Los No pago dijeron estar dispuestos a negociar con

Asomif, pero bajo las condiciones de la Ley de Moratoria.
LA PRENSA/ CARLOS MALESPÍN

Amenazaron pero no cumplieron. Los dirigentes del Movimiento de Productores y Comerciantes Deudores conocidos como los No Pago, ayer anunciaron protestas por la tarde frente a las sucursales de microfinancieras y bancos en Managua, pero al final no lo hicieron.

Sin embargo, los dirigentes del movimiento prometieron que el lunes próximo sí retomarán las protestas que incluyen piquetes en las afueras de la Asamblea Nacional y tranques en las principales carreteras de las zonas productivas.

De esta forma pretenden “obligar a los diputados” a incluir en el plenario la aprobación de la Ley de Moratoria, dictaminada de manera favorable hace tres meses por la Comisión de Economía y Presupuesto.

Los No Pago reclamaron a los diputados por priorizar la Ley de Amnistía, y no la Ley de Moratoria, que para ellos devolvería la estabilidad al sistema de microfinanzas y a los mismos productores y comerciantes.

• Asomif: no hay embargos

  • La Red para la Defensa de los Consumidores acusó a las microfinancieras de “gozar de privilegios bancarios”, porque logran “con influencias” que los jueces tramiten los embargos en menos de 10 días, cuando siendo “organizaciones sin fines de lucro” no pueden recibir este trámite, que es exclusivo de los bancos.
  “Ésas son falsedades”, respondió al ser consultado Alfredo Alaniz, director ejecutivo de Asomif. Igual negó que estén embargando, porque existe el compromiso con el Gobierno a no hacerlo. Más bien, dijo, se han reestructurado las deudas de 15 mil deudores en el 2009.
  
  La cartera en cobro judicial es del 0.3 por ciento, o sea, unos 23 millones de córdobas. “Hablamos de mil personas de los 350 mil clientes que tenemos”, dijo Alaniz.
  
  Informó que Asomif pedirá resguardo de la Policía Nacional en las instalaciones de las microfinancieras, con el fin de evitar que se repitan actos de violencia contra sus trabajadores, como sucedió el año pasado.

DISPUESTOS A VIOLENCIA

Durante una conferencia de prensa que brindaron por la mañana los morosos, advirtieron “resistir con palos y armados” a los embargos de sus propiedades. Dijeron no temer si se tienen que enfrentar a los oficiales de la Policía, y para ello han conformado “grupos de autodefensa”.

Omar Vílchez, cabecilla de los No Pago, quien fue recientemenet absuelto de acusaciones de peculado y malversación de fondos mientras fue alcalde de Jalapa, afirmó que a partir de enero se reactivaron los embargos y desalojos de fincas y casas de los morosos.

“Tenemos más de dos mil familias que ya perdieron sus propiedades a manos de las financieras y los bancos. Hay tensión porque llega el juez con la Policía y la gente no se deja quitar lo que es suyo”, afirmó.

Supuestamente esto sucede en Río Blanco, Matagalpa, Nueva Segovia, Estelí, Chontales, y la Costa Caribe. “Hay casas que por cinco mil córdobas hicieron el requerimiento, la subasta y ya adjudicaron la propiedad a la financiera o a los bancos”, afirmó Vílchez, quien además dijo que se cuantifican cinco millones de dólares en embargos.

Acusaron a los jueces de esas zonas del país de “violentar la orden” del presidente Daniel Ortega de prohibir los desalojos de propiedades.

La Red para la Defensa de los Consumidores respaldó las acciones de los deudores. Ricardo Osejo, promotor de esa organización, calificó de “irresponsables” a los diputados por “preferir beneficiar con la Ley de Amnistía a alguien que cometió un delito, y no atender este grave problema”.

“PEQUEÑO GRUPO DELINCUENCIAL”

Para Alfredo Alaniz, director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas (Asomif), las nuevas amenazas demuestran “que este Movimiento ya está en sus últimos esfuerzos para atraer algún tipo de clientelismo político”.

“A nuestro juicio lo que queda ahí es un pequeño grupo que se ha vuelto delincuencial, que se mueve por todo el país. No sabemos cómo cubren sus gastos de movilización, hemos escuchado que son 250 mil córdobas (cada movilización). Si realmente tuvieran interés de pagar sus deudas hace rato lo hubieran hecho”, criticó Alaniz.

Sostuvo que la Ley de Moratoria debe se rechazada por inconstitucionalidad, al invadir funciones de regulación del Banco Central de Nicaragua y la Superintendencia de Bancos.

Además, va en contra del acuerdo suscrito por el Gobierno de mantener la estabilidad del sistema microfinanciero, y en contra de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

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