés en la elección de los cargos en las instituciones del Estado, particularmente en el Consejo Supremo Electoral (CSE). Por lo consiguiente, también es correcto rechazar la actitud de la ALN, de condicionar sus inseguros votos por la amnistía a que le garanticen tres de los cargos que se van a elegir en la Asamblea Nacional: el Procurador de Derechos Humanos, una magistratura en el CSE y un contralor.

En realidad, el único mérito de la amnistía —en el caso de que pudiera ser aprobada— sería darle un golpe de efecto político momentáneo a Daniel Ortega, quien chantajea a Eduardo Montealegre con la amenaza de cárcel para neutralizarlo o sacarlo drásticamente de la competencia electoral; y a Arnoldo Alemán para obligarlo a pactar nuevamente, ahora para aprobar la reforma constitucional que le permita —a Ortega— presentarse legalmente a la reelección y mantener la hegemonía orteguista en todas las instituciones del Estado.

Pero lo cierto es que aunque se pudiera aprobar la amnistía, de todas maneras el orteguismo seguiría extorsionando a los líderes liberales. Ante todo Ortega vetaría la amnistía, si fuese aprobada como ley y por lo tanto necesitara la promulgación del Ejecutivo. Además, por medio de sus obedientes magistrados en los tribunales de apelaciones y la Corte Suprema de Justicia, Ortega podría declarar inconstitucional la amnistía, o dejarla en suspenso en el caso de que fuese aprobada como Decreto Legislativo de la Asamblea Nacional en cuyo caso no requeriría la sanción del Ejecutivo.

A nuestro juicio, es una manifestación de primitivismo político la creencia de que para ser líder opositor democrático hay que ir a la cárcel, ser vapuleado en las calles por las turbas o torturado en las mazmorras por los verdugos de la dictadura. La lucha por la libertad, el derecho, la justicia y la democracia es para que todos puedan expresar lo que quieran y aspirar a los cargos públicos que deseen, no para que se tenga que demostrar hombría pasando por las cárceles y sufriendo las vejaciones de los verdugos. Es cierto que si Daniel Ortega realmente quisiera mandar a la cárcel a Montealegre y Alemán, por ahora no hay nadie ni nada que se lo pueda impedir. Él lo haría aunque tuviera que pagar un elevado costo político, por la obviedad de que sería una acción represiva de revanchismo personal y extorsión política. Pero no por eso debe ser un acto deseable por nadie que esté en sus cabales.

Otra cosa es que en vez de desgastarse buscando una amnistía que es muy difícil o imposible conseguir —aparte de que es mal vista socialmente— es mucho más útil y necesario concentrarse en la tarea de mayor importancia actualmente, cual es la de luchar por una mejor integración de las instituciones del Estado; primordialmente del Consejo Supremo Electoral, a fin de recuperar la posibilidad de que vuelvan a haber elecciones libres y limpias en Nicaragua, con auténtica fiscalización opositora y una confiable observación electoral, nacional y extranjera.

En este contexto, dejar fuera a la ALN de las negociaciones políticas para la elección de los magistrados, no sólo es la respuesta merecida al chantaje de condicionar un incierto apoyo a la amnistía a cambio de que les aseguren los cargos que quieren, sino también y sobre todo una medida necesaria para impedir que Daniel Ortega y el FSLN tengan en las instituciones fichas dóciles o manipulables puestas por la misma “oposición”, como ocurre en la Asamblea Nacional con los diputados de la ALN.

A nuestro juicio, en las negociaciones con el FSLN la oposición debe apuntar a conseguir al menos, que de los siete magistrados del Consejo Supremo Electoral tres sean elegidos de entre los propuestos por el partido gubernamental, tres de los presentados por la oposición, y el séptimo, un independiente que mantenga el balance en las decisiones del Poder Legislativo y vele por la honradez y transparencia de sus decisiones. Pero si uno de los tres propuestos por la oposición fuese de la ALN, lo más probable es que se sumaría a los orteguistas en las decisiones de mayor importancia, como hacen sus diputados en la Asamblea Nacional. En tal caso no habría balance en el CSE, este seguiría dominado por el orteguismo, y lo que es peor, gracias a la estupidez de la misma oposición.

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