La diputada Alba Palacios introdujo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso de competencia entre poderes, por el caso del decreto presidencial 03-2010, con el cual Daniel Ortega pretende prorrogar en sus cargos a 23 funcionarios de Estado.
La movida del FSLN se dio luego que el Tribunal de Apelaciones de Masaya amparara al diputado liberal Oscar Moncada en contra del conocido “decretazo”, y previo a que el Tribunal de Apelaciones de Granada revocara esa sentencia, ayer.
“A propósito de ese movimiento, introduje un recurso para que den su opinión (la CSJ) en relación a la competencia de la Asamblea Nacional o del Poder Legislativo, y la legalidad o no del decreto”, dijo Palacios vía telefónica.
- El contralor Guillermo Argüello Poessy la volvió a sacar del estadio, ayer, al exhortar a los diputados a repartirse los cargos a lo inmediato.
Además y con el pretexto de que la Contraloría General de la República (CGR) no puede dejar de funcionar, Argüello Poessy insistió ayer en que se mantendrá en su cargo.
Argüello Poessy, antes muy cercano a Arnoldo Alemán, fue propuesto por el presidente Daniel Ortega para una reelección en la CGR.
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La movida legal de Palacios choca frontalmente con una decisión que tomó por mayoría la Junta Directiva de la Asamblea Nacional en enero, oponiéndose a introducir un recurso de competencia entre poderes y también con una iniciativa de ley que busca derogar el decretazo, pero que las bancadas liberales no han logrado tramitar.
El FSLN quiso desde un inicio llevar la polémica del decretazo a la CSJ, que es controlada por el oficialismo, pero en el parlamento una mayoría de directivos se opuso.
Por otro lado, tres magistrados judiciales a quienes se les vencerá su período en abril tendrían que abstenerse de conocer el caso, por integrar el grupo de beneficiarios del “decretazo presidencial”, dijo el también magistrado judicial Edgard Navas.
Navas explicó que la última palabra la tendrá la Sala Constitucional, pero advirtió que “como mera casualidad, dos de los magistrados que integran esa Sala (Rafael Solís y Dámicis Sirias) son de los que se les vence el período, por lo que de alguna manera están implicados en la situación y no creo que puedan emitir opinión”.
En tanto, los diputados Eduardo Montealegre (Bancada Democrática Nicaragüense, BDN) y Carlos García (Alianza Liberal Nicaragüense) descalificaron la movida de la diputada Palacios, al recordar que la Junta Directiva del parlamento se opuso a introducir ante la CSJ un recurso de competencia entre Poderes.
“Esa solicitud de don René Núñez y doña Alba Palacios, y si ustedes leen la Ley de Recurso de Amparo, dice que tiene que haber aprobación de la jUnta Directiva, por lo tanto no existe (recurso de competencia)”, enfatizó Montealegre.
El parlamentario de BDN insistió en la necesidad de impulsar el proyecto de ley de nulidad del decreto 03-2010.
LA VERSIÓN DE SOLÍS
Mientras, el magistrado sandinista Solís manifestó que la diputada Palacios estaba facultada para presentar el recurso de competencia entre poderes, en la Sala Constitucional de la CSJ, porque la ley establece que lo puede presentar el titular de cada Poder del Estado o un miembro de la Junta Directiva.
Palacios es segunda secretaria de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional.
Además, el presidente de dicha sala, el también magistrado sandinista Francisco Rosales, está facultado para admitir y tramitar el recurso, porque no estarían resolviendo sobre el fondo del asunto, sino decidiendo si es discutido o no por todos los magistrados de la Sala Constitucional.
El magistrado Solís también reveló que el Tribunal de Apelaciones de Granada ya suspendió la resolución del Tribunal de Apelaciones de Masaya, que mandaba a suspender los efectos del polémico decreto 03-2010 del presidente Daniel Ortega.
“Es decir, el decreto del presidente Ortega está vivo todavía”, dijo Solís.
El judicial indicó que se trata de “una guerra de salas” que será resuelta en la CSJ, cuando se decida sobre el recurso que presentó la diputada Palacios.
El coordinador de la bancada del FSLN, Edwin Castro, es del criterio que a pesar de la resolución del Tribunal de Apelaciones de Masaya, el decreto presidencial 03-2010 se mantiene vigente, ya que el diputado liberal Oscar Moncada no demostró que era agraviado del hecho, y por lo tanto no tenía motivos para recurrir de amparo.
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