Aunque permitir la observación electoral fue una de las recomendaciones emitidas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a Nicaragua y un compromiso con la Comisión Europea, los organismos de observación nacional siguen a la espera de que el Consejo Supremo Electoral (CSE) autorice su participación en las elecciones regionales del próximo 7 de marzo.

El desorden y la corrupción que se denuncia sobre el proceso de cedulación nacional copa por igual otras instituciones, como los juzgados y el Registro Civil de las Personas, al tiempo que promueve la emisión ilegal de otros documentos.

Pese a que la Ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, sostuvo que la administración de Daniel Ortega obtuvo buen respaldo internacional en el llamado Examen Periódico Universal (UPR), también admitió que se aceptó el 62 por ciento de las 109 recomendaciones emitidas por la Comisión de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El primer secretario de la Asamblea Nacional, Wilfredo Navarro, reveló que varias personas que ingresaron al parlamento el pasado miércoles, para demandar que no se aprobara un proyecto de amnistía, portaban ilegalmente armas blancas y de fuego, lo que pudo haber provocado una situación peligrosa en el hemiciclo.

El diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), José Pallais, cuestionó la decisión del presidente de la Comisión Especial Constitucional del parlamento para la elección de funcionarios públicos, Ramiro Silva, quien suspendió de forma inconsulta una reunión programada para hoy.

En la última sesión constitucional de la Contraloría General de la República (CGR), antes que la próxima semana se les venza el período en sus cargos a los contralores, el presidente de la institución, Guillermo Argüello Poessy, volvió a defender su continuación en el puesto y alegó que la legalidad ahora la determinará la Corte Suprema de Justicia (CSJ).